ARMANDO DURAN @aduran111 | Desde 1959 la encrucijada de América Latina es DEMOCRACIA BURGUESA Y REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Armando Durán8 de marzo de 2015

Screen Shot 2015-03-08 at 8.39.31 PMHugh Thomas señalaba en su extenso ensayo histórico sobre Cuba, que La Habana vivió en enero de 1959 un momento único de su historia, el amanecer de una nueva era. Tenía razón. Sin embargo, ni él ni nadie podía haber presumido entonces que durante aquellos días de exuberante frenesí popular también se iniciaba para todo el continente el principio del fin de un mundo.

 

Screen Shot 2015-03-08 at 9.17.37 PMLa revolución imposible

En 1950, América Latina era en verdad esa vasta geografía de opresión política y miedo que describía Arciniegas, pero también se exhibía ante los ojos del mundo como un territorio condenado irremisiblemente a la miseria y a la explotación feroz por parte de grandes grupos económicos y financieros norteamericanos, que desde 1823, cuando el presidente James Monroe le presentó al Congreso de su país la propuesta de lo que desde entonces se conoce como Doctrina Monroe, contaban con un respaldo político ilimitado por parte de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

De acuerdo con esta iniciativa, elaborada en gran medida por John Quincy Adams con el argumento de que América le pertenecía a los americanos, las naciones del sur del continente, que acababan de alcanzar su independencia política o estaban en trance de hacerlo, constituían una zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Así mismo establecía expresamente que las potencias europeas no tenían derecho alguno a intervenir en los asuntos internos de los nuevos Estados americanos.

Años más tarde, esta visión supuestamente anticolonial daría paso a la decisión de imponer el dominio de Estados Unidos en las nuevas naciones del sur, sin ningún disimulo. Tanto que, en 1912, el presidente William Taft, quien en 1906 había sido gobernador temporal de Cuba “a petición” del presidente cubano Tomás Estrada Palma con el supuesto propósito de evitar el estallido de una guerra civil en la isla, intervención jurídicamente amparada en la Enmienda Platt, que le concedía al gobierno de Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba cuando lo creyera oportuno, se atrevió a pronosticar que no estaba distante el día en que “tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. De hecho, el hemisferio completo será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, tal como ya lo es moralmente.”

Proponer dentro de este espeso entramado de intereses, prejuicios ancestrales y poder hegemónico extraterritorial programas de educación masiva para los sectores más humildes de la población, hablar de reforma agraria, plantearse la organización de movimientos sindicales y partidos políticos independientes o aventurarse a exigir una mejor y más justa distribución de los ingresos y la riqueza, términos del debate político que hoy no despertarían el menor sobresalto en la conciencia de nadie, representaban, para el Washington de entonces, desafueros inadmisibles. En el marco de esta realidad política resultaba imposible pasar por alto que el simple deseo de adaptar en el universo latinoamericano los principios democráticos más básicos engendrados por la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa constituía un salto cualitativo tan enorme, que de asomarse la región a esas visiones innovadoras del mundo político, se temía que la esencia de la vida latinoamericana saltaría por los aires hecha pedazos.

La buena vecindad  A pesar de esta pretensión de imponer desde Washington un orden político y económico imperial en América Latina, la inclinación del presidente Franklyn Delano Roosevelt a percibir la realidad de su tiempo con criterios más tolerantes había logrado introducir y arraigar en el pensamiento de algunos destacados miembros de las élites políticas, académicas e intelectuales estadounidenses, un enfoque favorable al desarrollo de proyectos y ensayos democráticos en la región. No obstante, en enero de 1959, aún se tenía plena conciencia de los límites infranqueables que confinaban el desarrollo del proceso político de América Latina al espacio de lo permitido por los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos.

La imposibilidad de hacer realidad fórmulas políticas más independientes acostumbró a los protagonistas de la vida política en las dos Américas a no confundir las declaraciones y postulados retóricos de los dirigentes de la región con la verdadera naturaleza de sus proyectos y sus posibles acciones futuras de gobierno. Quizá por esta confusa interpretación de la realidad latinoamericana, las reformas económicas y sociales que proponía Fidel Castro en La historia me absolverá, texto editado por el Movimiento 26 de julio a partir de su alegato ante la Audiencia de Santiago de Cuba después del fracasado asalto al cuartel Moncada en 1953, pasaron más bien desapercibidas en Estados Unidos y el resto del continente, aunque a lo largo de sus páginas Castro articulaba con nitidez el esbozo de un radical programa revolucionario. Nadie podía tampoco figurarse por aquellos días que muy pocos años más tarde el mensaje que se recogía en esta suerte de manifiesto político y respuesta económica y social a la dictadura de Fulgencio Batista comenzaría a socavar los fundamentos ideológicos del cada día más inestable contexto social latinoamericano.

Esta falta de perspicacia llegó al extremo de que, en junio de 1958, cuando el desarrollo de los enfrentamientos de la guerrilla fidelista y la resistencia urbana con las fuerzas militares y policiales de la dictadura de Fulgencio Batista alcanzaban una intensidad reveladora de la inminencia de un desenlace de la crisis cubana por la vía violenta de la lucha armada, en Washington se descartaba la contaminación marxista-leninista del movimiento rebelde. Prueba de esta visión distorsionada de la realidad cubana la había ofrecido Allen Dulles, Director de la CIA, en la reunión número 362 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, celebrada en abril de aquel año, al informar a sus miembros que no existían evidencias de que el Movimiento 26 de Julio actuara bajo el influjo o contara con apoyo comunista. Dulles basaba su posición en los informes elaborados por Lyman B. Kirpatrick, Inspector General de la CIA, quien había aprovechado tres viajes que realizó a La Habana en 1956, 1957 y 1958 con el aparente propósito de examinar de cerca el funcionamiento del Buró Represivo de Actividades Comunistas (BRAC), organismo policial cubano creado y dirigido por la CIA para recabar información sobre la posible influencia comunista en Cuba. No sería hasta finales de 1958, en la reunión del Consejo de Seguridad del 18 de diciembre, muy pocos días antes del derrocamiento de Batista, cuando sucesivos informes de la estación de la CIA en La Habana llevaron a Dulles a considerar que si Castro tomaba el poder, fenómeno que tal como se desarrollaban los acontecimientos podría ocurrir en cualquier momento, era previsible que algunos militantes comunistas formaran parte del nuevo gobierno. El propio Dulles le informó entonces al presidente Dwight E. Eisenhower de la magnitud de este peligro, aunque en términos todavía no muy categóricos: “Una victoria de Castro puede no ser favorable a los mejores intereses de Estados Unidos.”

A lo largo de la lucha contra Batista, la incómoda personalidad del líder revolucionario, su rechazo a aceptar cualquier posibilidad de concertar sus acciones con los demás factores del proceso político cubano, incluyendo su obstinada negativa a seguir las orientaciones de Washington, y sus fantasías sobre la Cuba revolucionaria por venir habían terminado provocando un profundo malestar en el Washington de Eisenhower. Sin embargo, aún no existían razones para atribuirle a su mensaje político un valor excepcional. Ni en el Departamento de Estado ni en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sonarían realmente las primeras alarmas hasta mucho después, el 17 de mayo de 1959, fecha en que Castro, ya en el poder, promulgó desde su antiguo cuartel general en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria.

Hasta ese día, auténtico punto de quiebre en las relaciones de Washington con La Habana, el gobierno norteamericano prefirió no afrontar el reto que le presentaba el triunfo revolucionario cubano como posible y muy real amenaza a los vastos intereses de Estados Unidos en Cuba. Richard Nixon indica en sus memorias que, en el memorándum donde recogía para el presidente Dwight D. Eisenhower sus impresiones sobre la reunión de casi tres horas que sostuvo en sus oficinas del Senado con el primer ministro cubano el 19 de abril de 1959, “le señalé con claridad que estaba convencido de que Castro tenía una visión increíblemente ingenua sobre el comunismo o actuaba bajo disciplina comunista, y que era preciso tener esto muy en cuenta a la hora de tratar y negociar con él… pero dentro del Gobierno mi posición era minoritaria, particularmente en la sección latinoamericana del Departamento de Estado, y no fue hasta principios de 1960 que la posición que yo venía defendiendo desde hacía nueve meses finalmente se impuso y la CIA recibió instrucciones (del presidente Eisenhower) de proporcionar armas, equipos militares y entrenamiento a los cubanos que habían abandonado la Cuba castrista.”

