EDITORIAL Oxigenación

Se abre una etapa judicial densa en asuntos de presunta corrupción que exigen claridad

La causa abierta sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo de quien fuera 23 años presidente de la Generalitat, inaugura una temporada judicial muy densa en asuntos de presunta  corrupción. Se investiga si cobró comisiones ilegales a empresas adjudicatarias del Gobierno autónomo: un importe sustancioso, superior a los ocho millones de euros, que habrían sido aportados por 17 compañías, amén de otros movimientos financieros no explicados de cuantía aún superior. Es de desear que este caso, como el de Gürtel o el de los ERE andaluces, se sustancie a la mayor velocidad que permita el escrupuloso respeto a las garantías procesales propias del muy protector ordenamiento criminal. Cada uno de los Pujol sigue gozando de la presunción de inocencia y en su caso el derecho a un juicio justo: no hay lugar en un Estado de derecho a los juicios paralelos, por más que Pujol padre se atribuyera —y atribuyera indirectamente a sus descendientes— una implicación en operaciones fraudulentas y secretas.

La importancia de la causa estriba en que empezará a indicar si las presuntas irregularidades afectan a un individuo, a una familia o a toda una Administración. Es decir, si se agotan, caso de validarse judicialmente, en el ámbito de un apellido o ciernen su sombra sobre el de toda una obra política. Por supuesto que para ello no bastará el procedimiento judicial recién arrancado; faltará la deseable inspección interna (nunca prometida) en la Generalitat, y desde luego los resultados de la comisión parlamentaria de investigación. Es exigible que esta no se aborte por intereses partidistas, ni que sean disfrazados de exigencias de ningún calendario referendario ni electoral. Porque los ciudadanos tienen derecho a saber: sin saber, ¿cómo se puede decidir?

Junto al garantismo del procedimiento conviene recordar que también debe garantizarse la restauración de los derechos de los eventualmente perjudicados, como serían las compañías pagadoras y la sociedad en general, en caso de comprobarse algún delito en la administración de los recursos públicos o en las licitaciones. Desde luego, vistos los antecedentes, este derecho de la sociedad será en principio mejor servido por un tribunal que guarda las debidas distancias con los procesados, como la Audiencia Nacional. A veces los magistrados geográficamente muy cercanos resultan más sensibles a las presiones públicas, y por ende, más maleables.