Juan Carlos Rey | Los tres modelos venezolanos de democracia en el siglo XX[1]

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Democracias mayoritarias y democracia consensual o pactistas

Si comparamos los tres sistemas políticos que podemos calificar como democráticos, que ha habido en Venezuela en el siglo XX [2], —a los que enseguida tendremos que añadir algún adjetivo, para precisar el tipo de democracia de la que se trata—, vemos que dos de ellos, el del “trienio adeco” (1945-48) [3], y el “chavismo” que se instaura a partir de 1999[4], aunque en muchos aspectos son muy diferentes, responden a un modelo de democracia mayoritaria, en el que el gobernante era exclusivamente el que había obtenido la mayoría de votos en las elecciones, y se relegaba o excluía del gobierno a las minorías. En cambio el sistema político que existió entre 1958 y 1999, respondía a un modelo que se suele llamar democracia consensual o pactista, en el cual las decisiones publicas importantes, no podían ser el resultado de aplicar el principio o regla de la mayoría, sino que debían contar con la aprobación de diversos grupos políticos y sociales, aunque fueran minoritarios[5].

En muchos países, como son la mayoría de los que analiza Lijphart[6], el modelo de democracia consensual o pactista estaba consagrado por el sistema normativo formalmente vigente (constituciones, leyes y demás normas jurídicas). Pero lo peculiar del caso venezolano es que tal modelo fue en gran parte el resultado de una serie de pactos o acuerdos celebrados entre el gobierno y diversos entes no gubernamentales (partidos y organizaciones económicas o sociales). Se trataba de pactos o acuerdos que no tenían un carácter jurídico, sino sólo político, y que no requerían ser escritos (aunque algunos de ellos lo fueron), pues podían consistiré en acuerdos informales e incluso tácitos, pero que no dejaban de ser obligatorios, porque en caso de violarlos el infractor podía sufrir serias sanciones políticas (por ejemplo, si el violador era el gobierno, podía sufrir una pérdida de legitimidad, con la amenaza de ser derrocado).

Mediante este nuevo sistema, que se estableció en Venezuela a partir de 1958, se pretendía superar las deficiencias que mostró la “democracia mayoritaria” del trienio 1945-48, que se caracterizó por ser sectaria y excluyente con las minorías que no pertenecían al partido hegemónico (AD), lo cual fue en gran parte la causa del fracaso del intento de implantar la primera democracia de masas en el país, que resultó inviable, de modo que el gobierno de Rómulo Gallegos, pese a haber contado con una amplia mayoría electoral, sucumbió sin apenas resistencia, ante un golpe militar que contó con el apoyo o la aceptación de lo partidos de la oposición y de importantes fuerzas sociales y económicas, numéricamente minoritarias, pero poderosas, que veían amenazados por el gobierno de AD no solo sus intereses, sino lo que creían que eran sus derechos. La acusación de la oposición fue que tal régimen, en vez de vez de ser una democracia mayoritaria, que gobernara para todos los venezolanos era en verdad una tiranía de mayoría (Puede verse Rey 1991: 338-341; 2009: 92-99).

En cuanto al “chavismo”, se implantó como un rechazo expreso y frontal al “puntofjismo” o “pactismo”, es decir a la democracia consensual anterior, pero también como una recusación de la democracia representativa, frente a la cual impuso una democracia mayoritaria, sin pluralismo político ni social, y con rechazo de los componentes necesarios para una “democracia formal”, a la que acusaba de ser una falsa democracia.

Podemos afirmar que aunque los tres sistemas políticos venezolanos que estamos examinando se caracterizan por formas de Estado y de gobierno que podemos calificar como democráticos —al menos porque sus respectivas constituciones proclamaban que la soberanía y el poder constituyente residían en el pueblo y que sus gobiernos debían ser elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto— los tres diferían en cuanto a sus respectivas formas de gobierno. Y aunque los tres sistemas políticos contaron con importantes apoyos por parte de distintos sectores, todos ellos también debieron soportar una importante oposición, distinta en cada caso, que negaba que fueran verdaderas democracias, y los consideraba como otras tantas formas impuras o aberradas de gobierno.

Pero además los tres sistemas diferían también en lo que cada uno de ellos entendía, desde el punto de vista político (distinto del punto de vista jurídico-constitucional), por el concepto pueblo, así como sobre la forma en que concebía que éste expresaba su voluntad.

Durante el trienio 1945-48, de acuerdo a la ideología entonces imperante, era considerado como pueblo la gran masa de a población que se expresaba fundamentalmente a través de AD (“el partido del Pueblo”), encargado de canalizar y organiza a esa masa. Se trataba de un partido hegemónico, único en el gobierno. Era una democracia que aunque en varios aspectos se inspiraba en ideas de procedencia roussoniana, se apartaba de las enseñanzas de ese autor en un aspecto clave: el papel fundamental que de acuerdo a AD desempeñaba ese partido, que justificaba la implantación de una verdadera partidocracia (partidocracia que en cambio no existió, contra lo que muchos creen, en el período 1958-1999). Pero en cambió, para Rousseau, en una verdadera democracia se debían prohibir los partidos, en tanto que facciones.

Durante la vigencia de la democracia pactista (1958-99) “el pueblo” entendido como masa informe y desorganizada, era según Rómulo Betancourt, una abstracción inexistente, que usaban los demagogos con fines subversivos. El pueblo democrático, en el que residía la soberanía, estaba formado por el conjunto de ciudadanos que se expresaba ordenadamente en las elecciones, y que hacía oír su opinión a través de los partidos democráticos y otros organizaciones sociales legales, dotadas de liderazgos confiables, que mantenían contactos permanentes con el gobierno y que disponían de cauces institucionales para acceder regularmente al Estado[7].

En el tercer caso, el chavismo, su ideología rechazaba la democracia representativa, y pretendía establecer en su lugar una “democracia participativa y protagónica”, prescindiendo de la mediación de los partidos. El pueblo, sujeto de la soberanía, era identificado como la masa chavista que mantenía contacto directo con su líder, participando en las grandes manifestaciones y concentraciones que se organizaban para aclamarlo. El partido que llevó a Chávez al poder, fue el MVR, un partido puramente electoral, mero instrumento logístico para las elecciones, pero que no fue un partido de gobierno, como más tarde pretendió serlo el PSUV.

En el caso del chavismo, el pueblo debía estar permanentemente movilizado (recuérdese que Chávez hablaba de que la suya era una “revolución permanente”), y dispuesto a votar cada vez que Chávez lo pedía, en comicios que en realidad eran actos de aclamación, pues el voto no significaba elegir alguna de las opciones electorales que se le proponían, sino proclamar la confianza y respaldo del pueblo a la persona de Chávez, o por el contrario su rechazo. Pues en muchas de las votaciones celebradas bajo tal sistema, los electores no sabían cuál era exactamente el contenido de las propuestas sometidas a votación, sino que sólo entendían que debían votar a favor o en contra de Chávez.

En realidad el pueblo chavista había transferido toda su soberanía al presidente, dando lugar a un gobierno unipersonal dotado de plenos poderes, en el que se había eliminado cualquier barrera o limitación institucional o legal a sus decisiones, de manera que era una verdadera monocracia autocrática.

Screen Shot 2015-09-07 at 8.48.38 AM Screen Shot 2015-09-07 at 8.50.56 AMLas dos democracias representativas y su funcionamiento en Venezuela

Pese las notables diferencias que existieron entre la democracia mayoritaria de masas del trienio 1945-48 y la democracia consensual pactista de 1958-99, lo cierto es que ambas fueron formas de democracia representativa, mientras que Chávez rechazó tal forma de gobierno, y propugnó, en cambo, lo que él llamaba una democracia participativa y protagónica. Veamos lo que esos términos significan, recordando el escrito de José Ortega y Gasset, quien en 1927 trazó en forma magistral y con nitidez insuperable, las diferencias y los posibles antagonismos entre en liberalismo y la de democracia[8].

La democracia representativa contemporánea constituye un intento de conciliación y síntesis de dos corrientes políticas no solo distintas sino, en ocasiones, antagónicas: el liberalismo y la democracia. La democracia responde a la pregunta ¿quién debe ejercer el poder político?. Y su respuesta es que debe gobernar el elegido por el conjunto de los ciudadanos. Con esto no se está refiriendo a la extensión que debe tener ese poder, sino sólo a quién debe ejercerlo. En cambio el liberalismo responde a un pregunta distinta: con independencia de quién ejerza el poder ¿cuáles deben ser sus límites?. Y la respuesta liberal es que el poder público, con independencia que lo ejerza el pueblo, un rey o una aristocracia, no puede ser absoluto sino que debe ser limitado, pues las personas tienen derechos que no pueden ser desconocidos por el Estado, de modo que la sociedad civil debe gozar de un ámbito libre de todo injerencia estatal. La democracia representativa, en cuanto síntesis de los dos principios, puede decirse que es un democracia liberal o un liberalismo democrático.