La guerra fría  En todo caso, a lo largo de 1958 y buena parte de 1959, prevaleció en Washington la convicción de que el orden económico y el sistema social imperantes en Cuba y en el resto de América Latina eran suficientemente sólidos para garantizarle un tranquilo futuro a la supremacía norteamericana en la región. Sobre todo, porque el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 era una experiencia convenientemente reciente. Arbenz no era comunista, pero muchos revolucionarios de extrema izquierda y no pocos comunistas declarados se agrupaban a su alrededor, y su gobierno se inclinaba hacia el socialismo, una tendencia que Estados Unidos estaba resuelto a impedir que floreciera en la región. De este modo, la autorización del presidente Eisenhower a la CIA para intervenir en la pequeña nación centroamericana se fundamentó en su convicción de que Guatemala se estaba comunizando, y le sirvió para elaborar dos argumentos que volverían a emplearse pocos años después en el caso cubano: la tesis del efecto dominó, según la cual, si una nación caía bajo la influencia comunista, las naciones vecinas caerían también, y la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos en Guatemala, donde Arbenz había expropiado 160 mil hectáreas de tierra propiedad de la United Fruit Company, empresa de la que John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower, y su hermano Allen, director de la CIA, eran importantes accionistas. Quedaba claro el riesgo que correría cualquier otro gobierno latinoamericano que no aceptase plenamente y sin reservas la hegemonía norteamericana.

La certidumbre de Washington en un porvenir de firme estabilidad política regional también se sustentaba en el hecho de que el capitalismo en Estados Unidos alcanzaba en los años cincuenta sus niveles de mayor desarrollo y porque la consolidación del escenario ideológico diseñado en esta segunda posguerra mundial para armar en todos los frentes la defensa del “mundo libre” y repeler la “amenaza roja” se hacía de acuerdo con el anticomunismo más empecinado.

Es oportuno recordar en este punto que, en enero de 1947, George Kennan, asesor entonces de James Forrestal, secretario de Defensa del presidente Harry S. Truman, le había presentado a su jefe un informe en el que desarrollaba el concepto de lo que se conocería más tarde como “política de contención”, cuyo texto completo lo publicó la revista Foreign Affairs, en su edición de julio de ese año. La recomendación que hacía Kennan era precisa y no dejaba lugar a la menor duda: cualquier intento por llevar el comunismo más allá de la zona de influencia natural de la Unión Soviética, incluso si esa propagación se producía por la vía legítima de un proceso electoral democrático (Kennan pensaba en la fuerte posibilidad de un triunfo electoral comunista en Italia), constituía una amenaza inaceptable para Estados Unidos.

El 12 de marzo, Truman utilizó los argumentos de Kennan para prevenir al Congreso de su país sobre la necesidad de aplicar una firme política exterior dirigida a frenar la expansión de la Unión Soviética. Convencido del poder alcanzado por Estados Unidos gracias a su gran victoria militar en la II Guerra Mundial y al impacto sobrecogedor ocasionado en todo el planeta por las dos bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, Truman sostuvo que en ese instante decisivo de la historia, “todas las naciones se ven obligadas a escoger entre dos modos de vida diferentes. Uno se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por el libre juego de las instituciones, por la representatividad del gobierno, por la convocatoria a elecciones libres, por garantizar la libertad individual, la libertad de palabra y de culto, y por la total ausencia de opresión política. La otra forma de vida se basa en la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se apoya en el terror y la opresión, y en la supresión de las libertades individuales. La política de Estados Unidos debe ser la de apoyar a los pueblos libres que luchen contra el yugo que se pretende imponer mediante la fuerza de minorías armadas o por presiones extranjeras.”

En definitiva, su discurso de ese día, cuyo propósito principal era solicitar autorización parlamentaria para concederle a Grecia y Turquía préstamos por 400 millones de dólares, le sirvió a Truman para señalar que uno de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos a partir de ese momento era la creación de condiciones en las cuales ellos y sus aliados pudieran forjar una manera de vivir libre de coacciones, causa fundamental, precisamente, de la guerra que libraron contra Alemania y Japón, y razón por la cual ahora resultaba necesario abandonar la tradicional política estadounidense de aislamiento continental y asumir responsabilidades mundiales en la tarea de hacerle frente a las pretensiones expansionistas de la Unión Soviética.

