ALONSO MOLEIRO @amoleiro | 2017: apuntes sobre el naufragio venezolano

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El colapso venezolano tiene un contexto económico, pero por supuesto que sus dimensiones naturales presentan una amplia franja de añadidos. Tendríamos mucho menos de qué preocuparnos si acá lo que tocara enfrentar sería apenas una crisis económica. El argumento de la “guerra económica”, santo y seña de Miraflores, esgrimido en calidad de excusa, presenta una insuficiencia y una orfandad inocultable ante la fuerza de los hechos.

Han colapsado los servicios de salud, el control del hampa, la emisión de billetes, los servicios aéreos,  la seguridad fronteriza, el pago de transacciones cotidianas, la producción nacional industrial, el acceso a los repuestos y las medicinas, el sistema de precios de los bienes y servicios. El salario de los venezolanos se ha degradado hasta la vergüenza. Se desborda la minería ilegal; las cárceles son gobernadas por los presos; la gente muere en los hospitales, cuando no se muere de hambre, y no hay cómo atenderla. A nivel nacional, estatal y municipal se ha derrumbado toda estructura formal del gobierno. Las soluciones comunales, 18 años después, siguen siendo una maqueta.

Son completamente legítimos y explicables los motivos que produjeron la secuencia de protestas que se desbordaron por toda Venezuela a partir del pasado 30 de marzo, hasta el mes de Julio.  Nadie habría querido que se concretaran, porque nadie quería que el país llegara a estos nivele de degredo. Pero nadie debe avergonzarse de ellas.  En cualquier otro lugar del globo, una crisis de estas dimensiones habría forjado tensiones similares.

La clase política chavista había forjado un golpe seco en contra de la Asamblea Nacional, el soberano parlamento venezolano, electo con el voto popular por una amplísima mayoría de compatriotas: aquellos a los cuales se las había arengado en torno a la utilidad y procedencia del voto.

El gobierno chavista que encabeza Nicolás Maduro ha decidido  apropiarse de forma unilateral de todos los eslabones económicos y administrativos que configuran el ecosistema nacional, y ha producido una hecatombe jamás vista en la historia del país, sobre la cual no ha querido responder. Venezuela coloca con el chavismo su contribución más elocuente a la triste relatoría de las desgracias políticas y sociales de América Latina.

Para garantizar su impunidad y seguir gobernando en los mismos términos, las mafias políticas chavistas, y todo el entorno de su sociedad de cómplices, decidieron materializar por cuenta propia la conformación de una Asamblea Constituyente.  Esta instancia ilegítima se ha decidido a prestarle apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, dirigente que frente a la Presidencia ha resultado un aprendiz.   La Constituyente es un cuerpo colegiado que no ha resuelto nada, sin contenido alguno, desvinculado por completo de las expectativas populares, sin la menor idea sobre aquello que tocaría hacer para salir de esta crisis; cuyos miembros, en una alta proporción, son los responsables directos del naufragio del país.

La Constituyente vino precedida de un feroz operativo de propaganda destinado a deshumanizar y banalizar por completo los contenidos, las demandas, el espíritu, el carácter desesperado y justificadamente indignado de la oleada de protestas que tuvieron lugar durante el lapso comprendido entre abril y julio de 2017.   En rigor, la estrategia ha consistido en responsabilizar a los manifestantes de aquello que los ha hecho enojarse, incluso de sus propias muertes.  Lo único que ha sucedido desde que aquellas protestas fueron neutralizadas es que, previsiblemente, todo se puso muchísimo peor.

Las manifestaciones del año 2017 constituyen la prolongación de otras protestas, igualmente comprensibles, como las que tuvieron lugar durante 2014.  La virulencia de estas manifestaciones no es responsabilidad de la oposición, por plantearlas, sino del gobierno chavista, por reprimirlas a sangre y fuego, y luego demonizarlas.   La determinante mayoría de esos eventos fueron pacíficos, y tal era el espíritu que los animaba.  Si el chavismo se hubiera sentado a considerar al menos la mitad de los planteamientos de la ciudadanía, ni el 2014 ni el 2017 habrían venido como se presentaron.   Lo del 2017 fue, de alguna manera, un estallido social, no demasiado distinto al del 27 de febrero de 1989. Ni aquí ni en ninguna parte las protestas y los desajustes sociales quedarán inhibidos a partir de la existencia de objeciones metodológicas, pretendidamente impolutas desde el punto de vista intelectual.

Algunas voces calificadas del debate nacional se han empeñado en colocar todas sus energías en diseñar y proponer un proceso de negociación política imaginario, inexistente en el terreno de los hechos, prescindiendo, e incluso despreciando, de la interpretación cabal del malestar social existente y de sus imperativos, que ha sido y será siempre el deber de todo político.  Siempre apoyados en la curiosa  presunción de que los demás “no saben” o “no entienden” aquello que se supone que salta a la vista. Se trata de un razonamiento desvinculado de los procesos políticos concretos que nos ha tocado vivir.

Han sido pocas las voces que emergen en el chavismo expresando preocupaciones objetivas ante la desgraciada deriva de la vida venezolana actual. Voltean para otro lado cuando ven a un ciudadano hurgando la basura para comer.  Hay voces opositoras que pierden demasiado tiempo polemizando en las propias filas opositoras, en lugar de ver con todas sus letras los contenidos de la dictadura, denunciar sus excesos y exigir el respeto sus derechos.

Para hacer realidad esta curiosa circunstancia, según la cual, a medida que todo se pone peor, hay que presionar a los demás para obligarlos a ser chavistas, y obrar en sus términos, opera el cerco, las sanciones, la promoción del miedo.  Hay gente que estaría feliz viendo a Venezuela convertirse en una auténtica pocilga a cambio de que no dejen de decirle que es de izquierda.