Para explicar en qué consiste la democracia representativa, así concebida, hay que responder a tres preguntas: ¿quién ejerce el poder público?, ¿cómo se ejerce el poder público? y ¿para quién (o en beneficio de quién) se ejerce el poder público?.

En la medida que estemos hablado de un Estado democrático (y por tanto, que el titular de la soberanía es el pueblo), la primera pregunta. relativa al ¿quién?, se refiere a la manera en que son seleccionados los gobernantes; y la condición mínima para su existencia es que sean seleccionados por el conjunto del pueblo, mediante elecciones libres, sinceras y realmente competitivas.

La segunda pregunta, relativa al ¿cómo?, se refiere al modo en que los gobernantes ejercen el poder público. Desde esta perspectiva, la democracia representativa exige que el poder no sea absoluto, sino que su ejercicio esté limitado a través de instituciones tales como la división de poderes, el reconocimientos de un conjunto de derechos fundamentales que el gobierno en ningún caso puede violar, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, etc. A través de estos mecanismos e instituciones, la democracia representativa se vincula con la idea de gobierno constitucional e incorpora los valores de libertad política propios del pensamiento liberal.

Ahora bien, no se puede olvidar que los valores democráticos, por un lado, y los liberales, por otro, son de naturaleza distinta y que en ocasiones pueden entrar en contradicción, de modo que lo que caracteriza a las democracias representativas reales es un intento de conciliación o compromiso entre ambos.

La democracia representativa, así entendida, fue la forma de gobierno tanto de la democracia de masas del periodo 1945-48, como de la democracia consensual de 1958-99. Pero durante el trienio adeco, en los casos en que presentaron conflictos entre los principios democráticos y los liberales, prevalecieron los primeros, incluso hasta poner en riesgo a los segundos; en cambio, bajo de la democracia consensual de 1958-99, ocurrió lo contrario, sacrificándose los principios democráticos en aras de proteger algunos derechos, que a veces no eran tales, sino simples intereses de las minorías.ías.

Los dos tipos de criterios, que hasta ahora he examinado (el quién y el cómo se gobierna), suponen que la democracia representativa es definida a partir de una serie de mecanismos, procedimientos e instituciones de naturaleza jurídica y política, que corresponden a lo que algunos llaman despectivamente “democracia formal”. Pero los mecanismos e instituciones a los que hasta ahora me he referido, para muchos no bastan para definir la democracia representativa, pues es necesario contestar una tercera pregunta, ¿para quién se gobierna?, que se refiere a quiénes son los beneficiarios de las políticas y decisiones públicas. Se supone que a través de las formas y de los procedimientos antes definidos, las políticas públicas y las decisiones colectivas que se tomen van a responder, en cuanto a su contenido, a los intereses del conjunto de la comunidad o pueblo. En este sentido, la democracia representativa requiere, como condición adicional para su legitimidad, que sea un gobierno en beneficio del pueblo.

Con esto me estoy separando de aquellas concepciones para las cuales existe una contradicción irresoluble entre la democracia formal y la democracia substantiva o material, y que están dispuestas a afirmar unilateralmente una de estas dimensiones en beneficio de la otra. Parto, en cambio, del supuesto de que para caracterizar adecuadamente a la democracia representativa deben tenerse en cuenta tanto sus procedimientos o aspectos formales (relativos a la forma de elegir los gobernantes, a los procedimientos para tomar decisiones y a los límites que éstas deben respetar), como sus aspectos sustantivos o materiales, relacionados con el contenido de tales decisiones. Ninguno de esos aspectos debe ser separado de los otros, y los tres deben complementarse, pues de no hacerlo el resultado será alguna forma de negación de una de las dimensiones fundamentales de la democracia representativa. Precisamente, lo que caracteriza a los dos variedades de democracia que prevalecieron en los dos periodos que hemos considerado (1945-48 y 1958-99), es que los gobernantes no se resignaron a un democracia puramente formal, sino que tanto por razones de índole deontológica como de tipo pragmático creyeron que la democracia debía ser capaz de satisfacer las aspiraciones de la mayoría de la población, pues sin ello lo podría subsistir.

La democracia mayoritaria del trienio 1945-48, dio más importancia al componente democrático (¿quién gobierna?) que al liberal (¿cómo se gobierna?, en el sentido de los límites del poder). Confiaba en que la voluntad de la mayoría, canalizada por partidos y organizaciones democráticas con líderes responsables, iba a satisfacer progresivamente las aspiraciones de la población. Pero de hecho, AD era el único partido de masas realmente existente en todo el país, y el que contralaba a la mayoría de las organizaciones sociales modernas, e instauró un gobierno exclusivo de un partido hegemónico, Se trataba de una partidocracia, en la que la dirección colectiva de AD era la que tomaba las principales decisiones, tanto cuando Betancourt fue Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, como cuando Gallegos fue Presidente constitucional de la República.

Varios miñitantes sectarios de AD mantenían la falsa creencia, que creían ser roussoniana, de que el “partido del pueblo”, por ser mayoritario, cuando tomaba las decisiones gubernamentales estaba expresando la “voluntad general”, de manera que el obedecerlas no sólo era jurídicamente obligatorio, sino también era un deber moral. De manera que no vacilaron en coaccionar a la oposición que se resistía a la mayoría, pues –para utilizar palabras de Rousseau- creían que había que “obligarles a ser libres”. Las minorías políticas que constituían esa oposición se sentían ahogadas por la aplastante superioridad electoral y organizativa del partido de gobierno, a la que unía su uso ventajista de las recursos del Estado, ante todo lo cual perdieron las esperanzas de poder superar electoralmente a AD algún día, por lo que apoyaron, o por lo menos, se sintieron aliviados con el golpe de Estado militar que puso fin al gobierno adeco.

En el caso de la democracia pactista de 1959-99, los principales líderes políticos, conscientes de que volver a intentar establecer una democracia puramente mayoritaria, como la del trienio, podía de nuevo llevar al fracaso de tal forma de gobierno, decidieron recurrir a la instauración una democracia consensual o pactista, mediante lo que he llamado un “sistema de conciliación de élites”[9], que debía funcionar simultanea y paralelamente al tradicional sistema de representación proporcional. De manera que además de la representación parlamentaria que las minorías obtuvieran, de acuerdo al sistema de representación proporcional, en proporción a sus votos en las elecciones, diversas minorías políticas, económicas y sociales, aunque no dispusieran de ninguna representación parlamentaria, o aunque no hubieran tenido derecho a participar en las elecciones, iban a ser consultados para participar en aquellas decisiones públicas que más podrían afectarlas, e incluso poder ejercer una especie de veto de hecho, en dichas en dichas decisiones,.

Pero el desarrollo de este sistema iba a llevar a que se instaurara en Venezuela una forma de “democracia” hiperorganizada y elitista, con serias limitaciones y fallas desde un punto de vista estrictamente democrático[10]. Se trataba de un sistema que iba a generar progresivamente una tendencia desmovilizadora y antiparticipativa, cuando no autoritaria. Por un lado, se propugnó que todas las demandas sociales deberían ser canalizadas a través de unas pocas organizaciones (partidos políticos y grupos de interés) consideradas “confiables”, pues se temía que de no ser así podían volverse incontrolables o inmanejables; de modo que se fortalecieron al máximo esas organizaciones supuestamente confiables, otorgándoles privilegios diversos e incluso insertándolas el sistema de decisiones del Estado a través de mecanismos de naturaleza semicorporativa. Simultáneamente, se desestimularon otras formas de participación distintas, que fueron vistas con recelo y sospecha, llegándose incluso, en ocasiones, a utilizar la represión contra ellas. Por otra parte, en el interior de los partidos políticos y de los grupos de presión considerados como confiables, se robusteció el liderazgo y se fomentó la pasividad de las masas, mediante una creciente ausencia de democracia interna.

Los rasgos negativos, que hemos señalado no se dieron plenamente desde 1958, cuando se inicio la nueva forma de régimen democrático, sino que más bien se desarrollaron como una tendencia progresiva. Pese a eso, el sistema fue capaz de mantener durante algunos quinquenios un nivel suficiente de satisfacción de las aspiraciones de la población, para que la mayoría de ésta pudiera mantener su confianza en la democracia representativa.

Durante ese tiempo, el papel principalísimo desempeñado por el Estado en el proceso desarrollo, la cuantía y la naturaleza de los recursos de los que él dispuso, y sobre todo la actuación de los partidos políticos y de las organizaciones sociales controladas por ellos (v. gr. los sindicatos), hicieron posible que el Estado se convirtiera en un amortiguador y atenuador de los conflictos sociales, que en vez de revestir la forma de lucha de clases, aparecían como demandas o disputas acerca de la distribución dirigidas al gobierno, y en las que no resultaba infrecuente la colusión entre grupos o clases sociales que de acuerdo con la perspectiva marxistas debían considerarse como antagonistas. En otras palabras: gracias a la acción distributiva del Estado, los posibles conflictos sociales eran encapsulados políticamente, por un lado, a través del sistema de partidos políticos y las elecciones; y, por otro lado, a través de los mecanismos de representación y participación semicorporativa, a los que ya me referí. De modo que las grandes diferencias socioeconómicas que existían no se expresaban en enfrentamientos políticos o en formas de votación o de militancia partidista.

