Editorial | Un paso adelante y un resbalón —Hacia la pena de los 50 años—

Screen Shot 2017-08-16 at 8.14.03 AMMIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017

Que la oficialista asamblea constituyente proponga devolver a la justicia ordinaria los procesos adelantados indebidamente contra civiles en cortes militares no es para lanzar cohetes. El hecho real y fundamental es que bajo ningún concepto ni circunstancia un ciudadano debe ser sometido a la justicia militar.

Como es lógico suponer, se ocupa de los casos que caen bajo la jurisdicción castrense y que son fáciles de definir en tanto que vivimos bajo un régimen civil, electo por el voto popular y que, por ello, está en el deber de proteger a los ciudadanos de cualquier mandato o castigo militar que pretenda sobreponerse ante la soberana e imperativa jurisdicción civil.

Por lo demás, durante la década de la violencia guerrillera entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, se llevaron a cabo acciones represivas que siempre terminaban desembocando en tribunales militares y los condenados asignados a prisiones custodiadas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Algunos, pocos en verdad, de los integrantes de la actual asamblea constituyente sufrieron torturas y penas de cárcel en prisiones militares y siempre la sociedad se preguntó cómo luego de haber pasado por esos infiernos estos príncipes (en el sentido de que viven hoy en medio de la abundancia y bien protegidos) son capaces no solo de aceptar que los cuerpos represivos actúen sin control alguno contra los que “por la gracia de Maduro y Padrino” terminan integrando la lista de los enemigos a los cuales se les cercenaban sus derechos constitucionales.

Arrestos a medianoche sin orden judicial alguna, allanamiento de morada, saqueo de los bienes de los ciudadanos que vivían en la misma residencia del “presunto” sospechoso, maltratos a los habitantes y vecinos de las cercanías de la morada allanada, identificación de los familiares cercanos como “colaboradores” del sospechoso, censo de los moradores cercanos para que colaboren en una investigación que nadie, léase bien, nadie ha autorizado.

Valga decir, en términos fascistas, una razzia.

Ahora bien, ¿cómo reconocer que este régimen madurista ha reculado y trata de barrer la basura debajo de la alfombra? Nos preguntamos si alguna vez hemos escuchado y leído estas palabras, estos temblorosos anuncios, estas promesas marcadas por el miedo de que “ahora sí nos vamos a portarnos bien”. Claro que se tienen que portar bien y es lo mismo que prometería un marinero de un barco que se hunde: desde hoy usaré el salvavidas.

Una promesa inútil.

Entre otras cosas que nacen de la asamblea constituyente hay una que destaca por su innovadora y hermosa propuesta: según la agencia AFP, el magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, propuso elevar la pena máxima a delitos como traición a la patria y terrorismo de 30 a más de 50 años.

Ante la asamblea constituyente, Moreno propuso una revisión exhaustiva de la legislación penal. Las penas de los delitos graves, que más daño le hacen a la sociedad venezolana, nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo. Creo, en mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años, afirmó. La izquierda toda al cadalso. Fascismo.