Donald Trump reclama 20 millones de dólares a la actriz porno Stormy Daniels

Los abogados del presidente presentan un escrito en el que exigen una indemnización millonaria por incumplir el acuerdo de confidencialidad

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contraatacan. Este viernes, en el juzgado de Los Ángeles donde se dirime su batalla legal contra la actriz porno Stormy Daniels, presentaron un escrito en el que aseguran que reclamarán hasta 20 millones de dólares de indemnización por múltiples violaciones del acuerdo de confidencialidad en el que Daniels se comprometió a no revelar nunca su supuesta aventura sexual con Trump.

El escrito lo presenta el abogado Brent Blakely en nombre de Essential Consultants y Donald Trump, según Reuters. Essential Consultants LLC es una empresa constituida ex profeso en Delaware por el abogado personal y fontanerode Trump, Michael Cohen, pocos días antes de las elecciones de 2016 para canalizar el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio.

La respuesta del equipo legal, además, es la primera ocasión en el que el nombre de Trump se ve involucrado directamente en el proceso, pues está presentada en su nombre. Es él el que exige daños y perjuicios. Trump niega los hechos. Hasta el momento, toda la estrategia legal había sido desarrollada por Cohen, que ha asegurado públicamente que el presidente estaba totalmente al margen de este asunto, hasta el punto de decir que ni siquiera le había informado del pago del dinero a Daniels. Cohen asegura que el dinero salió de su bolsillo y no fue reembolsado por Trump, ni su campaña, ni sus empresas.

La actriz porno Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, asegura que tuvo una aventura sexual con Trump entre 2006 y 2007. Lo contó en una entrevista en 2011. Dos semanas antes de las elecciones de 2016, Michael Cohen le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad por el que cobraría 130.000 dólares. Ante las revelaciones en prensa a principios de este año sobre aquel acuerdo, Clifford intentó volver a contar su historia. Los abogados de Trump consiguieron el 27 de febrero de forma secreta y unilateral un laudo arbitral que refuerza el acuerdo de confidencialidad. El 6 de marzo, Clifford presentó una demanda en un juzgado de Los Ángeles reclamando la nulidad de aquel acuerdo. En la demanda, hacía pública toda la historia, el texto del acuerdo, y aseguraba tener material comprometedor para Trump.

El contraataque de los abogados del presidente este viernes tiene otra vertiente. En nombre de Trump, el abogado Charles Harder, solicita a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que el caso sea derivado a un juez federal. Harder es el abogado que llevó el caso del luchador Hulk Hogan contra la web Gawker por publicar una grabación sexual de él. El caso acabó en una indemnización multimillonaria que envió a Gawker a la quiebra.

El abogado de Clifford, Michael Avenatti, interpretó en Twitter que el cambio de jurisdicción es para tener más posibilidades de que el caso acabe en arbitraje privado. Expertos legales consultados en los medios estadounidenses creen que los jueces federales son más propensos a aceptar que los casos se arreglen en arbitraje. El acuerdo de confidencialidad entre Cohen y Clifford dice expresamente que cualquier desacuerdo debe decidirse en arbitraje.

El movimiento legal del equipo de Trump llega un día después de que se revele que Clifford grabó una entrevista con el presentador Anderson Cooper que está programada para ser emitida en el programa 60 Minutes el próximo 25 de marzo.

El abogado Avenatti está tratando de dar la máxima publicidad a este asunto. Afirma que cuando la gente escuche la historia de Stephanie Clifford y vea las pruebas que tiene, la creerá. También afirma que desde que destapó el caso le han contactado seis mujeres con historias similares, y al menos dos de ellas con acuerdos de confidencialidad. El jueves viernes por la mañana afirmó que su cliente ha sido “amenazada físicamente”.

Tras conocerse la respuesta legal de Trump, Avenatti tuiteó: “El hecho de que un presidente en ejercicio esté pidiendo 20 millones por ‘daños’ falsos contra una ciudadana privada, que solo está intentando contarle al público lo que pasó de verdad, es increíble. Seguramente sin precedentes en nuestra historia. No nos vamos a retirar y no nos van a intimidar”.

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