Jesús María Casal @JMCP1972 | El diálogo como burbuja

23/1/2018Screen Shot 2018-01-23 at 9.29.45 PM

El proceso de conversaciones o negociaciones entre el gobierno y la oposición iniciado en República Dominicana, atraviesa por difíciles momentos. Desde afuera pareciera que puede terminar sin haber siquiera levantado vuelo. Son muchas las razones que pueden explicar estos desencuentros tras la consigna del entendimiento nacional, y quiero mencionar una de ellas: la percepción de la mesa de diálogo como una suerte de burbuja ajena a la realidad del país.

Coherencia

Para que el diálogo tenga éxito es necesario que su desarrollo tenga alguna correspondencia con la actuación de las partes fuera de la mesa, y en ello el gobierno y su institucionalidad tienen una responsabilidad cualificada. Una muestra palmaria de lo que no debe hacerse en el curso del diálogo es la decisión de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente de imponer un proceso de renovación de la nómina de inscritos de las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones regionales o municipales del 2017, a pesar de que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones no prevé tal obligación. De acuerdo con esta ley dicha renovación o validación de la nómina de inscritos solamente ha de efectuarse en el primer año del periodo constitucional, lo cual se refiere y siempre se ha interpretado como alusivo al primer año de periodos constitucionales nacionales. De allí que en el 2016 debió organizarse un proceso de validación de las asociaciones con fines políticos, que fue postergado y se efectuó en el 2017, con los resultados ya conocidos. Resulta insólito y aberrante, jurídicamente, que los partidos que entonces renovaron su nómina deban hacerlo ahora de nuevo, so pena de ser privados de la facultad de postular candidaturas en futuros comicios, en virtud de la aplicación retroactiva de las exigencias, antes inexistentes, que la llamada Constituyente fijó el 20 de diciembre de 2017 y fueron publicadas el 27 de diciembre del mismo año, y todo ello en detrimento del derecho de participación política de tales organizaciones y de sus militantes.

Perseguir

Es igualmente contraproducente que se acuda a la Ley contra el Odio para perseguir a comunicadores sociales por procurar informar o para amenazar a integrantes de la Conferencia Episcopal Venezolana por expresar su angustia ante la dramática situación nacional. Lo es asimismo que la posibilidad de detener a los miembros de un grupo disidente armado y de ponerlos a la orden de los tribunales, con apoyo de fiscales del Ministerio Público, haya desembocado en lo que se perfila como un uso indiscriminado de fuerza letal, con participación además de colectivos armados. ¿De qué paz hablamos si las acciones conspiran contra ella?

Es inaceptable, por lo demás, que aún se someta a la Asamblea Nacional al bloqueo institucional llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia gracias a la perversa construcción judicial del desacato, mientras su Sala Electoral ha paralizado por más de un año el proceso contencioso electoral relativo a las elecciones en Amazonas y mantiene en vigor la medida de amparo cautelar del 30 de diciembre de 2015, origen de esta problemática.

Construcción de confianza

Los expertos en negociación dirían que, en contextos como el venezolano, son indispensables medidas de construcción de confianza coetáneas a las conversaciones, que las hagan creíbles y den aliento para recorrer una ruta en contra de la cual militan los rencores acumulados en el fragor de la lucha política. Se trata no simplemente de atenuar condicionadamente el padecimiento de algunas personas que fueron privadas de libertad por motivos políticos, mientras la estructura represiva sigue intacta, presta y prolífica, sino de reconocer derechos y dar señales de rectificación.

Obras son amores y no buenas razones. La normalización institucional de la que algunos hablan no es posible si las bases del Estado de Derecho han sido dinamitadas. Tampoco puede producirse tal normalización contemporizando con instancias antidemocráticas autoerigidas en órganos plenipotenciarios merced a una usurpación de la soberanía popular. El punto de partida tendría que ser el de prever, más allá de la denominación que cada parte quiera emplear, que lógicamente será discrepante, medidas orientadas a respetar el Estado de Derecho y la Democracia y garantizar los derechos humanos.

Diálogo

Soy de los que piensa que Venezuela requiere diálogo, pero solo uno que sea verdadero, que suponga auténticas concesiones en asuntos atinentes a la construcción de la institucionalidad democrática, y no emboscadas. Ojalá sea posible alcanzarlo, más temprano que tarde.