EDITORIAL @analitica | Esequibo: negociación o solución judicial

AnalíticaEditorialMiércoles 29 de julio de 2015

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Si sigue la diplomacia del micrófono las posibilidades de un acuerdo negociado se alejan

Hoy, a 25 años de ese acuerdo, es evidente que los buenos oficios no produjeron el resultado esperado

La reclamación del territorio Esequibo es ya una larga historia en la diplomacia venezolana que comenzó con la intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962 del entonces Canciller de Rómulo Betancourt, Marcos Falcón Briceño, y prosiguió en el gobierno de Raúl Leoni, durante el cual se realizaron varios actos de reafirmación de soberanía sobre ese territorio como, por ejemplo, anexar al mapa de Venezuela el territorio en reclamación y luego enviar al Ministro de Relaciones Exteriores a negociar y firmar el Acuerdo de Ginebra de 1966, base legal que vincula a Venezuela en la solución pacífica de la controversia.

En los gobiernos posteriores, salvo en el de Rafael Caldera, se siguió dándole curso a lo determinado en el Acuerdo de Ginebra, que establece los diferentes medios de solución pacífica que deben utilizar las partes y que coloca, a manera referencial, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Si Venezuela y Guyana no llegasen a ponerse de acuerdo sobre un nuevo medio de solución pacífica, entonces el Secretario General de las Naciones Unidas podría fijarlo unilateralmente, sucediendo igual que durante el gobierno de Jaime Lusinchi, que un enviado personal del Secretario, el ecuatoriano Diego Cordovés, propuso una solución, inaceptable para Venezuela, que consistía en una mezcla de conciliación y arbitraje. A l negociador venezolano, Emilio Figueredo, le tomó años convencer a su contraparte guyanesa que esa fórmula no era conveniente para las buenas relaciones entre los dos países y se logró que los Cancilleres de ambos países fuesen juntos a señalarle a Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, que las partes habían decidido que el método aplicable para solucionar la controversia eran los buenos oficios.

Hoy, a 25 años de ese acuerdo, es evidente que los buenos oficios no produjeron el resultado esperado y por eso Guyana insiste en llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, el gobierno de Venezuela hace bien en sostener que no se han agotado todas las vías de solución pacífica previstas en el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, si se sigue con la diplomacia del micrófono en la que las partes se insultan recíprocamente, las posibilidades de un acuerdo negociado se alejan y se acercan las de la solución judicial, que puede ser un arbitraje o la Corte.