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EDITORIAL Justicia, nada más

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La declaración de la infanta Cristina ante el juez era indispensable para el proceso en curso

La declaración de doña Cristina de Borbón ante el juez José Castro muestra que el respeto a la justicia se ha impuesto sobre el escándalo que habría acarreado cualquier otro desenlace. La familia del Rey está sometida a la Constitución y no vive al margen de ella. La Infanta es una ciudadana más, y el magistrado que le ha convocado es el juez natural que corresponde al caso investigado. Se cumplen así las exigencias del Estado de derecho, a las que están sometidos todos los ciudadanos, también la hija del Rey.

Que desde la fiscalía se haya intentado presionar al magistrado para desimputar prematuramente a la Infanta forma parte de la cadena de errores registrados en la gestión de este asunto. Al margen de las razones del fiscal respecto al fondo de la causa —el ministerio público sostiene que doña Cristina no ha cometido delito—, la firmeza del juez evita que las sospechas queden en el aire o se depositen en el lado oscuro de la democracia. Además, que la hija del Rey declare ante un juez contribuye a la tarea pendiente de restablecer el crédito perdido por las instituciones.

Se ha sabido que Iñaki Urdangarin desperdició la oportunidad de declararse culpable de las irregularidades investigadas en la empresa Aizoon —cuya propiedad compartía con la Infanta—, una sociedad alimentada con fondos públicos extraídos a través del Instituto Nóos y usada presuntamente para evadir impuestos. La negativa de Urdangarin ha complicado su situación y también la de su esposa, que ha alegado ante el juez Castro ser ajena a la gestión de los negocios del marido y haber confiado plenamente en él.

Estos son los aspectos relevantes y no las polémicas en torno al procedimiento de acceso físico de la Infanta al juzgado. Invertir demasiado tiempo en buscar la complicidad de “los de abajo” para enfrentarla a los “instalados”, en este caso una persona de la familia real, es una actitud claramente populista. No admite discusión que la Infanta es una ciudadana más ante la ley, pero huelga hablar de privilegios cuando se trata de mantener las medidas de seguridad necesarias para una persona situada en la línea de sucesión de la Corona, aunque apartada de los actos públicos.

No forma parte de la normalidad democrática que las sospechas de corrupción se extiendan por las instituciones del Estado. Pero como es así, la respuesta correcta no consiste en sustituir la justicia por el espectáculo, ni establecer culpabilidades o inocencias en función de la forma o del tiempo de exposición ante las cámaras. La única solución responsable es confiar en la justicia y respetar sus determinaciones, y ante todo la del juez que decidirá si se debe continuar o no con el procedimiento contra la infanta Cristina. Sea cual sea esa decisión, la función constitucional que desempeña la jefatura del Estado no debe verse influida por los avatares de algunos miembros de la familia del Rey.