José Ignacio Hernández G.* @ignandez | Civiles ante justicia militar: ¿conflicto entre la Fiscalía y MinDefensa?

10 de mayo, 2017Screen Shot 2017-05-11 at 7.13.57 PM

El procesamiento de civiles en tribunales militares, al cual me referí en un anterior artículo en Prodavinci, se ha incrementado en los últimos días. Algunos medios informan que más de noventa civiles han sido presentados ante tribunales militares.  Asimismo, se ha destacado que el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares –como sucede especialmente en Valencia- forma parte del llamado Plan Zamora.

Ello ha dado lugar a dos posiciones distintas, defendidas por el Ministro de la Defensa y el Ministerio Público.

¿Quién tiene la razón?

La razón la tiene el Ministerio Público: los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares. La interpretación del Ministro de la Defensa se basa en una Ley que es anterior a la Constitución de 1999, la cual es clara al señalar que la justicia militar solo aplica a delitos militares, los cuales solo pueden ser cometidos por militares activos. Esta conclusión es respaldada por Tratados de Derechos Humanos que –recuerdo- tienen rango constitucional en Venezuela.  En resumen, la Ley tiene que ser interpretada a favor de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, a fin de concluir que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares viola los derechos humanos.

Veamos por qué.

La posición del Ministerio Público

Hasta el momento, la posición del Ministerio Público solo se conoce a través de un tweet enviado desde su cuenta oficial, en el cual se informa que el Fiscal N° 41 del estado Zulia “solicitó que 14 detenidos por hechos ocurridos en Villa del Rosario sean juzgados por tribunal civil y no militar”.

El mensaje alude a la detención de catorce personas por protestas en Villa del Rosario (estado Zulia) en la cual fue derribada una estatura de quien fuera presidente, Hugo Chávez. Según los medios, tales personas serían sometidas a la jurisdicción militar por los delitos de  ultraje al centinela y rebelión militar.

El tema de fondo aquí es por qué deberían  ser enjuiciadas estas personas que estaban protestando. Pero a efectos de este artículo, el punto que me interesa destacar es que, para el Ministerio Público, estos civiles solo pueden ser juzgados por tribunales penales y no por tribunales militares.

Asimismo, el Ministerio Público informó que imputará ante tribunales penales a un militar relacionado con el arrollamiento de una persona que protestada en  Calabozo. Como sea que la naturaleza del supuesto delito no es militar, el Ministerio Público consideró que los tribunales competentes eran los penales y no los militares.

En resumen: para el Ministerio Público, solo pueden ser enjuiciados por tribunales militares los militares que cometan delitos de naturaleza militar. Por el contrario, los civiles, y los militares que cometan delitos no militares, solo pueden ser procesados por la justicia penal.

Lo que opina el Ministro de la Defensa

El Ministro de la Defensa, según recogen los medios, sostiene la legalidad del enjuiciamiento de civiles por militares, de acuerdo con el Código Orgánico de Justicia Militar. Se sostiene, en tal sentido, que “todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos”.

Aclarando la situación

Ante la divergencia de opiniones, es bueno recapitular lo antes explicado aquí en Prodavinci sobre este tema. Para ello, hay que tomar en cuenta tres puntos.

Primero. Es cierto, como dice el Ministerio de la Defensa, que el vigente Código Orgánico de Justicia Militar permite que civiles sean procesados ante la justicia militar. En especial, según el numeral 2 del artículo 123 de ese Código:

“Artículo 123

La jurisdicción militar comprende:

(…)
2. Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente”

Es importante destacar que ese Código es producto de una reforma implementada en 1998 al Código de 1967. Es decir, se trata de una Ley anterior a la vigente Constitución de 1999. Este dato, como veremos, es muy importante.

Segundo. Diversos Tratados de Derechos Humanos suscritos por Venezuela, y su interpretación por organismos y tribunales internacionales de defensa de derechos humanos, establecen el derecho al “juez natural”. Esto es, el derecho de las personas a ser juzgadas por sus pares o iguales. Bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ello, la justicia militar es excepcional: solo puede extenderse a ciertos delitos cometidos por militares, pero nunca a civiles.

Por ello, un civil no puede ser juzgado por militares, pues los militares no son “pares” de los civiles. Por lo tanto, juzgar a civiles por tribunales militares viola el derecho humano al juez natural.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución de 1999, estos Tratados son de directa aplicación a Venezuela, tienen rango constitucional y por ello, prevalecen sobre cualquier Ley. Por lo tanto, el Código Orgánico de Justicia Militar debe ser interpretado a favor de los Tratados de Derechos Humanos, a fin de impedir que civiles sean juzgados por militares.

Tercero. El derecho al juez natural es reconocido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de 1999. En relación con ello, el artículo 261 de la Constitución dispone que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Nuevamente, el Código Orgánico de Justicia Militar tiene que ser interpretado a favor de la Constitución, tal y como ordena su artículo 7.

La Sala Constitucional, en sentencia de 24 de abril de 2002, concluyó que ese Código violaba la Constitución, al permitir que civiles fuesen juzgados por militares. La Sala fue muy clara: la justicia militar “sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

Como expliqué en mi anterior artículo, este criterio fue luego abandonado. En caso Francisco Usón, la Sala de Casación Penal, en sentencia de 2 de junio de 2005, afirmó que “la jurisdicción militar, es competente para juzgar a los militares y civiles asimilados por delitos militares, siempre y cuando se encuentren en funciones militares, actos de servicios, en comisiones o con ocasión a ellas”. Cabe acotar que el procesamiento de Usón fue objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisión de 20 de noviembre de 2009, al considerar –entre otros aspectos- que “la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo”.

Civiles ante militares: una violación a derechos humanos que podría pasar a ser “constitucional” con la fraudulenta constituyente

Como vimos, la opinión del Ministro de la Defensa solo cubre parte de la verdad. La Ley sí permite enjuiciar a civiles por militares, pero esa Ley debe entenderse derogada por la Constitución de 1999. Así lo interpretó en su momento la Sala Constitucional y así lo ha interpretado, en el caso de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Afirmar que es el enjuiciamiento de civiles por militares es legal, implica menospreciar la Constitución, pues la Ley no puede interpretarse por encima de la Constitución. Lo verdaderamente importante es determinar si tal enjuiciamiento es constitucional. Y la respuesta, como vimos, es claramente negativa: la Constitución de 1999, y los Tratados de Derechos Humanos que tienen rango constitucional, no permiten juzgar a civiles por tribunales militares. Y no lo permiten, pues los militares actúan bajo reglas distintas a los civiles. Así, los delitos militares exigen el incumplimiento de deberes militares. Y los civiles no quedan sometidos a tales deberes.

Una advertencia final. De avanzarse en la fraudulenta constituyente, el marco constitucional señalado cambiaría, seguramente, a fin de afirmar que los civiles sí pueden ser juzgados por tribunales militares. La anunciada “constituyente militar” no es más que la pretensión de llevar a la Constitución la llamada “unión cívico-militar”, o sea, la inclusión de la sociedad civil en el ámbito militar (o más bien “pretoriano”). Esto implicaría la eliminación de todas las libertades civiles, sustituidas por deberes militares.

*Abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB