GERMÁN CARRERA DAMAS | Nos están quitando la República

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Distinguido amigo:

Me permito reiterar, sin modificación alguna, este viejo Mensaje Histórico, como muestra académica de las probabilidades del cultivo de La Historia prospectiva. Muy cordialmente, Germán Carrera Damas

Hablo de algo que nos concierne directamente. A mi como historiador y ciudadano. A Ustedes como representantes actuales de quienes mucho contribuyeron en el hacerse de aquello que por verse hoy amenazado nos concierne a todos.

Quiero dar, de nuevo, la voz de alerta ante la más grave de las amenazas que se han cernido, en tiempos recientes, sobre la sociedad venezolana: nos están quitando la República.

Debo ser muy claro: ya no es sólo la Democracia la que está en riesgo; lo está la República. La Democracia  enfrenta con éxito la amenaza que para ella han significado, primero, el militarismo-bolivarianismo; y ahora el arcaizante seudo socialismo bautizado como del Siglo XXI.

La tenacidad con que la sociedad ha preservado su vocación democrática ha permitido comprobar, de manera objetiva, que la Democracia no es asunto de los gobiernos sino de los pueblos. Y con esto ha quedado demostrado, también , que una vez practicada la Democracia por la sociedad, es imposible desarraigarla. Pero, igualmente ha quedado comprobado,  -lo que es particularmente relevante-, que los intentos de erradicar la Democracia sólo han conseguido templar, en la sociedad venezolana, su determinación de preservarla.

Otra es la situación respecto de la república moderna. Esta aun es vulnerable. Todas las sociedades que, como la venezolana, proceden políticamente de la Monarquía, -porque una sociedad monárquica fuimos-, han recorrido un camino largo y accidentado hacia la República. Incluso la República de los Estados Unidos de América, surgida de la independencia ganada rompiendo con una Monarquía atenuada por la Carta de Derechos conquistada en 1689, y primera república moderna en instaurarse, entre 1775 y 1800, requirió casi un siglo de esfuerzos, y padecer la primera guerra moderna, para estabilizarse. Comenzó a perfeccionarse al ser abolida legalmente la discriminación racial, en el último tercio del Siglo XX. Entre el asomo de la República en Francia, en 1793, y su instauración, -esperemos que  definitiva-, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, mediaron el Imperio, la monarquía constitucional, La Comuna de París, y aun  el Estado de Vichy; que sumados superan el siglo y medio. Y no hablemos de la República en Alemania y Rusia.

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No me detendré a definir la república moderna. Me limitaré a subrayar la significación del factor que diferencia esencialmente la República de la Monarquía. Ese factor es la Soberanía popular. El pleno y libre ejercicio de la Soberanía popular es la única fuente de legitimidad del Poder público, en sus tres fases: la de su formación, la de su ejercicio y la de su finalidad. No lo es de la legitimidad de una u otra de esas fases, sino de todas, correlacionadas por la libertad, plena, vigente, determinante, insubstituible; en suma, democráticamente expresada, y acatada como incuestionable primacía de la Soberanía popular.

Y mala vida llevó, durante más de un siglo la Soberanía popular en Venezuela. Se vio zarandeada  en el forcejeo entre dos poderosos factores. Uno fue  la voluntad política republicana, doctrinariamente  proclamada y constitucionalmente estatuida. El otro fue el atavismo monárquico, socialmente vigente desde la ruptura de la República de Colombia, en 1830, cuando se inauguró en Venezuela la República liberal autocrática, que reinó, literalmente y de manera no interrumpida, hasta 1945-1946, cuando el estreno de la plena Soberanía popular le puso término histórico. Pero la autocracia rebrota hoy, si bien revestida de grotescos disfraces ideológicos.

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En Venezuela la República ha asumido tres modalidades perdurables: la República moderna liberal, en el seno de la República de Colombia, en el lapso 1821-1830; la República liberal autocrática, en 1830-1945; y la República liberal democrática, desde 1945-1948. Conviene recordarlo hoy; sobre todo porque nos aproximamos a la conmemoración del segundo centenario de la declaración de Independencia; y debemos tener claro de cuál de esas Repúblicas somos  directamente responsables los venezolanos de hoy.

Es necesario recordarlo, porque una deformación de la conciencia histórica nos ha llevado a creer que la República es algo definitivamente adquirido, y a confundir dos nociones que son estructuralmente diferentes. Una noción es la de independencia, que se refiere al ejercicio de la autonomía. La otra es la de República, que se refiere, como he dicho, a la formación, el ejercicio y la finalidad del Poder público, por la exclusiva vía del ejercicio pleno de la soberanía popular.

La Independencia representó la ruptura del nexo colonial, en el que nos formamos históricamente. La instauración de la República significó dejar en el ámbito de la fe el acatamiento de la Voluntad divina,  y substituirla por el ejercicio de la Soberanía popular en todo lo correspondiente al Poder público. La Monarquía no era incompatible con la Independencia: México y Brasil lo demostraron.

Sólo que la historiografía primaria todavía pretende que al ser declarada la Independencia comenzó a regir la República. Fue necesario afirmarlo para justificar el malestar sociopolítico derivado de la prolongada y destructiva disputa de la Independencia. La realidad histórica es otra: comenzó a recorrer entonces, la sociedad venezolana, el largo camino que habrá de conducirla a ser una sociedad republicana genuinamente democrática, integrada por ciudadanos conscientes de sus deberes y celosos guardianes de sus derechos.