La crisis y el debacle final de la democracia representativa

Tal como fueron ideados a partir de 1958, se suponía que los dos dispositivos que iban a asegurar la estabilidad del sistema político venezolano —me refiero, por un lado, al sistema de competencia electoral entre los partidos, basado en la participación de todo el pueblo; y por otro lado, al sistema consensual o pactista de conciliación de élites— iban a funcionar simultanea y paralelamente, complementándose, pues cada uno de ellos iba a satisfacer un conjunto de necesidades distintas a las del otro. El sistema de competencia partidista con elecciones, en el que los partidos, mediante sus programas y plataforma electorales, con ofertas de mejoras económicas y sociales para la mayoría de la población, se disputarían la preferencia de la ciudadanía, fue capaz de mantener durante años la confianza de la mayoría de ésta en que la democracia representativa era el medio adecuado para satisfacer progresivamente sus aspiraciones al bienestar. Pero por otro lado, el funcionamiento del sistema de conciliación de élites, mediante el cual se iba a garantizar los interese de éstas, en una forma privilegiada, frente al peligro del voto de la mayoría, iba a conseguir la adhesión de esas minorías poderosas al funcionamiento de la democracia representativa. Pero este segundo dispositivo —cuyo funcionamiento, al principio, se concibió como un tanto limitado y excepcional, y siempre sometido a la vigilancia y control democrático de los partidos en el Congreso— fue adquiriendo de hecho un dinamismo y una fuerza propia, desvinculándose del control partidista. Así ocurrió, por ejemplo, con el crecimiento descomunal de una administración pública descentralizada, que implicó el desarrollo de lo que he llamado un sistema semicorporativo privatizante (Rey 209a: 124-126) colocado bajo la autoridad exclusiva del Presidente, sin controles del Congreso ni de los partidos allí representados, con una participación privilegiada de esos sectores privados, que llegó a concentrar la mayor parre del gasto público del Estado, como ocurrió particularmente a partir de 1974, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (Rey 2009a: 288-290).

Podemos decir que los partidos venezolanos renunciaron a su responsabilidades políticas y constitucionales, a favor de los Presidentes de la República, cediéndoles muchos de sus derechos, y haciendo que los poderes de éstos fueran muy superiores a los de los jefes fe Estado o de gobierno de las mayoría de las democracias representativas. Además de estar liberados de la disciplina partidistas[11], los presidentes de Venezuela gozaban de poderes extraordinarios, debido a la situación de permanente suspensión de las garantías económicas que existió en el país en forma continua, prácticamente desde la segunda guerra mundial hasta la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. A lo cual habría que añadir las muy amplias leyes habilitantes que el Congreso, controlado por sus partidos, les concedieron en varias ocasiones a los presidentes, y que en algunos casos equivalieron al otorgamiento de una especie de “carta en blanco”.

De esta manera, los presidentes venezolanos fueron, en la práctica, políticamente irresponsables, pues por una parte, la prohibición constitucional de su inmediata reelección, impedía que el electorado a través de un posible “voto castigo”, pudiera hacer efectiva dicha responsabilidad, sancionándoles e impidiendo su reelección. Pero, por otra parte, al ser liberados de la disciplina partidista, los presidente eran irresponsables ante su propio partido, que no podía sancionarle por no cumplir el programa electoral aprobado por el propio partido, o por no obedecer las directrices que éste tratara de imponerle.

Cuando somos testigos de un derrumbe del sistema de democracia representativa, como el que experimentó Venezuela a fínales del siglo XX, se impone indagar acerca de sus causas. Se suele decir, con razón, que sin partidos políticos no es posible que funcione una democracia. Pero no es menos cierto que con partidos con las característica que tuvieron los venezolanos durante los años finales del puntofijismo, tampoco es posible dicho funcionamiento.

Según una tesis que ha alcanzado bastante aceptación, la causa principal de la crisis, de la decadencia y del final desplome de nuestra democracia representativa fue el comportamiento de los partidos políticos, que en vez de haber sido unos instrumentos al servicio de los ciudadanos, usurparon el poder que debía corresponder a éstos, estableciendo una forma de gobierno al servicio de tales organizaciones y de los políticos profesionales que las controlaban, de forma tal que en vez de una democracia lo que implantó finalmente en Venezuela fue una partidocracia. Así, uno de los más reputados especialistas en el análisis jurídico institucional del Estado venezolano, que puede ser considerado como uno de los exponentes con más prestigio de la tesis mayoritaria sobre este tema, al referirse a la crisis por la que estaban atravesando todas las instituciones públicas y privadas del país, decía: “Los responsables de la crisis institucional, sin la menor duda, hay que repetirlo una y otra vez, son los partidos políticos” (Brewer Carías 1988: 41); y llegó a afirmar que nuestra democracia degeneró en una partidocracia, pues “ha dejado de ser el gobierno del pueblo y para el pueblo y se ha convertido en un gobierno, no sólo de los partidos, sino para los partidos” (Brewer 1985: 57). El profesor Brewer basaba tales afirmaciones en su creencia de que los partidos políticos venezolanos eran los autores –y por tanto los responsables– de la mayoría y de las más importantes decisiones del Estado venezolano, sosteniendo la idea simplista y errónea de que el nuestro era un “Estado de partidos”, como decía uno de sus libros (Brewer 1988: 9).

Pero esta tesis adolece de dos serios errores: por una parte, desde un punto de vista empírico, desconoce la forma en que efectivamente se habían tomado la mayoría y las más importantes decisiones públicas en el sistema político a partir de 1958. Pero desde un punto de vista teórico, no tenía en cuenta las funciones relacionadas con la responsabilidad política de los partidos políticos modernos de masas, ni los requisitos necesarios para que tal responsabilidad pueda ser efectiva. Como he demostrado en varias de mis obras, y como acabo de recordar, la verdad es que después de 1958, los partidos políticos venezolanos renunciaron a sus derechos políticos y constitucionales a favor del Presidente y permitieron que se desarrollada un poderoso sistema de administración descentralizada, sin controles del Congreso (y por tanto sin control de los partidos allí representados), en la que tuvieron una representación y participación privilegiada, para ciertas decisiones del Estado, diversos grupos privados (empresarios, trabajadores, profesionales diversos, etc.). Por tanto, hablar de partidocracia es inapropiado, y en atención a los factores que hemos considerado, la responsabilidad de nuestros partidos políticos, que sin duda la tuvieron, fue más bien por omisión que por acción.

Pero por otra parte, el segundo error al que al principio nos referíamos consistió en que no se estudió seriamente las fallas en el funcionamiento del sistema de partidos, que fueron las causas de su falta de responsabilidad política, con el fin de tratar de corregirlas. Se ignoraron en que consistían las virtudes de la democracia representativa y los requisitos que debían cumplir los partidos para que pudiera hacerse efectiva. Partiendo de la idea simplista de que la fallas de los partidos y de los políticos profesionales se debían a sus defectos personales, tales como su incompetencia o a su falta de virtudes, lo achacaron a la mediatización ejercida por los partidos políticos, y al sistema electoral imperante, en el que votación se hacía a favor listas de cerradas y bloqueadas, elaboradas por las directivas de los propios partidos, de modo que, por una parte, se coartaba la libertad del elector para elegir al representante de su preferencia, y por otra parte, los elegidos no se sentían obligados hacia el elector, sino sólo hacia la directiva del partido, pues era a ella a quien debían el puesto. La solución más tosca y simplista, que muchos propusieron fue eliminar a los partidos como intermediarios entre el elector y su representante, para establecer, en cambio, una relación directa entre ambos. Con ello se pretendía que la democracia representativa se basara únicamente en la responsabilidad política personal del representante individual, desconociendo la necesidad de afirmar, afianzar y fortalecer la responsabilidad política, institucional y colectiva de los partidos, que pareciera serles totalmente desconocida[12]. Se trataba de explicar la falta de responsabilidad personal de los representantes elegidos, por la interferencia que ejercían los partidos políticos, pero no se era capaz de dar razón del fenómeno más grave e inquietante: la falta de responsabilidad institucional y colectiva de los partidos a los que los elegidos pertenecían, que es el elemento esencial que debe considerarse cuando se trata de elecciones plenamente democráticas con partidos de masas.

