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JAVIER IGNACIO MAYORCA @javiermayorca | Después del asalto

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Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos, hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se avecinaba una nueva asonada militar.

Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses, que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el apertrechamiento con armas de guerra.

En dos platos, hablamos de un asalto.

Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las granadas y las municiones que le hacían falta.

Ahora, la Contrainteligencia Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento en sus propias filas.

Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios. En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez pasó revista a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben estar comprometidos con la revolución bolivariana.

El lunes continuó la persecución a lo interno de la FAN. Se reportaron detenciones preventivas en la Armada y el Ejército. En este último componente un coronel acantonado en Apure, Bendahan Coutinho, fue puesto a resguardo cuando encontraron un mensaje en uno de sus celulares que fue considerado como contrarrevolucionario. El oficial, graduado en la promoción 1987 (compañero de Diosdado Cabello), ejercía labores de relaciones públicas. Fue la misma táctica aplicada días atrás para buscar argumentos que justificaran la detención del general de división Rolando Esser del Lima.

El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó. El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de temor ante la posibilidad de un rescate.

La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de caza.

Breves

*En julio la encuestadora Gallup presentó su Índice Mundial de Ley y Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas 136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el África Subsahariana.

*Lo que espera con el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab. Para el momento de la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas) en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo pronunciamiento público de la Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.

*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados 14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada, encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han despojado de estos aparatos. Aun así, los antisociales han incrementado en 23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan por las vías públicas.