Carlos Canache Mata @CarlosCanacheMa | Sigue el supuesto “desacato” de la Asamblea Nacional

Carlos Canache Mata copy12 Abril, 2017

 

 

Existieron no sólo motivaciones políticas sino también económicas, ambas vinculadas al carácter totalitario del régimen, para que se dictaran las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ.

Como ha señalado el destacado jurista Allan Brewer-Carías, con las sentencias de la Sala Constitucional Nº 155 y 156 de fechas 27 y 29 de marzo de 2017, sin la menor duda en Venezuela se produjo un golpe de Estado. En el país se desató una ola de protestas pacíficas, reprimidas ilegalmente y con violencia por parte de los cuerpos de seguridad del régimen y de hordas de paramilitares cobijadas bajo el nombre de colectivos, a la vez que el Consejo Permanente de la OEA expresó su profunda preocupación por la grave alteración constitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

El Ejecutivo se complotó con el TSJ para tratar de remendar el capote, como se dice coloquialmente, valiéndose de una exhortación del Consejo de la Defensa Nacional al TSJ para que revisara dichas sentencias. A las pocas horas, pasando por encima del cadáver, que ya venía putrefacto, del principio de la separación de poderes, el TSJ maquilló las sentencias cuestionadas. El profesor Alberto Arteaga Sánchez comentó: Queda claro ante el mundo que desapareció todo vestigio de poder judicial autónomo e independiente. Más grave que las decisiones 155 y 156 del TSJ, es la rectificación inmediata por acatamiento al Ejecutivo.

Al comienzo de estas líneas señalé que en las decisiones del TSJ, presionado por el Ejecutivo, hubo también motivaciones económicas. En efecto, es bien sabido que hay problemas de liquidez de divisas para cumplir con el servicio de la deuda externa, tanto de la República como de PDVSA, lo que se ha agravado por la caída de la producción y de los precios petroleros. El año pasado se hipotecó CITGO para obtener 1.985 millones de dólares de la empresa estatal rusa Rosneft, y el miércoles 12 de abril PDVSA debe desembolsar 2.060 millones de dólares para honrar el pago del bono 2017 que vence en esa fecha, como lo acaba de recordar el experto petrolero Horacio Medina. Creo que PDVSA está vendiendo un 10% de su participación en el capital accionario de la empresa Petropiar.

Esos apuros del régimen para que entren divisas, vía inversión foránea o vía hipoteca o vía enajenación patrimonial, explican por qué en la sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ se haya rectificado el punto 4.4 de la sección “decisión”, donde ésta asumía las funciones de la Asamblea Nacional directamente o por el órgano que designara, pero se dejó intacto, intocado, el punto 4.1 en el que se declara que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas”, sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Y continúa el supuesto desacato de la AN, por lo que, sin poner un candado en el edificio de sus sesiones, sus decisiones sí las sigue considerando nulas el régimen.