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EDGAR LÓPEZ | La supersala de los excesos

Screen Shot 2016-09-11 at 12.52.31DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016Screen Shot 2016-09-11 at 12.59.02

Al desempolvar una demanda interpuesta por diputados de la oposición, hace cinco años, cuando eran minoría en la Asamblea Nacional, para utilizarla en contra de ellos mismos, la Sala Constitucional demostró su disposición a maniobrar a favor del gobierno para que se mantenga en el poder. A través de la sentencia 269, del 21 de abril 2016, anuló las normas que el chavismo había construido para consolidar su dominio hegemónico de la Asamblea Nacional. Los siete magistrados que integran esta instancia, que se atribuye el poder supremo de interpretar la Constitución –pero al vaivén de las coyunturas políticas-se apresuraron a relativizar y, en la práctica, a desconocer las facultades legislativas y contraloras que corresponden al Parlamento por mandato expreso de la carta magna. Esas mismas normas se habían revertido contra el oficialismo después del 6 de diciembre, cuando la Mesa de la Unidad Democrática logró mayoría en el Parlamento.

Durante los últimos 8 meses la Sala Constitucional ha dictado 24 fallos adversos a la oposición. Más que por el número de sentencias, el desempeño de esta instancia ha causado inquietud, dentro y fuera del país, porque sus miembros se han dado a la tarea de justificar jurídicamente todas las ejecutorias del gobierno.

La intromisión gubernamental en el Poder Judicial ha sido confesada por el propio presidente Nicolás Maduro.

El 1° de septiembre, por ejemplo, señaló públicamente que consultaría a la Sala Constitucional para blindar un decreto que le permita aniquilar a los diputados opositores y, si es posible, enviarlos a la cárcel, a través del allanamiento de la inmunidad en todos los cargos públicos. De esa forma Maduro dejó en evidencia a los integrantes de la Sala Constitucional. Los convirtió en jueces y parte, porque si alguien impugna tal decreto, sería la misma sala la que debería dar respuesta.

Al día siguiente, la sala otorgó un anticipo al jefe del Estado para que no quedaran dudas de que continuará siendo su aliada. El 2 de septiembre dictó una sentencia que tiene efectos a futuro: “…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, referida a la desincorporación de los tres diputados de Amazonas.

La lista de excesos ha crecido en forma alarmante: 1.- se suprimió el control político de la AN sobre los estados de excepción, a cuyos efectos se desaplicaron normas de la ley que rige la materia y se soslayó la obligatoriedad de notificar las medidas de emergencia a los organismos internacionales de derechos humanos; 2.- se anuló la facultad parlamentaria de interpelar a las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, así como a los ministros y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo cual se afectan los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas; 3.- se reafirmó que la mayoría calificada se alcanza con 112 diputados, de modo que la oposición la perdió con la desincorporación de los 3 representantes de Amazonas; 4.- se negó el control del Legislativo sobre el Banco Central de Venezuela y se acusó a la AN de incurrir en desviación de poder y de atentar contra la estabilidad de la economía; 5.- se determinó que en Venezuela no hay persecución judicial contra los opositores y que una Ley de Amnistía, como la sancionada, constituye una arbitrariedad; 6.- se limitó a la directiva de la AN para debatir sobre el allanamiento de la inmunidad de un diputado, la convocatoria y desarrollo de las sesiones, la elaboración, modificación y aprobación de la agenda parlamentaria, y la presentación de informes por las comisiones; 7.- se estableció que la AN no puede aprobar una enmienda destinada a disminuir el período de un presidente de la República en ejercicio; 8.- se negó la iniciativa parlamentaria para legislar sobre la organización y funcionamiento de los poderes Judicial y Electoral, con lo cual cada uno de estos decidiría sobre las normas que los rigen; 9.- se suprimió la facultad de declarar mociones de censura; 10.- se centralizó en el Ejecutivo la administración del presupuesto nacional sin posibilidad de control parlamentario; 11.- se extendió el monopolio del uso fuerza pública a militantes del PSUV y organizaciones afectas al oficialismo, mediante la convalidación del decreto de estado de excepción; 12.- se obstaculizó la elección de nuevos magistrados del TSJ; 13.- se permitió al Ejecutivo firmar convenios y solicitar préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional; 14.se declaró el desacato de los directivos del Parlamento con la amenaza de emprender contra ellos procesoa penales que podrían llevarlos a la cárcel; 15.- se impidió la representación judicial autónoma de los directivos del Legislativo, a efectos de defenderse de todas las acciones que en su contra ha intentado el oficialismo, pues la Sala Constitucional determinó que deben ser defendidos por la Procuraduría General de la República.

