EDITORIAL Al cajón

El PP acierta al suspender una ley del aborto que no tiene consenso y supone un grave retroceso

Aunque no se haya notificado de forma oficial, todo parece indicar que el proyecto de ley del aborto que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2013 no será enviado al Parlamento; al menos, no en esta legislatura. El PP ha podido constatar en estos últimos meses que el proyecto no solo concitaba el rechazo de los partidos de la oposición, sino que también tenía detractores en sus propias filas. A la oposición declarada de la diputada Celia Villalobos se ha unido la resistencia de no pocos dirigentes territoriales, preocupados por los efectos que la tramitación de la ley pudiera tener sobre sus expectativas electorales.

Las elecciones europeas ya motivaron una retirada estratégica del texto, con el argumento de que iban a revisarse algunos de los aspectos más polémicos, en particular el tratamiento de las malformaciones. Tras recabar los informes de diversos órganos consultados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el Consejo de Ministros enviaría la ley a las Cortes antes de terminar el verano (septiembre incluido). Pero a nadie se le oculta la inoportunidad de abrir este nuevo frente de polémica justo cuando empieza la cuenta atrás de un periodo electoral decisivo para el PP, que comenzará la próxima primavera con elecciones municipales y autonómicas y concluirá con las legislativas de otoño de 2015.

Aunque cabe la sospecha de que las razones de fondo sean de carácter electoral, hay que saludar que el proyecto no siga adelante. Del mismo modo que es difícil pensar que Gallardón lo llevara al Consejo de Ministros sin la aquiescencia de Rajoy, hay que concluir ahora que ha sido el presidente quien ha calibrado la conveniencia de rectificar. Es una decisión acertada porque supone renunciar a imponer a la mayoría las particulares convicciones de una minoría. Un gobernante debe atender los principios del ideario de su partido, pero no a costa de ignorar los del conjunto de los ciudadanos. Y desde este punto de vista, no podía ignorar que la legislación vigente, la ley de plazos de 2010, pendiente aún de un dictamen del Tribunal Constitucional, tiene el apoyo de más del 60% de la población según una encuesta de Metroscopia. Y que el 35% de los votantes del PP y el 36% de los católicos practicantes consideran que no debe modificarse.

La actual ley de plazos, que permite abortar en las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 en determinados supuestos, no ha aumentado el número de abortos, como se había especulado. La cifra se mantiene estable en torno a unos 110.000 anuales. Y es significativo que el 90% de las interrupciones se practiquen dentro de las primeras 12 semanas, tanto con la normativa vigente como con la anterior. La reforma que con tanto ahínco ha defendido Gallardón era tan retrógrada que de haber prosperado hubiera sido más restrictiva que la ley de supuestos de 1985. Cuando un proyecto legislativo carece de consenso y además crea problemas donde no los hay, es mejor retirarlo.