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Editorial La sala constitucional muestra sus costuras -analitica.com Viernes, 9 de agosto de 2013

Lo que no se dan cuenta estos magistrados rojo rojitos es que toda acción tiene consecuencia y la violación de los derechos humanos genera responsabilidad individual

La reciente decisión de la sala constitucional del TSJ es una prueba más de cómo el poder judicial está, como los demás poderes del Estado venezolano, subordinado a los intereses del partido de gobierno y del presidente de la república.

Desde un punto de vista jurídico la sentencia no tiene asidero porque desconoce sin argumentar los pedimentos y de manera retórica hace referencia a una presunta falta de relación causal entre los hechos. Pero no tiene sentido recurrir a la práctica jurídica, ni a la doctrina y mucho menos a la jurisprudencia. Aquí se trata simplemente de cumplir con una orden de desestimar cualquier impugnación que conduzca a la revisión del proceso electoral de abril del año en curso. Eso no sorprende a nadie en este país porque no era otra cosa que la crónica de una muerte anunciada de la legalidad y de la constitucionalidad .

Este hecho unido a la pretensión de sancionar penalmente a Henrique Capriles por presunta injuria al TSJ es otra aberración más de un régimen que cada día se parece más al concepto de Estado elaborado por Carl Schmit para la dictadura del nazismo en Alemania. Sólo faltaría para ser una copia del totalitarismo del siglo XX que se inicien en nuestro país algo parecido a los juicios de Moscú tan inicuamente promovidos por Stalin y que han tenido su copia fiel en Cuba, entre otros con el caso del poeta Padilla.

Lo que no se dan cuenta estos magistrados rojo rojitos, que se parecen a los juristas del horror de la Alemania nazi, es que toda acción tiene consecuencia y la violación de los derechos humanos genera responsabilidad individual.

Más temprano que tarde la justicia y el orden constitucional retornarán en Venezuela y estos desvaríos serán castigados con todo el peso de la ley, mientras tanto servirán de una prueba más a nivel internacional y para los organismos que protejan universalmente los derechos humanos de lo que ocurre en nuestro país.

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