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El Diputado 99 -Octavio Lepage

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El Diputado 99

Llama poderosamente la atención de que el gobierno, para justificar la solicitud improcedente de una ley habilitante, escogiera precisamente el argumento de que hace falta para combatir la corrupción

El gobierno Maduro/Cabello aprobará la ley habilitante gracias a la adquisición del voto de un diputado. A este acto de corrupción individual se suma otro de corrupción institucional. En efecto, como el diputado que negoció su voto, Carlos Flores, es suplente, se inhabilitó a la diputada principal, María Mercedes Aranguren, con la complicidad de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo de Justicia.

Carlos Flores se retiró del PSUV, para inscribirse en el partido Mi Gato, recién fundado por el entonces Gobernador de Monagas, el Gato Briceño, también disidente del PSUV. En represalia, el gobierno le expropió su finca ganadera que ahora se la van a reintegrar a cambio de su voto. A estos niveles de indecencia ha descendido la moral política en Venezuela.

Como se recordará, la Unidad Democrática salió victoriosa en las elecciones parlamentarias de Diciembre del 2010. Obtuvo el 52% de los votos contra 48% de los candidatos del PSUV. Sin embargo, el CNE, proclamó 98 diputados del PSUV y apenas 67 de la oposición. No satisfecho con esta holgada mayoría irrita de diputados, el oficialismo persevera en su determinación de ir reduciendo la fracción parlamentaria de oposición. Los diputados William Ojeda y Hernán Núñez saltaron la talanquera, no precisamente por discrepancias ideológicas ni por angustias metafísicas. Y aquellos diputados que rechazaron el ablandamiento fueron expulsados de la Asamblea Nacional a base de acusaciones basadas en documentos forjados y pruebas manipuladas. El caso más resaltante es del diputado Richard Mardo. Lo mismo sucede con las gobernaciones. El PSUV, a su manera, ganó veinte (20) gobernaciones y la oposición apenas tres (3). Pues bien, los tres gobernadores de oposición (Capriles, Falcón y Guarulla) se les pretende enjuiciar acusándolos de corruptos. A los oficialistas no les preocupe escupir hacia arriba.

Llama poderosamente la atención de que el gobierno, para justificar la solicitud improcedente de una ley habilitante, escogiera precisamente el argumento de que hace falta para combatir la corrupción. En efecto, abundan las evidencias de corrupción generalizada y galopante en estos 14 años de gobierno “revolucionario”. Los funcionarios enriquecidos indebidamente son legión e identificarlos no es difícil, porque disfrutan haciendo ostentación de sus riquezas. Incluso después de la presentación del proyecto de ley habilitante afloraron casos escandalosos de corrupción (Fondo Chino, Fonden, Empresas de maletín que recibieron indebidamente 24 millones de dólares y muchas etcs). Es evidente que eso de la ley habilitante es una farsa. E insistimos en que no hay que afligirse, hay que arrecharse.

 olepageb@gmail.com