La crisis de Irán, la aparición de guerrillas comunistas en Grecia y el proyecto soviético de expansión en Turquía serían los primeros escenarios donde se pondría a prueba, con éxito rotundo, la aplicación de esta “doctrina Truman”, primer paso de la Guerra Fría y de lo que poco más tarde sería el Plan Marshall. Nada casualmente, el Gobierno de Estados Unidos se propuso por esos días apuntalar el apoyo de América Latina a esta política antisoviética patrocinando ese mismo año de 1947 la firma de un tratado de seguridad colectiva suscrito por todas las naciones americanas, el Pacto de Río, es decir, el TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que aportaba a la región un componente de cooperación militar hemisférica en caso de agresión contra algún gobierno miembro. Este acuerdo quedaría institucionalizado un año después con la constitución de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya verdadera finalidad como mecanismo regional era impedir la entrada del comunismo a la región, considerada coto privado de Estados Unidos.

En el terreno de los hechos concretos, estas convicciones generaban tensiones que al terminar la década de los años cincuenta ya habían debilitado sensiblemente los más elementales fundamentos del ámbito económico y social latinoamericano, y obligaban a las élites regionales a tomar sus decisiones políticas y económicas en función de la confrontación de los poderes que dividían al mundo en dos polos ideológicos irreconciliables. Esta realidad determinó que, para principios de aquel año de 1959, el escueto orden personalista de caudillos y dictadores militares típicos del siglo XIX y primera mitad del XX que describía Arciniegas, se había venido transformando en un orden político muchísimo más problemático, dirigido como siempre desde Washington, pero ahora con la vista clavada en Moscú. A su vez, los gobiernos que se imponían en América Latina al calor del más intenso sentimiento anticomunista, entendían que ellos pasaban ahora a representar un papel de vital importancia en el perfeccionamiento de relaciones entre Estados Unidos y América Latina mucho más exigentes. Aún no se recurría al argumento de la Seguridad Nacional tal como se hizo años más tarde en América Central, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay para justificar el uso del terror como política de Estado, pero muy pronto la represión violenta del adversario político y el derrocamiento por la vía de la renuncia obligada de gobernantes que Washington considerara veleidosos o débiles, Arturo Frondizi en Argentina, por ejemplo, o Janio Quadros en Brasil, comenzaron a hacerse instrumentos habituales de persecución y avasallamiento político, que empresas transnacionales y embajadas todopoderosas ponían en confiables manos militares y civiles latinoamericanas, capaces de asumir y apadrinar, al precio que fuese necesario, la defensa política, económica y doctrinal de los intereses de Estados Unidos en la región.

La tercera vía  Durante los años treinta, y a pesar del desenlace insubstancial de los debates ideológicos de la época, la mayoría de los partidos políticos que surgían en América Latina lo hacían bajo el estímulo intelectual de Lenin y el tentador mensaje redentor que ofrecía la revolución bolchevique en sus inicios. Casi todos compartían una cierta inclinación hacia el socialismo y algunos de ellos, incluso, dejaban de lado la concepción jeffersoniana de la libertad como única meta de la lucha democrática. En todo caso, la pretensión del momento era adornar esa urgencia de ser libres a toda costa con cambios sociales que en mayor o menor grado combinaran, y en algunos casos incluso subordinaran, los derechos del individuo a la necesidad revolucionaria de modificar la estructura política y económica de la sociedad. Sin embargo, todavía resultaba demasiado prematuro plantearse seriamente objetivos tan excesivamente ambiciosos y estas aspiraciones maximalistas tuvieron muy poca trascendencia.

Ante el callejón sin salida a corto plazo en que por supuesto se convirtió la contradicción insalvable entre los pequeños partidos latinoamericanos de izquierda y el inmenso poder de Estados Unidos, la política de buena vecindad patrocinada por Roosevelt contribuyó poderosamente a que muchas agrupaciones sociales, semillas de los primeros partidos políticos modernos latinoamericanos, evolucionaran desde una etapa de relativa proximidad al marxismo-leninismo, hacia posiciones que con el paso del tiempo los acercarían a la visión política que a principios de los años sesenta propiciaría el gobierno de John F. Kennedy para neutralizar en América Latina el impacto seductor de la revolución cubana.