¿Todos contra uno? La judicialización de la actividad parlamentaria está aunada con seis decretos presidenciales a través de los cuales el gobierno ha tomado para sí atribuciones legislativas, en algunos casos de manera genérica y peligrosa, como las declaratorias de estado de excepción.

¿Un simple conflicto de poderes? Hermann Escarrá, que presidió la Comisión Constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente y, como tal, intervino directamente en la concepción de la Sala Constitucional, considera que se trata de sentencias de Estado: “Se justifican en la medida en que están destinadas a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. No es un conflicto de poderes, sino de la Asamblea Nacional contra todos los poderes”.

Pero Ricardo Combellas, también constituyente, le responde: “Es al revés, son todos los poderes contra la Asamblea Nacional, que desde el 6 de diciembre constituye una amenaza real para la permanencia del chavismo en el gobierno. En esta coyuntura a la Sala Constitucional se le ha asignado la tarea de cubrir el déficit de legitimidad de desempeño que afecta dramáticamente la gestión de Nicolás Maduro. Pero por más latín que le metan a sus sentencias, cada día los venezolanos, por puro sentido común, comprenden que estos magistrados solo están tratando de atornillar al chavismo en el poder”.

Quizás la Sala Constitucional todavía no ha demostrado hasta dónde puede llegar. El sábado 20 de agosto divulgó otra sentencia, a través de la cual reafirma que no está dispuesta a ceder en su enfrentamiento con la Asamblea Nacional. En esa oportunidad anuló siete sesiones del Parlamento realizadas en abril y mayo, así como todas las leyes y actos legislativos dictados en estas.

El fallo es una secuela de la declaratoria de desacato de aquella sentencia que se dictó a partir de la demanda interpuesta por diputa

El constitucionalista Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, admite que el control jurisdiccional de las leyes y demás actos parlamentarios es necesario. “Sin embargo, lo correcto es que la Sala Constitucional indique con especificidad en qué consiste la deficiencia de una norma e inste a la Asamblea a corregirla. Lo incorrecto e inadmisible es que se haya convertido en un órgano de bloqueo político, que incluso se ha atrevido a hacer valoraciones de tipo moral”.

Contra la aspiración de Casal, la misma Sala resolvió que podía ejercer, “de manera global”, el control previo de la constitucionalidad de una ley que solicite el presidente de la República. Este ha sido el principal basamento de todas las sentencias que han dejado sin efecto las leyes sancionadas por la actual legislatura.

El mecanismo es sencillo: cuando el presidente no está de acuerdo con una ley, en vez de solicitar a la Asamblea que la modifique, le pide a la Sala Constitucional que la anule. Y el TSJ siempre lo complace. “Es un procedimiento que se utilizó excepcionalmente, una sola vez en 16 años, en el caso de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y no se anuló la totalidad de la ley, sino apenas una disposición transitoria. Nunca se había usado tan sistemáticamente como ahora. Y es que ese es el problema: la Sala Constitucional interpreta la carta magna de manera sesgada y acomodaticia, lo cual causa una enorme precariedad institucional.

Si no existen efectivos controles sobre el ejercicio del poder público, no existe democracia”, afirma Casal.

Screen Shot 2016-09-11 at 13.03.42La guardiana de la Constitución
“Mirá, ya yo tengo mis dos candidatos para el CNE; vos y Pedro pongan los dos suyos y entre todos escogemos al quinto, a un quinto imparcial”.

Con esa lisura con la que hablan los marabinos, el presidente de la Sala Constitucional Iván Rincón se dirigió al magistrado Antonio García García con la intención de finiquitar el conflicto institucional derivado de la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional para escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral.

Rincón hablaba en nombre propio y de los magistrados Jesús Eduardo Cabrera y José Delgado Ocando, los tres afectos al chavismo. En la Sala Constitucional la oposición estaba encarnada por García García y Pedro Rondón Haaz.