De modo que en lugar de indagar cuáles eran las fallas en el funcionamiento del sistema de partidos, para tratar de corregirlas, consideraron simplemente que los partidos políticos eran el obstáculo o interferencia que había que eliminar para que la responsabilidad política personal de los gobernantes funcionara adecuadamente. Se trataba de eliminar las funciones de los partidos como intermediarios entre el elector y el representante, para establecer, en cambio, una relación directa entre ambos.

Pero esto, aplicado al caso del Presidente de la República, en vez de solucionar los problemas de nuestra democracia representativa, tendía a agravarlos, fortaleciendo el ya muy desarrollado personalismo presidencial. En este sentido el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, aunque puede parecer –como lo fue desde cierta perspectiva– una reacción contra la situación anterior, representó la continuación y el agravamiento del personalismo presidencial, ya muy marcado durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez y que persistió durante la siguiente de Rafael Caldera.

Pero sobre todo faltó una adecuada comprensión de las ventajas de la democracia representativa, sobre cualquiera otra forma de gobierno, y cuyo mérito no consiste, en ningún caso, en garantizar que los elegidos mediante los votos se destaquen por sus altas cualidades morales e intelectuales. Su ventaja única, consiste en que mediante un adecuado funcionamiento de los mecanismos que le son propios, los representantes electos, sin necesidad de exigirse de ellos virtudes extraordinarias o especiales, sino sólo por su interés racional y utilitario, cabe esperar que traten de cumplir con su responsabilidad política, que consisten, ante todo, en cumplir con las promesas u ofertas que hicieron al electorado, pues de no hacerlo éste le desplazará del puesto público que ocupan cuando tenga la primera oportunidad de hacerlo. Es por esto que con una democracia representativa, en igual de otras circunstancias, aumentan considerablemente las probabilidades de que los representante electos vayan a satisfacer su responsabilidad política, que consiste ante todo en cumplir con sus promesas y ofertas electorales.

Pero para que funcionen los mecanismos necesarios para que la responsabilidad política sea efectiva, se necesita que el sistema de partidos cumpla con un conjunto de requisitos que han faltado en Venezuela, y que aquí no podemos desarrollar, sino simplemente enunciar.[13]

Hace falta unos partidos responsable, no populistas, dotados de una organización y de una ideología apropiadas, con una disciplina partidista, pero al mismo tiempo con democracia interna, con un sistema de libre competencia electoral entre ellos, sin monopolios ni duopolios jurídicos ni de hecho (y este último fue el caso venezolano), con libre acceso a tal competencia de cualquier otra organización política que aspire a participar en ella.

Si se dan todas estas condiciones, las elecciones sucesivas y la alternabilidad que de ellas puede resultar se convierten en un mecanismo semiautomático que premia el cumplimiento y castiga el incumplimiento de las ofertas electorales y hace efectiva, de esta manera, la responsabilidad política frente a los electores. Pues si los candidatos de un partido defraudan a los electores, y el partido ha sido incapaz, mediante el uso de su disciplina interna, de corregir esa falla, la democracia interna que también ha de existir en el mismo, debe ser capaz de producir un cambio en los próximos candidatos, pero también en los dirigentes del partido, en sus programas, o incluso de todos ellos. Si el partido continúa defraudando a sus electores, estos podrán decidir votar en las próximos comicios, por los candidatos de otro partido. Pero si todos los partido existentes también les defraudan, el libre acceso a las elecciones permitirá que surjan partidos nuevos que conquisten el favor de los ciudadanos y desplacen a los antiguos. De esta manera se asegurará, al menos a mediano o a largo plazo, un cierto equilibrio mediante el cual se tenderá a satisfarán las preferencias de los votantes.

Desde los orígenes del sistema democrático, en 1958, y durante muchos años la mayoría de los ciudadanos confiaron en su voto en las elecciones, como el instrumento adecuado para hacer que el gobierno se interesase en resolver sus problemas, y pusieron sus esperanzas en que la competencia electoral entre partidos, era la herramienta adecuada para hacer efectiva la responsabilidad política de los representes electos y así lograr el mejoramiento progresivo, tanto colectivo como personal.

Pero poco a poco, con el transcurso del tiempo, se fue generando un sentimiento creciente de que los diferentes gobiernos eran incapaces de responder a los deseos y demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo se desarrolló en éstos una sensación de que eran impotentes para influir en las decisiones gubernamentales, dando lugar a una progresiva frustración.

El sentimiento de crisis de nuestra democracia representativa se inició, asociada a las denuncias sobre la corrupción política, desde finales de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, pero al principio se desarrolló en gran parte en forma latente o larvada, para estallar en forma espectacular al inicio de su segunda presidencia, con el caracazo del 27 de febrero de 1989 y las constantes movilizaciones de protesta que le siguieron y que prepararon al ambiente para los dos intentos de golpe de 1992.[14]

El sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa, que era común en muchos ciudadanos, se manifestó en un consideraba aumento de la abstención electoral, que siempre había sido baja en Venezuela, y que cuando más había subido, en 1988, sólo había alcanzado el 18 por ciento, pero que llegó a ser en 1993 de cerca del 40 por ciento, y en las votaciones para el Congreso en 1998 de 45,6 por ciento.

Pero la crisis se concentró en un rechazo de los partidos y de los políticos profesionales. Así desde 1993, el número de votos de los partidos tradicionales sufrió un dramático descenso, pues AD que había obtenido una cómoda mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de 1983 (55,4%) y de 1988 (52,8%), en cambio en las de 1993 sólo obtuvo el 23,2%, y en las de 1998 un insignificante 9%. En cuanto a COPEI que en las elecciones de 1983 había obtenido el 32,6% y en las de 1988 el 40,1%, había descendido en las de 1993 al 22,1% y en las de 1998 a un ridículo 2,2%.

Además, según diversas encuestas, las personas que se identificaban como militantes o simpatizante de partidos políticos, que en 1973 eran el 49 por ciento, descendieron en 1983 al 38 por ciento, y sólo llegaron al 28 por ciento en 1992 (Rey 2009a: 258).

Las evaluaciones de las que disponemos para el conjunto de los partidos, correspondientes a la primera mitad de la década del 90, son impresionantes por lo negativas[15]. Según una encuesta de Gaither, en 1991 el 65 por ciento de los encuestados opinaba que los partidos políticos no servían para nada y sólo el 28 por ciento pensaba que eran “la mejor vía para aliviar los males de Venezuela” En otra encuesta, levantada por el Instituto de Estudios Políticos de la UCV en 1992, mientras el 51,8 por ciento de los encuestados se mostraba de acuerdo en que las partidos eran necesarios y debían mantenerse, el 41,8 por ciento estaba en desacuerdo; y en la misma encuesta, mientras que el 48,9 por ciento creía que no puede haber democracia sin partidos, un porcentaje casi igual (47,5 por ciento) estaba en desacuerdo

En otra encuesta a escala nacional, a finales de 1994, cuando se les preguntó a los venezolanos si consideraban necesarios los partidos políticos, sólo el 53 por ciento de los encuestados contestó afirmativamente, mientras que el 43 por ciento lo negó. En la misma encuesta, a la pregunta de ¿por qué quieren los políticos llegar al poder?, el 72,4 por ciento respondió con visiones francamente negativas (según el 58,6 por ciento para robar; de acuerdo al 4,0 por ciento para enriquecerse; y para el 9,8 por ciento para defender sus propios intereses). Además, el 70,7 por ciento estaba dispuesto a aceptar que en caso de un conflicto entre el Presidente y los parlamentarios, el Jefe de Estado disolviera el Congreso y gobernara por decreto; mientras que sólo el 19,8 por ciento se opondría. Y, por si esto fuera poco, el 80,9 por ciento prefería que el pueblo fuera consultado directamente sobre cuestiones básicas, en vez de dejar que las discutan los parlamentarios; mientras que sólo el 13,3 por ciento preferiría que lo hicieran los parlamentaros

Todos los datos anteriores demostraban que la opinión pública venezolana cuestionaba seriamente ya no sólo a los partidos y a los políticos profesionales, sino a la misma democracia representativa. En todo caso, hacia mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, casi la mitad de los electores creían que era posible una democracia sin partidos políticos y la democracia representativa estaba en grave peligro.

Este fue, a grandes rasgos, el panorama general que hizo posible el éxito electoral del chavismo

Screen Shot 2015-09-07 at 9.00.44 AMLa democracia participativa y protagónica chavista

Desde Chávez fue un militar activo e intentó su fallido golpe de Estado en 1992, la única “democracia” que le interesaba era una forma de gobierno en la que lo importante era quiénes iban a beneficiarse de las políticas gubernamentales, es decir, el contenido material de las decisiones públicas. En cambio despreciaba la llamada “democracia formal”, a la que consideraba como una farsa. Para justificar su intento de golpe de Estado, anunciaba que el gobierno que se iba a implantar si triunfaba, iba a ser el más democrático que se había conocido en toda la historia de Venezuela, porque las políticas que se proponía desarrollar iban a esta destinadas a favorecer a las clases mas numerosas y en peor situación económica. Con tal fin se proponía llegar el poder por medio de un golpe de Estado, desalojando a quienes lo ocupaban en virtud de elecciones democráticas, para gobernar por medio de un Comité de Salud Pública, que dispondría de plenos poderes, con un estilo del gobierno que se inspiraba en el del Terror durante la Revolución francesa.

Años después, ocupando ya la presidencia que había logrado conquistar mediante elecciones democráticas, iba a insistir en que la democracia popular bolivariana, que él proclamaba, y a través de la cual pretendería realizar el modelo de la democracia participativa y protagónica que se consagraba en la nueva Constitución e iba a sustituir a la democracia representativa, era un gobierno que se caracterizaría por el contenido material de sus políticas, sin los componentes de la llamada “democracia formal”. Pues Chávez insistía en la que la verdadera la democracia debía definirse —según él, de acuerdo a las enseñanzas de Bolívar— como el gobierno que “produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Es decir, se trataba de una “democracia” puramente material, en la que lo que importaba era el resultado de sus políticas, su contenido, sin tener en cuenta para nada lo requisitos institucionales y formales relativos a cómo obtener el poder y a la forma y las limitaciones de su ejercicio (Rey 2005: 167-177).

Pero sus reflexiones en la cárcel sobre el fracaso de su intento de golpe de Estado como una operación exclusivamente militar, le hicieron comprender la necesidad de que para conquistar el poder, aunque no fuera por medio de elecciones, en cuya legitimidad no creía, y para poder ejercerlo con éxito, debía contar con el apoyo popular. Antes del golpe de Estado su actitud ante el pueblo era la típica de los déspotas ilustrados: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Pero una vez convencido por los viejos líderes de la izquierda tradicional venezolana (como Luis Miquilena o José Vicente Rangel), de las grandes posibilidades que tenía de triunfar electoralmente, y al palpar en la calle el apoyo popular con el que contaba, se decidió a competir en las elecciones de 1998.

Su triunfo electoral fue impresionante, pues participando con un nuevo partido puramente electoral, creado sólo con ese propósito, y compitiendo con los grandes partidos masas tradicionales, obtuvo un porcentaje de votos mayor al que cualquier otro presidente había obtenido desde 1958. Como se confirmó en elecciones sucesivas, su triunfo se basaba en una relación directa, sin intermediarios, entre el pueblo y el líder, pues el papel del MVR se limitaba a darle apoyo logístico. Frente a la democracia representativa, que precisaba de la intermediación de los partidos políticos, Chávez iba a instaurar una nueva forma de democracia más directa, que en realidad no destruía la institución de la representación, ni establecía una verdadera democracia directa, pues lo único directo era la relación entre el pueblo y el presidente, para la cual no se consideraba necesario un partido de masas que la mediara. La idea de la representación no se eliminaba, porque el pueblo no tomaba las decisiones por sí mismo sino las delegaba en el presidente como su representante, de modo que el supuesto “protaganismo” popular se reducía a aclamar al líder durante los mítines que se celebraban constantemente, para que se mantuvieran vivas las relaciones directas y emocionales de las masas con él. Las masas también participaban en las frecuentes actos de votación, que en realidad no eran verdaderas elecciones en las que tuviera que elegir entre políticas alternativas, sino especies de referendums o actos de aclamación, pues frecuentemente los votantes no sabían cuál era el significado preciso de su voto, pues no tenían la oportunidad de reflexionar sobre el texto que se le sometía a consulta, y que en muchas ocasiones ni siquiera habían tenido tiempo para leerlo, dada su extensión. De esta manera la consulta se reducía a que el ciudadano manifestara su adhesión y confianza hacia a Hugo Chávez, o por el contrario su repudio.

Una vez que el pueblo lo eligió como presidente, a Chávez le gustaba decir y repetir con cada nuevo triunfo electoral, que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Pero ese pueblo proclamaba, a su vez, que “la voz de Chávez es la voz del pueblo”[16], y el mismo presidente Chávez, en el colmo de su exaltación ególatra, inspirándose en palabras de Gaitán, un antiguo líder populista colombiano, reaccionó airadamente cuando un veterano dirigente del Partido Comunista, que había osado criticar el excesivo personalismo del Presidente, llegó a decir:

“[E]xijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo, yo soy un pueblo, ¡carajo!, no soy un individuo, yo soy un pueblo y al pueblo se respeta y yo estoy obligado a hacer respetar al pueblo que amo y al que le daré toda mi vida”.[17]

Pero si era cierto que la voz del pueblo era la voz de Dios, y también lo era que la voz de Chávez era la voz del pueblo, la conclusión del silogismo apenas implícito era evidente: la voz de Chávez era la voz de Dios.

En todo caso, el pueblo, cuya voz era la de Dios, y por consiguiente no podía equivocarse, había elegido a Chávez por sus extraordinarias cualidades de todo tipo, confiando plenamente en él y cediéndole los poderes soberanos de que en principio habían pertenecido a ese pueblo. El pueblo no expresaba su voluntad a través de acuerdos y compromisos, en los que participaban intereses diversos, sino como la expresión de la voluntad unitaria, de un solo sujeto de la soberanía popular homogéneo, que era la mayoría chavista. Se trataba de un intento de conciliación de la soberanía popular y la cesión de la misma a un caudillo, que es lo que ha recibido el nombre de bonapartismo.

Muchos ciudadanos se negaron a considerar tal gobierno como democrático, porque desconfiaban del pasado golpista de Chávez, del que nunca se arrepintió, sino por el contrario, lo reivindicó, celebrando el aniversario anual de su intento de golpe de Estado con un desfile militar, y convirtiéndolo en una fecha de conmemoración patriótica. Pero además, se negaban a considerarlo como realmente democrático por sus acciones y decisiones en la presidencia de la República, que hacían que a su legitimad de origen no le acompañara una legitimidad en el ejercicio de la presidencia. En efecto, Chávez de acuerdo a su creencia en una democracia puramente material o de contenido, fue eliminado todas las formas, procedimientos e instituciones políticas y jurídicas que limitaban los poderes del gobernante y que servían para preservar la libertad de los ciudadanos, con el pretexto de que gracias a esa supresión contaría con los poderes que le permitirían tomar toda suerte de medidas e implementar políticas cuyo resultado iba a ser una mayor justicia y bienestar para el pueblo. Lo cual significaba un peligro tanto mayor cuando mayores fueran las esperanzas que el pueblo pusiera en la persona de Chávez. Y cuando se llegó a proclamar que la misión de su gobierno consistía en instaurar “el Reino de Dios en la Tierra” —como Chávez aseguró ávez proclamó en varias ocasiones[18]— los poderes a los que iba a aspirar y los sacrificios que podría exigir al pueblo no tendrían límites, y el camino hacia el totalitarismo estaría despejado. Si queremos continuar usando el nombre de democracia para este tipo de régimen, habría que precisar que se trata de lo que ha sido llamado una democracia totalitaria (Talmon[1965])

Pero a diferencia de sus opositores más extremos, que no vacilaban en considerar al gobierno de Chávez como una dictadura o tiranía, o incluso en el extremo como una forma de totalitarismo, había otros que aunque estaban de acuerdo en que el gobierno de Chávez no era una democracia, sin embargo, respetuosos con el hecho de que había llegado al poder y se había mantenido en él mediante sucesivos triunfos electorales, y en atención también a que la represión que ejercía contra sus opositores no alcanzaba la magnitud e intensidad de las peores dictaduras conocidas por los venezolanos, preferían no conceptuar tal gobierno con términos que consideraban extremos, y preferían emplear alguna suerte de eufemismo, para calificarlo como autoritario, neopopulista, militarista, cesarista, absolutista, etc. Desde ese punto de vista, uno de los calificativos que considero más adecuados para el gobierno de Chávez, en atención a una de sus características más notables, es el de bonapartismo, porque se refiere a su intento de conciliar y unificar los dos rasgos, en principio contradictorios que lo caracterizan: me refiero a la autocracia, unida a un entusiasta apoyo popular. A diferencia de las dictaduras más tradicionales, que se ejercían principalmente mediante el control de los instrumentos clásicos de poder, como son el ejército, la policía, la cárceles, etc., el bonapartismo cuenta como importante instrumento para el control el apoyo popular, lo cual hace que no tenga necesidad de usar con tanta intensidad, los instrumentos clásicos de represión, aunque, sin duda, los posee y acumula en gran cantidad y no vacila en emplearlos cada vez que cree necesitarlos.

Con Chávez estamos ante un ejemplo clásico de bonapartismo, de acuerdo al modelo que describió Robert Michels. El comandante se jactaba de que su poder residía pura y simplemente en las masas, cuando en realidad era una autocracia personal, una monocracia, aunque conferida por el pueblo. Se trataba de un dominio individual, en cuyo origen estaba la voluntad de la mayoría que se suponía soberana, pero que después de haber elegido a Chávez, éste se hizo independiente de tal voluntad, pues mediante la manipulación de las masas, en vez de ser éstas las que decidiera sobre las políticas, se limitaban a aclamar la líder, que era el verdadero soberano. Para utilizar la expresión que utilizó Edouard Laboulaye en casos similares, se trataba de un caso de “democracia personificada, [o de] la nación hecha hombre”. O como dijo Michels, lo que caracteriza al bonapartismo es un intento de síntesis de dos conceptos antagónicos: la democracia y la autocracia, pues se basa en la delegación y abdicación por parte del pueblo del ejercicio directo de su poder. Mediante ella “se da a las masas la ilusión de ser el amo de quien en realidad es el verdadero amo” (Michels [1969]: 17-25).

¿Hacia el totalitarismo?

Tomando en cuenta las leyes y las demás políticas aprobadas por Chávez, sobre todo a partir de 2007, se puede considerar que su régimen no sólo no era una democracia, sino que fue un intento no consumado de implantar un sistema totalitario.

Franz Neumann ha señalado que existe una diferencia notable entre un régimen bonapartista y un régimen totalitario, pues este último, además contar con el monopolio de la coerción y el respaldo popular, como ocurre en el bonapartista, necesita “controlar la educación, los medios de comunicación y las instituciones económicas y engranar así el conjunto de la sociedad y de la vida privada del ciudadano con el sistema de dominación política” (Neumann [1968]: 221).

En realidad, Chávez siempre aspiro a tener ese control total sobre la sociedad. Desde el principio concibió su revolución como un cambio integral, que suponía mucho más que la conquista de todos lo poderes del Estado, e iba más allá de un cambio de la Constitución. Ya en vísperas de las primeras elecciones presidenciales en las que fue el ganador, afirmaba tener un concepto integral de revolución. Según sus palabras, mediante su revolución se iba a producir un cambio radical y total del modelo político, económico, social, etc. del patraña﷽﷽﷽﷽﷽raís, y que ennciales,ceaoosa y estabke partido, o no sebuñia las i dcaciones de ñeste. parte, ñia de lamayor mñas le ís, que abarcaría todas las dimensiones de su vida, y que entrañaría, además, una revolución moral y cultural (véase su entrevista con Blanco 1998: 115).

Pero entre quienes han estudiando el pensamiento político de Chávez, y sostienen que se trata de una forma de totalitarismo, se discute si responde a un modelo totalitario fascista o más bien a uno de tipo comunista, y mientras sus críticos izquierdistas tienden a considerarlo un totalitarismo de tipo fascista, los de derecha o conservadores creen, mas bien, que responde a un modelo comunista. En realidad ambos tipos de críticos pueden señalar a algunos rasgos del “chavismo” acordes son sus respectivas apreciaciones. Sin embargo creo que no toman en cuenta la influencia que ha ejercido sobre Chávez, sobre todo en sus primeros tiempos como presidente, pero que nunca llegó a abandonar, un tipo de pensamiento propiamente militarista, que determinó su peculiar visión de la forma en que concebía el orden político y social ideal. Me refiero a los aspectos de su pensamiento que podemos llamar holistas o totalistas, y que no se deben a una influencia marxista ni mucho menos hegeliana, sino a una peculiar concepción militarista, según la cual la forma ideal de organizar el Estado y la sociedad era integrando ambos en una sola unidad coherente y homogénea, que debía responder a un interés común, bajo un único comando superior, y al servicio de la movilización total de la Nación, para hacer frente a una posible guerra total contra de sus enemigos internos y externos. La necesidad de tal movilización no toleraba la existencia de conflictos internos, que eran considerados como procesos patológicos, resultados de la existencia de intereses particulares contradictorios inadmisibles y que había que eliminar. Se trataba de ideas inspiradas en las concepciones de guerra total y movilización total, que exigía el desarrollo de una política total, y para poder llevarla a cabo, la instauración de un Estado total. Eran conceptos desarrollados en Alemania tras la experiencia de la primera Guerra mundial, por Ernst Jünger y Erich Ludendorff, que anunciaban el futuro Estado totalitario de Hitler[19].

Pero hay una diferencia esencial entre el Estado total o la política total de Ludendloff, que probablemente sirvieron de inspiración a Chávez, y los totalitarismos comunista o fascista. La política total de Ludendorff no podía ser obra de ningún partido —pues todos ellos eran considerados, más bien, como obstáculos para su realización— sino que se debería desarrollar bajo la dirección total del comandante militar supremo, a cuyas disposición debían estar todos los poderes estatales y sociales, que él iba a dirigir con criterios militares, subordinando a los mismos las consideraciones de carácter político. Los políticos profesionales cuya existencia se podía permitir, debían estar totalmente subordinados al comandarte en jefe. Lo cual era muy distinto de los casos de los regímenes comunistas o fascistas, que fueron dictaduras de un partido totalitario, pues aunque asumieron los rasgos de un gobierno personalista, lo que legitimaba al dictador esa su carácter de ser el máximo líder del partido. En los totalitarismos fascista o comunista los criterios de dirección eran políticos, y a ellos se subordinaban los militares, de manera que el supremo líder político era el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el máximo estratega militar. El partido político disponía de una rígida jerarquía y un fuerte disciplina, que podía incluir al uso de uniformes y una cierta “militarización”, lo cual provocaba conflictos con los militares de carrera, que veían en los militantes partidistas unos competidores y temían que les podían llegar a desplazar. Pero, en general, lo que predominaba en el partido eran los criterios políticos, y a ellos se subordinaban los militares.

Junto a la idea de movilización total, la concepción totalista de la sociedad de Hugo Chávez se reflejaba claramente en las ideas esbozadas por primera vez en el Programa de Gobierno que presentó al electorado para su reelección en el año 2000. Recién aprobada la nueva Constitución, Chávez acudió el electorado para que éste le ratificara su apoyo como presidente, bajo las nuevas condiciones de ampliación de sus poderes establecidas en la Constitución, la cual iba a proporcionarle el marco en el que podía desarrollar su proyecto revolucionario. En dicho Programa se delineaba un proyecto de ingeniería social holística y utópica, en el sentido criticado por Popper (1961: 69-117), a través del cual se pretendía modificar radicalmente no sólo el aparato institucional del Estado venezolano, sino también la estructura social y cultural del país. El medio para ello era crear, a partir de ciertas organizaciones y grupos sociales, que serían su base, un complejo sistema de redes y círculos sociales, mediante los cuales “la sociedad política es reabsorbida por la civil”.

El propósito declarado por el presidente era realizar la utopía revolucionaria, superando el conflicto entre dirigentes y dirigidos, pues los propios ciudadanos organizados en las redes iban a asumir las funciones púbicas y harían que fueran inútiles las estructuras tradicionales del Estado, que tenderían a desaparecer. Aparentemente se trataba de la reformulación de una vieja utopía, que se origina en Saint-Simon y que fue desarrollada después por Engels y los marxistas, la utopía de que el Estado sería absorbido por las sociedad hasta desaparecer, cuyo uso por parte de Chávez se explica por la presencia de varios ideólogos marxistas-leninistas (muchos de ellos antiguos militantes comunistas), entre sus asesores. Pero en realidad se trataba de una deformación de aquella utopía, pues lo que en verdad se pretendía era lograr un control totalitario del Estado sobre la sociedad.

En efecto, de acuerdo a los diseñadores del proyecto, las redes sociales, que iban a ser las nuevas estructura en que se iba a fundir la política y la sociedad, constituirían una organización integral y una integración de todos los sistemas sociales para la articulación de políticas y estrategias gubernamentales, mediante las cuales se aspiraba a conseguir “la organización, articulación y coordinación de todos los componentes de la sociedad y sus recursos, a través de coordinaciones integrales, que integran a todos los sectores sociales”.[20]

Pero cuando Chávez planteaba este proyecto, en Venezuela ya existía una gran variedad de asociaciones o grupos sociales, muy heterogéneos, organizados en todos a ámbito sociales no sólo los tradicionales (como eran los sindicales, empresariales, profesionales y educativos), sino también en el ámbito de las comunidades, como por ejemplo las juntas de vecinos, los comités de salud, los comités de tierras, los clubes deportivos y culturales, las asambleas populares y los diversos colectivos (de docentes, de padres, de obreros, religiosos, etc.). Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a aceptar esa manera de organización de la sociedad venezolana, pues alegaba en su contra dos razones: por un lado, acusaba a muchas de la organizaciones existentes de ser oligárquicas y antidemocráticas; por otro lado, denunciaba la falta de organización por parte de los grupos mas pobres y con menor cultura, donde estaban los mayores y más fieles seguidores de Chávez. Por tanto la construcción de las redes sociales no se podía basar en las organizaciones sociales existentes, sino que el gobierno se proponía transformarlas o crear otras nuevas. Así en el Programa de Gobierno de 2000 de Chávez como presidente, se señalaba la necesidad de “la democratización de los organismos de intermediación entre la sociedad y el Estado”, entre los cuales se incluían “las asociaciones gremiales, las ONG y organizaciones de intereses”, y para lograr tal fin se proyectaba desarrollar “un sistema de leyes en las que se estipulen los términos de la democratización de estos organismos de intermediación, que evite, que limite, la tendencia a la oligarquización de las organizaciones voluntarias”. La idea fue recogida en el ya citado Proyecto Educativo Nacional, según el cual era necesario que el mismo tipo de normas y controles que la Constitución establecía para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones públicas y para regular las relaciones entre los electores y los elegidos “deben normar todas las estructuras organizativas de la sociedad civil: sindicatos, gremios, asociaciones, ONGs”. Lo que quería decir que el gobierno consideraba que él, a nombre del Estado, tenía el derecho a reconocer o no reconocer la existencia de las organizaciones sociales de base, y, en general, de las asociaciones privadas; y que también tenía derecho a regular la forma de organización y funcionamiento interno de tales organizaciones.

Pero además, amparándose en la norma constitucional que obligaba al gobierno a “facilitar las condiciones más favorables para la participación del pueblo” en las funciones públicas, se autorizaba a crear desde la Presidencia de la República, con los recursos de la misma y bajo su directa dependencia, nuevas organizaciones sociales, de las cuales los círculos bolivarianos fueron el caso más conocido.

El otro instrumento que trató de usar Chávez para el control social, fue la antigua idea de movilización total y permanente para la defensa nacional, que volvió a gozar de fortuna en relación con un nuevo tipo de guerra, que a diferencia de la “guerra total” de Ludendorff, ahora se iba a llamar —de acuerdo a las modas cambiantes en el mundo del pensamiento estratégico y a las preferencias políticas— “guerra asimétrica”, “guerra de cuarta generación”, “guerra de liberación nacional” o “guerra popular”.

En un importante discurso ante una multitud congregada en la Avenida Bolívar el 16 de mayo de 2004[21], Hugo Chávez, proclamó solemnemente que la revolución bolivariana había entrado en una nueva etapa, la etapa antiimperialista, lo cual obligaba a plantear tres líneas estratégicas necesarias para darle forma al concepto de defensa integral de la Nación, que según el Presidente ya estaba incluido en la Constitución de 1999, pero que hasta ese momento no se había hecho efectivo. Y el propio Chávez, un año después, proclamó la necesidad de incluir la “estrategia de guerra asimétrica como una técnica existente de defensa de la soberanía de nuestro país, y la organización comunitaria para la defensa y seguridad del Estado”[22].

Dicha estrategia estaba compuesta de varias líneas, la primera de las cuales era el fortalecimiento del componente militar convencional o tradicional de la República, lo cual suponía un aumento del contingente de la Fuerza Armada y de sus equipamiento, con gastos cuantiosísimos para las armas y equipos que eran necesarios para el nuevo tipo de guerra.

La segunda línea estratégica no era sino la continuación de la praxis que el gobierno había venido desarrollando desde sus inicios, definida como “consolidación y profundización de la unión cívico-militar, la unión del pueblo con su Fuerza Armada, la unión de la Fuerza Armada con el pueblo”. Se trataba de continuar y aún incrementar la ocupación de cargos de la administración pública y en las empresas del Estado por militares activos o en retiro; de desarrollar programas de venta de víveres subsidiados, ejecutados por oficiales y soldados en las plazas públicas; y, en general, de cualquier otra actividad que el Presidente considere conveniente para la “participación activa [de la Fuerza Armada] en el desarrollo nacional”, que la Constitución de 1999 define como una de las funciones esenciales de los militares (Art. 328) y como inseparable de la seguridad nacional (Art. 322).

La tercer línea, en cuya novedad e importancia Chávez insistió particularmente, consistía en el desarrollo y concreción de un principio ya consagrado en el Título VII de la Constitución de 1999, referido a la Seguridad de la Nación. Según Chávez la Constitución consagraba “una responsabilidad compartida del Estado y de la Sociedad, del gobierno y del pueblo, de todos los ciudadanos y ciudadanas” en la Seguridad y Defensa del país. Pero, según el Presidente, pese a lo que establecía el texto constitucional hasta ahora el país había estado preso de los viejos conceptos de seguridad y defensa, de modo que había llegado el momento de revolucionar dichos conceptos y desarrollarlos, para concretar el concepto de defensa integral de la Nación, como lo señalaba la Constitución Bolivariana.

La corresponsabilidad del Estado y la Sociedad, que señalaba la Constitución, iba a servir como el fundamento legal para la creación de milicias populares para defender la revolución de sus enemigos. De modo que Chávez anunció: “hoy lanzo, basándome en el mandato constitucional, [la idea] de la defensa nacional popular integral”. Lo cual significaba la necesidad de asignarles a los ciudadanos los medios y las armas para cumplir la parte que les corresponde en la defensa nacional, de modo que: “Cada hombre y cada mujer debe tener un fusil y bastantes municiones, con el arma en la mano. La guerra para defender la revolución es de todos.” Aunque, evidentemente, Chávez no esperaba que la oposición estuviera dispuesta a tal defensa, ni por tanto que debiera recibir las armas necesarias para ello, pues eso sólo correspondía a las masas chavistas dispuestas a defender la revolucin﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ no selando desde lolaón.

En el proyecto de reforma constitucional sometido a referéndum y rechazado por el pueblo, se incluían varias disposiciones cuyo sentido general era una abierta politización de la Fuerza Armada al servicio del Presidente, y que hacían posible que fuera usada como un instrumento para el mantenimiento del orden publico interno y la represión. Pero aunque el proyecto sometido a referéndum fue rechazado por el pueblo, poco tiempo después muchas de sus contenidos fueron incluidos en una Ley de Reforma de la Fuerza Armada Bolivariana, mediante un Decreto-Ley dictado por el Presidente, en uso de la delegación legislativa que había recibido de la Asamblea Nacional[23], en el que incluía varios de los más importantes cambios contenidos en el proyecto de reforma constitucional rechazado por la mayoría del pueblo, sin importarle que estaban en contradicción con varios principio de la Constitución de 1999 que permanencia vigentes[24]. Los poderes que por este Decreto adquiría el presidente eran inmensos y abiertamente inconstitucionales. Se creaba el cargo de Comandante el Jefe para el Presidente de la República, con carácter vitalicio (!!!) y como un grado militar, con su correspondiente uniforme, cuando hasta entonces la función de comandante en jefe de la Fuerza Armada, que según la Constitución ejercía el Presidente de le República, era sólo temporal —pues no podía ir más allá del tiempo en que ocupara la presidencia—, y además no era un cargo militar, sino una función civil. Ahora, desde el punto de vista operacional toda la Fuerza Armada pasaba a estar bajo el mando directo e inmediato del Presidente, en tanto que su Comandante en Jefe, que en dicho carácter gozaba de los mas amplios poderes (Art. 6). Una disposición (la del Art. 4, ord. 7), otorgaba al Presidente el poder para autorizar a la Fuerza Armada a intervenir con el fin de preservar o restituir el orden publico interno, en caso de graves perturbaciones, de acuerdo a su total discreción. Además se otorgaba al Presidente la facultad de establecer Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Art. 23-24), concebidas como espacios territoriales que transciendían la división territorial establecida por la Constitución, con facultades para controlar la población, el territorio, los bienes y los servicios (Art. 26). Todo ello sin tener en cuenta e incluso violando la disposiciones de la Constitución sobre los Estados de Excepción (Título VIII, Capítulo II, Arts. 337-339), que establecían los procedimientos y dispositivos a usar para preservar la paz y el orden público interno y para la defensa frente agresiones externas. .

Se creaba por ley (aunque ya existía de hecho) la Milicia Nacional Bolivariana, a la que se otorgaban muy amplias funciones, no sólo militares sino también para la seguridad y el desarrollo, incluyendo el control de la población y de los Consejos comunales (Arts. 43-46).

En resumen, mediante el nuevo Decreto-Ley, dictado por el Presidente, se crearon un conjunto de instrumentos, muchos de los cuales violaban la Constitución, a partir de los cuales, bajo el pretexto de la necesidad de la movilización total para la defensa nación, se podía desarrollar un Estado de tipo totalitario, concebido desde un punto de vista militar más que político, bajo la autoridad del comandante supremo, que era el Presidente, que goza de los más amplios poderes. Hay que tener en cuenta, que una vez muerto Chávez la totalidad de esos poderes exorbitantes, continúan vigentes —y en algunos casos hasta aumentados— en manos de su sucesor en la presidencia Nicolás Maduro.

