Exigimos garantías mínimas para el proceso electoral venezolano

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Nicolás Ardito-Barletta, Panamá, Oscar Arias, Costa Rica, José María Aznar, España, Belisario Betancur, Colombia, Armando Calderón Sol, El Salvador,  Felipe Calderón, México, Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica, Fernando Henrique Cardoso, Brasil, Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica, Alfredo Cristiani, El Salvador, Fernando de la Rúa, Argentina, Eduardo Duhalde, Argentina, Vicente Fox, México, Eduardo Frei, Chile, César Gaviria, Colombia,  Felipe González, España, Lucio Gutiérrez, Ecuador, Osvaldo Hurtado L, Ecuador, Luis Alberto Lacalle, Uruguay, Ricardo Lagos, Chile, Ricardo Martinelli, Panamá, Luis Alberto Monge, Costa Rica, Mireya Moscoso, Panamá, Andrés Pastrana, Colombia, Sebastián Piñera, Chile, Jorge Quiroga, Bolivia

Preocupados por la ejecución de un Estado de Excepción y el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros; el uso de la Justicia para condenar a líderes de la oposición democrática como Leopoldo López, o para perseguirlos, como el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, o María Corina Machado; el desacato abierto por el Tribunal Supremo de Justicia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a propósito de Radio Caracas Televisión, exige restablecer la garantía de la libertde expresión; y dentro de dicho contexto, la anunciada realización de elecciones parlamentarias en esa nación hermana el próximo 6 de diciembre, juzgamos como deber ineludible y como dirigentes democráticos probados hacer las siguientes consideraciones ante nuestros países y la comunidad internacional:

a) La declaratoria de un Estado de Excepción, que implica la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales y su obligada supervisión por los organismos internacionales de derechos humanos, conforme a los principios que informan a la democracia, aceptados por el sistema interamericano, no puede desvincularse del “ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Ya que carece de legitimidad cuando se utiliza para atentar contra la misma democracia, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona. Las garantías que se derivan de la forma democrática de gobierno, por ende, no implican solamente una determinada organización política contra la cual es ilegítimo atentar, sino la necesidad de que esté amparada por las garantías judiciales que resulten indispensables para el control de legalidad de las medidas tomadas en situación de emergencia, de manera que se preserve el Estado de Derecho.

b) La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación por “la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo” venezolano, y su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha constatado que el líder opositor Leopoldo López fue arbitrariamente encarcelado; de modo que, al dictarse recién su condena penal, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos se ha manifestado consternada por “la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa y los comentarios contra él expresados por altas autoridades del Gobierno”.

 c) Según la doctrina constante de la instancia judicial interamericana mencionada, las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de la democracia. Por consiguiente se considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a toda elección, dado que el debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información, sin por ello verse perseguida

En consecuencia:

1) Constatada la situación de suspensión de garantías vigente en Venezuela y la consiguiente militarización de sus territorios fronterizos, no debe admitirse que ello implique la suspensión de la democracia y del Estado de Derecho, en lo específico, que obstaculice la realización general y en condiciones de normalidad de las elecciones parlamentarias previstas el 6 de diciembre; como tampoco puede aceptarse la expulsión masiva e indiscriminada, por razones de nacionalidad, de colombianos, en abierta contravención del Derecho internacional.

2) Demandamos y hacemos un llamado a las instituciones y la opinión pública internacionales para que, en virtud del complejo contexto de anormalidad descrito, otorguen su decidido apoyo y escrutinio a fin de que cuenten los venezolanos con un cuadro de garantías y justa competitividad como de transparencia que les permita realizar su compromiso de acudir a las urnas electorales, y decidir de manera pacífica, constitucional, electoral y democrática sobre la futura integración de su Asamblea Nacional.

3) El rescate de la confianza en el voto como medio democrático para resolver los problemas y desviaciones que sufre la democracia, antes bien y con independencia del “acompañamiento” que ya pidiera el poder electoral venezolano a la UNASUR, exige de una observación internacional imparcial y técnicamente calificada dado el complejo y sofisticado sistema electrónico de elecciones establecido en Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y la Unión Europea.

4) Las garantías mínimas que reclama todo proceso electoral democrático, junto a la no utilización de los recursos humanos o materiales del Estado para favorecer a una tendencia determinada, el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación social, y el cese de la persecución a dirigentes políticos y editores, implican, de modo específico, el acceso por los partidos políticos al registro electoral y su auditoría, la apertura y el cierre legal y oportuno de las mesas de votación, en lo particular la posibilidad de que sean contados todos los votos sufragados y contrastados con los resultados electrónicos ofrecidos, a fin de asegurar la transparencia del acto comicial y sobre todo ganar la confianza en el mismo de los electores