Esos dos candidatos del presidente de la Sala Constitucional terminaron siendo Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini, mientras que los representantes de la oposición en el CNE fueron Ezequiel Zamora y Sobella Mejías. El quinto imparcial también lo propuso Rincón: Francisco Carrasquero. Ingenuamente ­así lo reconoció después­ García García advirtió a algunos periodistas que no se apresuraran a etiquetar a Carrasquero como chavista. Sin dos de la MUD en 2011, cuando la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional era diametralmente opuesta a la actual. Como quiera que el desacato es considerado un delito, no está descartado que el pugilato concluya con el enjuiciamiento y encarcelamiento de los directivos del Parlamento. A tales efectos, el precedente aplicable es el juicio sumario que la Sala Constitucional, erigida en tribunal penal, ejecutó contra los ex alcaldes de San Diego y San Cristóbal, Enzo Scarano y Daniel Ceballos. En menos de una semana se llevó a cabo un proceso penal que culminó con la destitución y encarcelamiento de dos funcionarios elegidos popularmente.

Screen Shot 2016-09-11 at 13.09.51embargo, tan vinculado al oficialismo estuvo ese supuesto quinto imparcial que después de presidir el CNE terminó siendo integrante de la Sala Constitucional. Aquellos magistrados incluso negociaron los cargos de secretario y consultor jurídico del CNE.

Así ocurrió en 2003 y era la primera vez que la Sala Constitucional se atribuía las competencias de otro poder público, el Legislativo, para designar a dedo las autoridades de un tercero, el Electoral. Pero no sería la última, pues en 2013 también se apeló a la omisión legislativa para ratificar a Tibisay Lucena y a Sandra Oblitas e incorporar a Luis Emilio Rondón.

Ese superpoder de la Sala Constitucional podría ejercerse de nuevo a finales de este año, cuando corresponde relevar a las rectoras Tania D’Amelio y Socorro Hernández. Esa instancia capaz de modificar el pacto social establecido en la carta magna, a través de una interpretación sui géneris, se aprovecharía del despojo de la mayoría parlamentaria que obtuvo la oposición el 6 de diciembre de 2015, con la desincorporación de los tres diputados de la MUD por el estado Amazonas, para relevar convenientemente a los diputados de su competencia de escoger a los rectores del CNE.

Screen Shot 2016-09-11 at 13.13.51 Screen Shot 2016-09-11 at 13.14.12“Desde el principio, la Sala Constitucional se ha excedido muchas veces. Y, en el caso de la omisión legislativa, invocada en dos oportunidades para designar a los rectores del CNE, se ha erigido en poder constituyente. Pero la norma es muy clara, el numeral 7 del artículo 336 de la Constitución solo le permite declarar la inconstitucionalidad de la omisión, fijar plazos y, de ser necesario, establecer lineamientos para su corrección. En modo alguno podían usurpar funciones de la Asamblea Nacional”, abunda Escarrá. Aunque admite que defiende al gobierno de Maduro aspira a que la Sala Constitucional no se atreva a allanar la inmunidad parlamentaria.

Combellas advierte que la extralimitación de la sala es tan grave que pudiera conducir a los magistrados que la integran a la “locura” de pretender reelaborar las seis leyes que ellos mismos han declarado inconstitucionales. Y agrega: “En la Asamblea Nacional Constituyente había gente que, de muy buena fe, creyó que se estaba haciendo el mejor esfuerzo para rescatar la dignidad de un Poder Judicial que siempre tuvo sus lunares y era expresión del deterioro de todo el sistema político. Pero también había una élite, encabezada por Luis Miquilena, que sí midió los efectos políticos de conferirle tanto poder a la Sala Constitucional”.

Al parecer, el fallecido presidente Hugo Chávez era el que tenía más clara la estrategia de blindar judicialmente su proyecto político. La ex presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, recuerda la carta que Chávez envió a los magistrados en abril de 1999, apenas cuatro meses después de haber sido elegido. “Celebro infinito que la Corte Suprema de Justicia se encuentre en el camino de la revolución (…) debo confirmar ante la honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”, afirmaba el gobernante en la misiva. Y, de esta forma, su aspiración a eliminar los contrapesos institucionales que definen la democracia.

Los superpoderes asignados a la Sala Constitucional están descritos en el Título VIII de la carta magna, denominado “De la protección de la Constitución”, aunque el papel de “máximo y último intérprete” no es de su absoluta exclusividad, pues está atribuido a todas las salas del TSJ.

“El Derecho Constitucional, en la pluma de los magistrados de la Sala Constitucional, se ha manejado como un instrumento al servicio del régimen y no del ciudadano”, concluye Combellas.