Al final de esta disparidad asimétrica, desteñidos por la especificidad del enfrentamiento y por la quimera rooseveltiana de la buena vecindad, aquellos primeros movimientos sociales latinoamericanos, el APRA en Perú y Acción Democrática en Venezuela son buenos ejemplos del fenómeno, iniciaron un acelerado proceso de reconversión ideológica. De esta sinuosa manera, al atenuar considerablemente sus originales proyectos transgresores y reducir sus actividades a organizar a la población en partidos políticos, gremios profesionales y sindicatos de trabajadores según el modelo aceptado y promovido por los gobiernos de Estados Unidos, se le hizo saber a todos los factores involucrados en el desarrollo político y económico regional que la lucha de los nuevos partidos políticos latinoamericanos se ceñirían a partir de ese instante a lograr fines mucho más moderados y siempre por vías exclusivamente electorales y pacíficas. Vías tranquilizadoras que si bien no apartaban del camino de América Latina los múltiples escollos y trampas que dificultaban la lucha contra el autoritarismo militar reinante en casi toda la región, ciertamente la alejaban de estallidos de anarquía y de la ideología, los métodos y los planes imperiales de la Unión Soviética.

Sin necesidad de recurrir al estudio de situaciones parecidas en Europa, donde la burguesía, desde mediados del siglo XIX, había sabido arropar a la clase obrera para llevarla a participar en un proyecto social común y así castrarla como fuerza revolucionaria, podemos afirmar que frente a la utopía socialista de los años veinte y treinta, una vez descartada por imposible la tentación de agitar las aguas sociales de América Latina más allá de los límites permitidos por Washington, la opción de una democracia discretamente reformista, con la aquiescencia de Estados Unidos, le ofrecía a estos partidos un acomodo conveniente y posible. Sin embargo, los extremismos generados por la Guerra Fría harían que incluso el humilde espejismo de creer posible componer en América Latina una nueva correlación de fuerzas políticas democráticas con el visto bueno norteamericano resultaba exagerado. La confrontación de Estados Unidos y la Unión Soviética obligaba a descartar del menú de opciones regional la posibilidad de impulsar una auténtica apertura democrática en América Latina.

Kennedy y el macartismo  Entretanto, la aparición de las “democracias” populares en Europa oriental al terminar la II Guerra Mundial, la partición de Alemania y de Berlín, el bloqueo soviético a la antigua capital alemana en 1948, la entrada de Mao Zedong a Pekín en 1949, la explosión de la primera bomba atómica soviética ese mismo año y finalmente el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950, estremecedoras manifestaciones del inicio de la Guerra Fría, provocaron en la población de Estados Unidos una paranoia colectiva de inmensas proporciones. Joseph McCarthy, senador por el estado de Wisconsin, aprovechó este alterado estado de ánimo y desató en 1950 una verdadera cacería de brujas, cuyo primer episodio fue denunciar la existencia de una conspiración comunista dentro del Departamento de Estado norteamericano, que involucraba a más de 200 de sus funcionarios.

Esta denuncia no fue más allá del escándalo, pero catapultó a McCarthy a la fama y a la Presidencia de la Sub Comisión Permanente de Investigaciones del Senado. Centenares de destacados miembros del mundo intelectual, científico y del espectáculo desfilaron por la sala de audiencias de la Sub Comisión y fueron sometidos a humillantes interrogatorios públicos y obligados incluso a delatar a parientes, amigos y compañeros de trabajo. Esta incansable labor del senador McCarthy, incluyendo la confección de listas negras que condenaban al ostracismo y el desempleo a quienes tuvieran la poca fortuna de ser incluidos en ellas, no produjo ningún proceso legal ni ninguna sentencia judicial, pero contribuyó notablemente a incrementar la severidad y la profundidad del dogmatismo con que Estados Unidos, a partir de ese momento, se relacionaría con los gobiernos y los movimientos políticos del resto del planeta, y dividirían dramáticamente al mundo y a la propia sociedad norteamericana. La ejecución en la silla eléctrica de los esposos Ethel y Julius Rosenberg en 1953, acusados de haberle entregado los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética, constituye una buena demostración del clima espiritual que imperaba en Estados Unidos durante aquellos años. La estrella de McCarthy se apagó abruptamente cuando sus obsesiones lo llevaron al extremo de acusar de comunista al Secretario de Defensa de Eisenhower. De inmediato fue destituido de la Presidencia de su tristemente famosa Sub Comisión y muy poco después, en mayo de 1957, como consecuencia de su alcoholismo crónico, murió de cirrosis hepática a los 48 años de edad. Pero a pesar de la temprana desaparición del senador y del descrédito que significó su destitución, la avasallante influencia del “macartismo” como expresión intemperante de inadaptación y rechazo a las posiciones de los otros, modificó tan a fondo los puntos de vista políticos de gobernantes y hasta de ciudadanos comunes norteamericanos, que esta inflexibilidad sigue marcando de suspicacias, prejuicios y temores las relaciones de Estados Unidos con el resto del planeta.

