EDITORIAL | Un hecho condenable

El secuestro de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador a manos de una supuesta disidencia del ex grupo guerrillero de las FARC, que se sometió recientemente a un proceso de paz con el gobierno colombiano, ha merecido el más enérgico rechazo por parte de la sociedad en su conjunto. A esa voz de condena se suma hoy la del Grupo de Diarios América (GDA) que reúne a 11 diarios líderes de América Latina –del cual también hicieron parte nuestros colegas de El Comercio– y que en todo momento han abogado por un ejercicio periodístico exento de presiones y de amenazas contra la libre expresión y la libertad de prensa.

El periodista Javier Ortega Reyes, el camarógrafo Paúl Rivas Bravo y el conductor Efraín Segura Abril se encontraban el pasado 26 de marzo en la población de Mataje, provincia de Esmeraldas, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, desarrollando labores de investigación relacionadas con el deterioro del orden público en la zona cuando fueron abruptamente retenidos por hombres armados. A partir de entonces, su desaparición se convirtió en un tema de relevancia local y regional que no puede pasar inadvertido. Ni los periodistas plagiados ni ninguna otra persona, no importa su condición social, pueden ser objeto de tal vejamen.

El periodismo es un ejercicio que aboga por las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, la defensa del bienestar común y la democracia. Su misión histórica ha sido y seguirá siendo la de proveer información veraz y oportuna. Por lo mismo, no se puede servir de él como sujeto de intermediación para la reivindicación de causas de ninguna especie que, de antemano, vienen cobijadas con el manto trágico e inhumano de la privación de la libertad.

EL INFAME VIDEO dictado por los SECUESTRADORES exFARC

El GDA exige de los captores, cualquiera que sea su origen, el respeto a la vida e integridad de los periodistas y colaboradores de El Comercio –quienes ya completan 11 días en su poder– al tiempo que reclama de las autoridades respectivas no cesar en el empeño de alcanzar su pronta liberación, sanos y salvos.

Tal como ya lo expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y varias organizaciones de periodistas de ambas naciones, aquí se ha secuestrado a la prensa y se ha negado a la ciudadanía el derecho esencial de estar debidamente informado.

Valga la pena este lamentable episodio para recordar que los ataques contra medios y periodistas en América Latina no cesan. Amenazas, asesinatos, intimidaciones e intentos por acallarla de todas las formas posibles siguen siendo la constante en países como México, Venezuela, Colombia, El Salvador, entre otros. Quienes abogan por sociedades libres e incluyentes y se apoyan para ello en una institucionalidad lejos de toda sospecha, han de ver en la prensa, más que un enemigo, un fiscalizador válido de sus acciones y un representante leal de las audiencias a las que se debe. En consecuencia, resulta imperativo que allí donde la amenaza es más que evidente se adopten protocolos de seguridad que eviten que más comunicadores y colaboradores de medios periodísticos se conviertan en las nuevas víctimas de la sinrazón del secuestro.