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From: “Allan R. Brewer-Carias.gmail” <allanbrewercarias@gmail.com>
Date: September 11, 2016 at 9:11:19 AM EDT
To: <ELOPEZ@EL-NACIONAL.COM>
Subject: Felicitaciones por los reportajes de hoyEstimado Edgar,Muchas gracias por los reportajes de hoy, en Siete Días, en El Nacional, sobre el rol asumido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.Hacía falta una aproximación periodística global de la naturaleza que haces en los reportajes sobre el tema del rol político del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional (y de sus magistrados), que sin duda tú eras el llamado a realizar. Te felicito. Muy importante publicación.

Aprovecho para remitirte, aun cuando me imagino que ya debes haberlo recibido, el pdf del texto de mi último libro donde estudio específicamente lo que ha venido ocurriendo en el país por las sentencias del TSJ durante los últimos nueve meses  (desde diciembre de 2015 hasta la última del 2 de septiembre de 2016), titulado:

DICTADURA JUDICIAL Y PERVERSIÓN DEL ESTADO DE DEDECHO. El Juez Constitucional y la destrucción de la democracia en VenezuelaSegunda edición actualizada al 6 septiembre 2016, Editorial Jurídica Venezolana International, Caracas  / New York, 2016, 488 pp.

El libro está también disponible en mi página web: www.allanbrewercarias.com   (sección II,1, libros):

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea5/Content/Brewer.%20libro.%20DICTADURA%20JUDICIAL%20Y%20PERVERSI%C3%93N%20DEL%20ESTADO%20DE%20DERECHO%202a%20edici%C3%B3n%202016%20ISBN%209789803653422.pdf

51MN1M2+IkL._SX331_BO1,204,203,200_Así mismo, por los  momentos, para los interesados en una versión en físico, el libro está a la venta en www.amazon.com  ; www.barnesandnoble.com   y las otras librerías globales.

Por otra parte, como sabes he venido estudiando todas las sentencias dictadas por la Sala Constitucional desde 2000, muchas de las cuales mencionas y enumeras en sus excelentes reportajes, y sobre ellas, solo a título de información, para que tengas las referencias, he dedicado los siguientes libros publicados en los últimos años:

BREWER-CARÍAS, Allan R.,

EL GOLPE A LA DEMOCRACIA DADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, ISBN 978-980-365-253-1, Segunda edición, Caracas/ New York 2015,  428 pp.

BREWER-CARIAS, Allan R.

LA RUINA DE LA DEMOCRACIA. Algunas consecuencias. Venezuela 2015, ISBN 978-980-365-325-5, New York / Caracas 2015, 694 pp.

El texto completo en pdf. de este libro también está en mi página web:http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea5/Content/9789803653255-txt%20(pagina%20web).pdf

BREWER-CARIAS, Allan R.

LA MENTIRA COMO POLÍTICA DE ESTADO. Crónica de una crisis política permanente: Venezuela 1999-2015, ISBN 978-980-365-318-7, Caracas / New York 2015, 476 pp.

BREWER-CARIAS, Allan R,

LA PATOLOGÍA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, ISBN 978-980-365-273-9, 3ª edición, Caracas/ New York 2015, tercera edición 668 pp.

BREWER-CARIAS, Allan R,

ESTADO TOTALITARIO Y DESPRECIO A LA LEY. La desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, ISBN 978-980-365-272-2, Caracas/New York 2014, 544 pp.

BREWER-CARIAS, Allan R.

PRÁCTICA Y DISTORSIÓN DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA (2008-2012). Colección Justicia Nº 3, Acceso a la Justicia, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Metropolitana, Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2012 . 520 pp.,

BREWER-CARIAS, Allan R,

CRÓNICA SOBRE LA “IN” JUSTICIA CONSTITUCIONAL. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela. Colección Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Nº 2, Caracas 2007, 702 pp. 

Espero esta información te sea de utilidad.

Cordiales saludos y felicitaciones de nuevo.

Allan

Allan R. Brewer-Carías
New York, USA
www.allanbrewercarias.com
Profesor, Universidad Central de Venezuela (desde 1963)
Simon Bolivar Professor, University of Cambridge UK (1985-1986)

Professeur, Université de Paris II (1989-1990)

Adjunct Professor of Law, Columbia Law School, (2006-2007)
allan@brewercarias.com
allanbrewercarias@gmail.com
abrewer@bblegal.com