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La construcción de la sociedad republicana democrática comenzó en 1945-1946, un siglo después de haber sido reconocida la Independencia por nuestra Corona, en 1845. Cuatro grandes factores confluyeron en ese momento crucial de nuestra historia. Ellos fueron: en primer lugar, el haberse completado la sociedad venezolana, mediante el reconocimiento de sus derechos políticos a la mujer. En segundo lugar, el haber rescatado la Soberanía popular mediante la instauración del voto directo, universal y secreto, como culminación de procesos electorales democráticamente organizados, y sujetos al escrutinio de la opinión pública, por obra de los partidos políticos y de los medios de comunicación. En tercer lugar, por el impulso dado a la organización de la sociedad en partidos políticos, sindicatos y gremios, con efectiva posibilidad de su participación en la conducción de la sociedad. Y en cuarto lugar, por la puesta en marcha, por el gobierno revolucionario, de la formación y desarrollo de una burguesía empresarial moderna, mediante la creación del Consejo de Economía Nacional, con representación privada; de la Corporación Venezolana de Fomento, y la pormenorizada cuenta sobre la economía y la política económica presentada por Rómulo Betancourt ante la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, el 30 de mayo de 1946, en la que expresó, textualmente: “No existe la ‘política del Estado-comerciante’”.

Aun reconociendo los hombres que concibieron este vuelco de la historia republicana de Venezuela, que esos factores debían conjugarse en el marco del aprendizaje de la Democracia por la sociedad venezolana; y  que cada uno de esos factores desempeña un papel determinante; comprendieron que tal aprendizaje de la Democracia requería la participación  activa de una burguesía, en sus diversas capas, que fuese portadora e impulsora del avance tecnológico y de la eficiencia económica requeridos para dotar a la democracia de los medios sociopolíticos necesarios para combatir el secular atraso de la sociedad venezolana, atraso orgánicamente vinculado con una agricultura precaria, una manufactura rudimentaria y un comercio elemental.

En consecuencia, la todavía incipiente burguesía venezolana se vio llamada a modernizar la sociedad modernizándose ella misma. Debía, para ello, y como la sociedad toda, rescatarse de su propio atraso. Debía, entre otras cosas, superar su hasta entonces predominante carácter parasitario del Poder público, inscribiéndose en políticas públicas dirigidas a propiciar su desarrollo autónomo.

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Se habría necesitado carecer de conciencia política, y estar desprovisto de sentido histórico, para poder pensar que esta compleja tarea de transformación de la sociedad venezolana podría llevarse a cabo sin tropezar con grandes y repetidos obstáculos. Las  fuerzas contrarias a la modernización democrática de la sociedad no sólo no han cejado en su empeño, sino que han  recurrido a todos los procedimientos para ejercer su acción retardataria. Desde la desorientación  ideológica hasta la insurrección armada, pasando por la guerrilla y la invasión cubana, todos los procedimientos han sido y son aplicados.

La desorientación ideológica ha hecho marchar contra sus propios intereses sociohistóricos a sectores obreros y empresariales. La desorientación ideológica ha llevado al virtual abandono de la concepción pedagógica de la política. La intelectualidad se ha revelado inferior al compromiso social que su condición le genera. Los gremios, que en toda sociedad moderna son apoyo de las funciones institucionales, han desatendido su papel de vigilancia y control de la función pública. Estas y otras son manifestaciones de la trabajosa conformación de una sociedad democrática. El haberlas padecido no nos singulariza como sociedad, ni debe ofuscarnos.

Debemos situar esas manifestaciones, detestables, en el marco de lo fundamental logrado por la sociedad venezolano en su empeño de modernizarse y democratizarse. Debemos sentirnos fuertes del hecho de que ninguno de los regímenes contrarios a ese propósito social, de modernidad y Democracia, había osado intentar abolir los logros democráticos conquistados en las más de cinco décadas transcurridas desde el inicio de la transformación de la sociedad venezolana. Adulterarlas y falsearlas, sí, pero no abolirlas.

Hoy esas conquistas son objeto de un intento abolicionista solapado. Consiste en privarlas de su fundamento necesario, que es el ejercicio de la Soberanía popular. Conscientes los estrategas del régimen de los graves riesgos que generaría el prescindir de la consulta a la Soberanía popular; y habiendo comprobado que los vastos recursos empleados, el ventajismo practicado y los procedimientos fraudulentos, no han sido suficientes para anular el descontento social, en la medida requerida por la conspiración antidemocrática y arcaizante, buscan la manera de eludir ese compromiso constitucional, y con ello ponen en riesgo grave la existencia misma de la República.

Todos los sectores sociales debemos comprometernos en la defensa de la República. No debe  creerse que ese compromiso es mayor o menor según la naturaleza de esos sectores. Pero, me permito recordar, desde mi oficio de historiador, que la vigencia de la República moderna, fundada en el ejercicio de la Soberanía popular, se corresponde, esencial y revolucionariamente, con la formación y el desarrollo de la burguesía.

Quede a ustedes el sacar conclusiones de lo dicho.  Gracias

Caracas, noviembre de 2009