A pesar de esta nueva y ofuscada visión norteamericana de las relaciones internacionales, numerosos miembros de los círculos políticos y académicos de Estados Unidos, incluso de un sector importante del Departamento de Estado, insistían en preguntarse a finales de los años cincuenta si en efecto los tradicionales dictadores latinoamericanos le brindaban a Washington ventajas suficientes para derrotar una futura penetración comunista en la región, o si no sería muchísimo más beneficioso para los intereses de Estados Unidos apoyar la aparición y fortalecimiento de regímenes democráticos y reformistas, pues a pesar de que en su seno pudieran engendrarse múltiples eventualidades desestabilizadoras, a la larga, esta apertura ofrecía la oportunidad de facilitar la progresiva liberación de las graves tensiones políticas y sociales de los pueblos latinoamericanos por la válvula de escape de una democracia formal, controlada y condicional.

Estas reflexiones sobre la eficacia estratégica de respaldar un proceso de democratización regional recibieron un apoyo imprevisto en 1958, cuando el vicepresidente Nixon, de visita en Caracas, fue objeto hasta de agresiones físicas suscitadas por un hondo sentimiento antiestadounidense. En el marco del desconcierto provocado por aquellas protestas callejeras comenzaron a adquirir mayor peso los razonamientos liberales en favor de cambios políticos y sociales en América Latina, aunque sólo fuese con la pragmática finalidad de evitar futuras rebeliones civiles o militares fuera de control. En todo caso, este análisis de la tensa circunstancia latinoamericana del momento renovó en Washington el debate sobre la conveniencia de darle mayor apoyo a las políticas “reformistas” que se proponían para América Latina como mecanismo disuasorio de males mayores. Desde esta perspectiva, y a medida que crecía la certeza de que cada día se haría más difícil frenar por la fuerza las protestas de las masas latinoamericanas, se consolidaba la conjetura de que, además de una gradual apertura política, tal vez resultaría rentable admitir moderadas reformas de carácter económico y social.

Esta toma de conciencia resultó tan importante como el hecho de que al iniciarse la década de los sesenta, la política del nuevo gobierno de Estados Unidos, presidido por John F. Kennedy, empeñado en ajustar sus pasos a las huellas dejadas por Roosevelt, coincidía con los proyectos que propugnaban los principales movimientos democráticos de la región, algunos de los cuales ya habían tomado el poder en sus países o se habían transformado en vigorosos partidos políticos con opción de hacerlo. Era inevitable que de esas coincidencias surgieran alianzas, como la que tejieron Kennedy y Rómulo Betancourt en Venezuela, que a la larga ejercerían una influencia de notable importancia política para la región.

En este contexto resultó crucial el papel que desempeñó W. W. Rostow, asesor del presidente Kennedy en la elaboración de su política para América Latina, cuya nave insignia fue la Alianza para el Progreso. La tesis de Rostow, recogida en su libro The Stages of Economic Growth: A Non-Comunist Manifesto, publicado en 1960, se correspondía con el respaldo que años antes le había dado a la política de Truman de ayudar económica y financieramente a Grecia y Turquía con la finalidad de impedir la expansión soviética en Europa occidental. Según Rostow, ahora era imprescindible erradicar de la región las condiciones de subdesarrollo y miseria que la convertían en un polvorín, y promover su desarrollo económico. Sólo de este modo, afirmaba, podría Estados Unidos garantizar la seguridad regional y la permanencia de sus vastos intereses estratégicos y económicos en el hemisferio occidental.

