EDITORIAL @analitica |ıııııııı| Los papeles de Panamá

ABRIL 6, 2016

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Esta filtración de documentos constitutivos de compañías offshore, provenientes de un importante bufete de abogados panameños, Mossak- Fonseca, representa una filtración de información muy superior a la de Snowden en el famoso wikileaks.

En este caso, el tema asume un carácter planetario, ya que implica millones de registros que tocan a ciudadanos y organizaciones de numerosos países y que ha movilizado, hasta ahora, a más de un centenar de medios de comunicación del mundo y un número aún mayor de periodistas.

En nuestro país estuvieron vinculados a la investigación una docena de reputados comunicadores sociales, que tuvieron como tarea discernir en una masa de documentos que supera los 200.000.

Hasta ahora en la punta del iceberg aparece el caso del capitán retirado Velasquez Figueroa y su esposa Claudia Patricia Diaz Guillen, quién fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro y también secretaria de Fonden. También fungió como enfermera de Chávez en el lapso final de su enfermedad.

No todas las compañías registradas en el bufete panameño implican la comisión de delitos, ya que hay muchas razones lícitas por las que se puede recurrir a la constitución de empresas offshore. Lo delictivo es cuando esas compañías son utilizadas por sus accionistas para violar las leyes de sus respectivos países, ya sea por razones fiscales -o peor aún-, cuando son mecanismos para ocultar fondos ilícitos provenientes de delitos de alcance universal.

En el caso venezolano esto podría ser un mecanismo para descubrir cómo se han ocultado inmensas fortunas proveniente de diversos delitos, como las que provienen de la corrupción administrativa o del narcotráfico.

Lo importante de esta investigación mundial es que el dinero mal habido ya no está cubierto por el secreto y que permite a las fiscalías de los diversos países interesados descubrir el camino donde los delincuentes procedieron a esconder sus ingentes recursos monetarios.

Ojalá esto permita a Venezuela recuperar una parte sustancial de los fondos que ilícitamente se apropiaron funcionarios de los diversos niveles de la administración pública y que tanto daño le han causado al país, no sólo monetariamente, sino moralmente.