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El capitán del odio HÉCTOR SILVA MICHELENA
Lunes 20 de Enero de 2014  |  TalCual

La bancada oficialista aprobó, bajo el odio del Capitán, lo siguiente: Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas sus partes y para que surta efecto y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (GO 6.118 Ext.).

Es clara la inconstitucionalidad de tal acuerdo. Pero no trataré de discutir aquí si el llamado “Estado Comunal” coexistirá con el Poder Público, o si más bien, lo impuesto por la camarilla en el poder no tiene nada de novedoso. Al contrario, cuando se hunde el pensamiento en las raíces de ese empeño, uno se da cuenta de que sus voceros nunca leyeron a los clásicosoriginarios de las ideas que los legos les soplaron al oído. Por ejemplo, la definición de comuna, y su adscripción al Ministerio de las Comunas, es decir, a un poder externo, se sitúa en las antípodas de la Comuna de París, cuyas características describió Marx (aunque con algunas inexactitudes y sesgos) en La guerra civil en Francia (1871).

Lo que estamos contemplando es un gobierno totalitario en la más rigurosa concepción de Hannah Arendt, que se remonta a Montesquieu.

Contemplamos el resquebrajamiento de la República que se hizo realidad en el trienio 1945-1948. Es lo que el talentoso historiador venezolano, profesor de la UCV, Germán Carrera Damas ha venido llamando “la demolición de la República y la abolición de la Soberanía Popular”. En su 59º mensaje histórico, contenido en su reciente libro (En defensa de la República. Voz de alerta, Los libros de El Nacional, Editorial CEC, S.A., Caracas), asienta estas palabras: Hace algún tiempo que vengo dando, por esta vía, la voz de alerta ante la que he denominado la demolición de la República, concebida como la manera de abolir el ejercicio de la Soberanía Popular como fuente necesaria de la legalidad y la legitimad del Poder Público. 

Mientras el régimen militar militarista que ha asaltado el Estado, el Gobierno y la Administración pública, creyó que era posible burlar la Soberanía Popular, valiéndose de toda suerte de ventajismos y disposiciones atrabiliarias, contuvo sus afanes antipopulares. La tenacidad y la lucidez demostradas por la mayoría de la ciudadanía en su determinación de preservar la República Liberal Democrática se han revelado crecientemente superiores a esas acechanzas contra la República. Hemos desembocado, de esta manera, en una situación en la cual toda comparecencia ante la Soberanía popular se ha vuelto temible para el régimen. Hasta el punto de que sus usufructuarios sienten la necesidad no ya de falsear los términos de esa comparecencia, sino de hacerla innecesaria.

Lo aprobado por la AN es un plan de gobierno convertido en Ley que mutila el pensamiento libre. Lo promovió ese capitán que odia el diálogo, como buen premiado por ser fascista.