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GUSTAVO LINARES BENZO @glinaresbenzo|  La peor sentencia

EL UNIVERSAL  sábado 4 de octubre de 2014

Los magistrados no han sido electos por el pueblo, precisamente porque no son políticos…

La historia se repite. Como la oposición tiene veto para el nombramiento del comité para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, el gobierno coge el atajo de pedirle al Tribunal Supremo que lo nombre. Así lo hizo en el 2003, cuando la Sala Constitucional designó por ejemplo al más imparcial de los venezolanos, Jorge Rodríguez, que de rector pasó por casualidad a la Vicepresidencia de la República y ahora es alcalde de Libertador y no precisamente como independiente.

Chávez logró cabalmente su objetivo entonces: en agosto del 2003 su popularidad no pasaba de 30% y los imparciales rectores lograron retrasar un año completico el referendo revocatorio, para que, misiones mediante, Chávez lo ganara en agosto siguiente. Para ello los imparciales y apolíticos rectores inventaron la caída de las firmas planas, la ratificación y recontraratificación de firmas y cuanta maniobra pudieron imaginar.

Esta tecnología es quizás la violación más flagrante de la Constitución que ha habido en estos años, que ya es decir. Primero, supone romper la principal garantía de estabilidad e independencia de magistrados y rectores electorales, la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional para esos nombramientos. Es decir, se obliga a un acuerdo entre la mayoría y la minoría, que de no lograrse tranca el juego y mantiene a los funcionarios en ejercicio en sus cargos. Que se tranque el juego es completamente a propósito; es la manera, aquí y en cualquier país que tenga una Constitución medianamente seria, de obligar a un acuerdo. Y todo sigue funcionando, se quedan los que están hasta que se designe a otros.

Si fuera posible saltar este obstáculo acudiendo al TSJ, la mayoría sería tirana, como de hecho lo ha sido todos estos tres lustros. En segundo lugar, poner al TSJ a nombrar funcionarios es un irrespeto superlativo de las reglas democráticas. Como es evidente, los magistrados no han sido electos por el pueblo, precisamente porque no son políticos. No pueden, por lo tanto, sustituir a los políticos porque sería violar la regla básica de la democracia: la política es del pueblo, no de las elites, ni siquiera las elites jurídicas. Si en el 2003 nombraron al CNE, en el 2014 otra vez, el año que viene el TSJ se designará a sí mismo y cuidado si también nombrará algún diputado, o todos, da lo mismo.