En apoyo a esta audaz proposición acudió involuntariamente Raúl Prebisch, Secretario General de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), al plantear con ardor la tesis de que el origen de todos los males regionales había que buscarlo en la naturaleza periférica de las economías de América Latina, dominadas por la de Estados Unidos. De acuerdo con esta interpretación “cepalista” de la dependencia, la manera de superar efectivamente los conflictos que acechaban a la región, tanto por las graves contradicciones que surgían entonces como por la proyección del modelo revolucionario cubano, era alentar programas de reforma agraria y de acelerada industrialización, ambos a nivel continental, que les permitiera a las naciones latinoamericanas incrementar la producción de alimentos, mejorar las condiciones de vida de la población campesina y sustituir muchos productos importados por manufacturas nacionales.

La revolución cubana   Al comenzar el año 1959, nadie podía incluir en sus cálculos sobre el porvenir de la región las traumáticas consecuencias, muchas de ellas irreversibles, que produciría en Cuba y en el resto de América Latina el triunfo político y militar de la guerrilla del Movimiento 26 de Julio. Dentro del marco teórico que comenzaba a concebirse en Washington, los barbudos de la Sierra Maestra, transmutados de la noche a la mañana en gobierno revolucionario, apenas constituían una expresión más o menos folklórica de la subdesarrollada cultura política latinoamericana y nadie los percibía como un serio riesgo para la estabilidad política del continente. Los derrocamientos de Juan Domingo Perón y Manuel Odría en 1956 y de Marcos Pérez Jiménez en 1958, sin que se produjeran turbulencias internas en ningún punto de la región que pusieran en peligro las tradicionales relaciones de Washington con América Latina, hacían natural la cómoda inclinación de ubicar a Fidel Castro, a pesar de las reservas que generaban sus excentricidades y del rechazo general a una justicia “revolucionaria” entendida como exterminio físico del enemigo, entre los líderes reformistas que surgían en América Latina durante aquellos días de hondos cambios políticos en la región. Recuérdese que, desde 1958, tres importantes dirigentes democráticos latinoamericanos habían asumido la Presidencia de sus países: Rómulo Betancourt en Venezuela, Arturo Frondizi en Argentina y Alberto Lleras Camargo en Colombia, y otros tres estaban a un paso de lograrlo: Janio Quadros en Brasil (1961), Fernando Belaunde Terry en Perú (1963) y Eduardo Frei Montalvo en Chile (1964).

No obstante, cuando Hugh Thomas reconocía que en enero de 1959 La Habana fue escenario de la aurora de un tiempo nuevo, América Latina, incluyendo a Cuba, se miraba resignadamente en el espejo de una contención política que orientaba sus figuraciones hacia formas de cambio que no trascendieran la esfera de lo aceptado por Washington. Un conformismo que, no obstante, le concedía a los latinoamericanos el poder pensar en un futuro político diferente, todo lo mediatizado que se quisiera, pero cambio, al fin y al cabo, factible. En realidad, esta parecía ser la única forma de construir en América Latina una sociedad distinta, aunque los condicionamientos interpuestos por Estados Unidos obligaban a las fuerzas democráticas del continente a limitar sus aspiraciones a satisfacciones muy insuficientes, incluso para el pensamiento discretamente reformista de la época. En definitiva, los dirigentes políticos latinoamericanos entendían que a cambio de sacrificar sus proyectos más codiciosos, si emprendían este rodeo de prudencia y buena conducta pública, al final alcanzarían un destino al menos formalmente democrático para sus naciones.

Muy pronto, sin embargo, el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista les haría comprobar a unos y otros la magnitud de este error. En lugar de dar nacimiento a una democracia negociada, como sucedía en otras naciones del continente, el derrocamiento de la dictadura en Cuba se convirtió de repente en una revolución que dejaba muy atrás sus simpáticas características de estallido popular con aires de romanticismo garibaldino y le presentaba a los cubanos y al gobierno de Estados Unidos, a sólo 90 millas de los cayos de la Florida, el desafío de una revolución socialista y antiimperialista, que además, desde el primer día, se entregaba de lleno a la tarea subversiva de exportar su ideología y sus métodos de lucha violentos.

Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, testigo de excepción por haber sido desde abril de 1959 el hombre de confianza de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara para dirigir las actividades subversivas cubanas en América Latina, primero desde el G-2 y después desde el Departamento América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, le declaró en octubre del año 2003 a los periodistas Ivette Zuazo y Luis Suárez Salazar, lo siguiente:

   Desde La historia me absolverá, Fidel manifiesta la vocación latinoamericanista de la Revolución Cubana. Fidel mismo había participado en el Bogotazo, en actividades de solidaridad con la lucha por la independencia de Puerto Rico, la soberanía de las Malvinas, la recuperación del canal de Panamá y en la fallida invasión de Cayo Confites para derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Años después Fidel se encuentra en México con el Che, en quien ya existía esa misma voluntad, marcado por la experiencia de la derrota de Jacobo Arbenz en Guatemala. En ese país el Che conoció a muchos líderes revolucionarios del continente, que fortalecieron sus sentimientos y convicciones antiimperialistas y latinoamericanistas. Lo otro es que antes de partir a Cuba en el Granma, el Che le indicó a Fidel que tan pronto como terminaran sus responsabilidades con la Revolución Cubana, quería tener la libertad de integrarse a la lucha revolucionaria en algún otro país de Latinoamérica, preferiblemente en Argentina.

Screen Shot 2015-03-08 at 9.26.49 PMEn otro momento de esta larga entrevista, Piñeiro señala que no puede recordarlos a todos, pero que en aquellos primeros días de la Revolución cubana, numerosos dirigentes de la izquierda latinoamericana viajaron a La Habana para reunirse con el Che y trazar planes de acción insurreccional inmediatos. Entre esos visitantes menciona a los nicaragüenses Carlos Fonseca, Tomás Borge, Rodolfo Romero y u ex oficial del ejército somocista de apellido Somarriba; los guatemaltecos Turcios Lima, John Sosa, Julio Cáceres Patojo, amigo íntimo y muy querido por el Che; los peruanos Luis de la Puente Uceda, Héctor Béjar y Javier Heraud; los peronistas William Cooke y Alicia Eguren; los colombianos Fabio Vásquez, quien llegaría a ser jefe del Ejército de Liberación Nacional en ese país, los hermanos La Rota y el secretario general del PC colombiano, Gilberto Vieira; el secretario general del PC uruguayo, Rodney Arismendi; los principales dirigentes de los partidos socialista y comunista chilenos, Salvador Allende y Jaime Barrios; y los principales dirigentes del PC venezolano, acompañados de Fabricio Ojeda.

Los recuerdos de Piñeiro y las actividades que desarrolló la izquierda latinoamericana a partir de 1959 ponen de relieve que, si 10 años más tarde, en el París de1968, la juventud francesa podía reclamar románticamente todo el poder para la imaginación, en América Latina, al concluir la década de los cincuenta, el triunfo material de la insurrección contra Batista le ofrecía a la juventud latinoamericana la posibilidad de soñar con la demolición de los muros que la experiencia histórica, el oportunismo de sus élites y la corrupción intelectual de su dirigencia política habían contribuido a levantar como barreras infranqueables de cualquier cambio social medianamente profundo. El triunfo político y militar del movimiento revolucionario de Fidel Castro en Cuba, que muy pronto iba a retar a Estados Unidos hasta con el holocausto nuclear, y la adopción en América Latina de la audaz tesis guevarista del “foquismo” como método de acción revolucionaria para abolir a punta de pistola la dogmática exigencia leninista de las condiciones objetivas, quemar en ese atajo heterodoxo largas etapas del proceso insurreccional y acelerar al máximo la toma del poder por la vía fulminante de la lucha armada, basada exclusivamente en condiciones subjetivas, incendió desde 1959 la vasta pradera latinoamericana.

En este punto excepcional del proceso político regional, aquel dilema con que Arciniegas resumía las angustias de la región antes de 1959, democracia o dictadura, pasaba a ser de pronto otra disyuntiva, mucho más inquietante y peligrosa: democracia burguesa o revolución socialista. Más de medio siglo después, en esa agónica encrucijada de todo o nada, se sigue debatiendo el destino de América Latina.