No es esta la ocasión de deteneros a examinar el relativo éxito o fracaso de los distintos proyectos chavistas de penetración y control social, y las diferente organizaciones, redes sociales y dispositivos de todo tipo, muchos de los cuales fueron muy efímeros, que Chávez ideó con ese fin. Pero podemos afirmar que la principal falla que impidió que el proyecto político que Chávez pretendía llevar a acabo tuviera éxito para implantaren un verdadero un Estado totalitario, fue la falta de algunos elementos esenciales para tal fin: me refiero a la inexistencia de un partido de masas totalitario, con la adecuada ideología y con la organización necesaria para tal tipo de partido. El MVR fue partido tipo electoral y personalista, sin la ideología ni la estructura adecuada para la penetración y el dominio total de la sociedad que el totalitarismo requiere. Y el “árbol de las tres raíces” es una ideología bien pobre, inadecuada para la situación mundial actual, e incapaz de proporcionar una explicación de la marcha necesaria de la historia y del futuro de la humanidad, que parecen ser componentes necesarios para una proyecto realmente totalitario.

La experiencia hizo que Chávez fuera consciente de estas deficiencias, de modo que junto a una proclamación solemne de que su proyecto político iba a consistir en construir el socialismo en el país, procedió a disolver el MVR para sustituirlo por uno nuevo el partido, el PSUV, inspirado en varias de las ideas típicas de los partidos totalitarios comunistas. Y al mismo tiempo el Presidente se declaró marxista, y ordenó a sus partidarios estudiar tal tipo de pensamiento, incluyendo el de Lenin y Trotsky, que les debía servir de inspiració﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽n actal, la marcha de la istloira y del fjruor de la numanidad numznkzco co ndicho aras tradcinaes del Esado ue el el ón para el desarrollo del nuevo proyecto, pero sin repudiar su ideología original, el “árbol de las tres raíces”, aunque difícilmente puede considerarse compatible con el marxismo.

Sin embargo, no parece que el PSUV sea un partido que vaya a superar las deficiencias del MVR, pues continúa siendo tanto o más personalista que éste. Su ideología fundamental no es marxista, pues continúa siendo hoy, muerto Chávez, esa pobre amalgama ideológica que es “el árbol de las tres raíces”[25], y que el sucesor del comandante, Nicolás Maduro, al hacer imprimir y distribuir cinco millones ejemplares del llamado Libro Azul de Chávez, aseguraba que debería ser leído por todos los patriotas, pues en él estaba la raíz del proyecto Bolivariano que actualmente se desarrolla país y que debe orientar el futuro del siglo XXI para Venezuela[26].

No existe una movilización política total, ni un programa para una revolución integral, ni tampoco un partido totalitario, que son elementos esenciales para que podamos hablar de un Estado totalitario. Sus instrumentos de movilización, diseñados originalmente con fines electorales, son del tipo y estilo militar. Por otra parte, ante el empeoramiento de la situación económica y la consiguiente disminución de los recursos monetarios gubernamentales, unido a la falta del carisma de Chávez, su sucesor Maduro tiende a emplear, cada vez más, los medios de represión de las dictaduras tradicionales.

Se ha hablado de regímenes políticos pre-totalitarios, como aquellos que  van en camino a convertirse en un sistema plenamente totalitario, y para algunos Venezuela podría entrar en esta categoría. Pero también se ha desarrollado la categoría de totalitarismo fallidos (failed totalitarisms), para referirse a aquellos regímenes políticos que imitan a los totalitarios, y que son obra de “lideres políticos que tienen la ambición necesaria pero a los que les falta una verdadera vocación y capacidad para la política totalitaria”, de tal manera que “el resultado es alguna forma de tiranía chapada a la antigua, pero disfrazada con un ropaje fascista o comunista y, si acaso, imitando alguno de los aspectos de la ideología fascista o de la comunista” (Walzer 1984: 191). Me inclino a creer que el caso del “chavismo”, tanto en la versión de su creador, como especialmente en la de su sucesor, es de este último tipo. Pero esto no es sino una conjetura cuya confirmación sólo nos la dará el futuro .

En todo caso, muerto Chávez su sucesor Maduro, al que le faltan los dotes personales para atraer e incluso fascinar al pueblo, que tenía su antecesor, y que cuenta con menos recursos financieros, se ve obligado para mantenerse en el poder a ejercer la represión en forma cada vez más intensa, mucho más que Chávez, de modo que ya no se trata de un “bonapartismo”, sino que tiende a convertirse en una forma de dictadura tradicional, claramente represiva.

Muchos creen que un régimen eminentemente personalista, como el “chavismo”, no puede perdurar una vez muerto su epónimo. Y aunque no se debe olvidar que el “peronismo” sigue vivo y gobernando Argentina, pese a que ya han pasado 41 años desde que murió Perón, en el caso del “chavismo”, para sobrevivir a Chávez le faltan las organizaciones e instituciones permanentes que Perón y Evita supieron crear.

Una forma en que algunos de sus partidarios, pretenden asegurar su supervivencia, es convertir el “chavismo” en una religión. Y efectivamente, hay señales de que ya se está convirtiendo en una verdadera religión popular, como la del Negro Primero, María Lionza u otras. Pero para que el “chavismo” pudiera mantenerse en el poder se necesitaría más que esto, pues se requeriría que no fuera una simple “religión popular”, sino que debería ser capaz de estructurarse como institución, hasta convertirse en una verdadera Iglesia, con una jerarquía eclesiástica, a cuya cabeza estaría Maduro como sucesor del maestro fundador (Chávez), y designado por éste, como Pedro lo fue por Jesús, con poderes sobre toda la comunidad, reconocidos por ésta, de tal forma que sería capaz de fijar los dogmas y de excomulgar a los disidentes. Pero aunque Maduro y algunos chavistas, quizá hayan podido en algún momento acariciar una idea semejante, no creo que esta sea una posibilidad realista.

Screen Shot 2014-12-07 at 10.33.14 AMReferencias

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Screen Shot 2014-12-07 at 10.33.14 AM[1] Este escrito forma de un libro inédito de su autor, titulado Mayoría o consenso en los modelos de democracia en Venezuela durante el siglo XX.

[2] Me parece evidente que no pueden ser considerados como democráticos los gobiernos posgomecistas de los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, entre otras cosas porque no gozaban del derecho al voto la inmensa mayoría de los venezolanos —como eran lasujeres, los analfabetos y quienes no habían cumplido 21 años—, y las elecciones no eran directas. Para más detalles véase mi ensayo El decenio posgomecista y predemocrático, 1936-1945, en mi blog en Internet: <ucv.academia.edu/JuanCarlos Rey>

[3] Sobre la “democracia de masas” del trienio adeco, véase Rey (1991: 538-544; 2009a: 67-98)

[4] Sobre la concepción de democracia en Chávez, véase Rey (2005).

[5] La diferencia entre las democracias mayoritarias y las democracias consensuales, es distinta a la que existe entre los sistemas electorales mayoritarios y los sistemas electorales de representación proporcional, pues se refieren a cosas diferentes, aunque relacionadas. En ambos casos los sistemas que no son mayoritarios se caracterizan por tomar en cuenta los derechos e interese de las minorías. Pero en los sistemas electorales mayoritarios el partido que ha obtenido más votos en un distrito electoral obtiene todos los cargos representativos disputados en ese distrito; pero en cambio en un sistema de representación proporcional, cada partido recibe un número de cargos proporcional al números de votos que obtuvo en las elecciones. En cambio, en el caso las democracias consensuales o pactistas, las minorías deben estar necesariamente representantas en la toma de ciertas decisiones importantes, no en función de criterios cuantitativos (como sería la proporción de su fuerza electoral) sino más bien de acuerdo a criterios cualitativos, pues se les reconoce un inter

be ser decnocdo, ue no ouede desconocerse. nes, oprcinal, cada clontendiente recibe un nlimnero de cagos propional al nñlumerés legítimo, que deber ser tenido en cuenta en ciertas decisiones, aunque sea n minoritarias.

[6] Como democracias consociacionales [consociaional democracies], las había bautizado Arend Lijphart [1977, 1987]), en sus estudios pioneros sobre este tipo de democracias.

[7] Merece la pena citar al pie de la letra un fragmento de un discurso de la Betancourt durante su presidencia en 1960, porque muestra el cambio radical que se había producido, si lo comparamos con la concepción populista de AD (“el partido del pueblo”) durante el trienio 1945-48, que se había caracterizado por un estilo “plebeyo”, que implicaba una constante participación de las masas en la vida pública, un tanto estridente y desordenada, y su movilización emocional contra los enemigos de la Revolución. Decía Betancourt, en 1960, en su mensaje al Congreso como Presidente de la República, como respuesta a la consignas lanzadas por los jóvenes de la izquierda de AD y por el PCV, para justificar sus protestas callejeras:

“Es falaz y demagógica la tesis de que la calle es del pueblo. El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y utilizan los demagogos de vocación para justificar su desempeño desarticulador del orden social. El pueblo en abstracto no existe. En las sociedades modernas organizadas que ya superaron desde hace muchos siglos su estructura tribal, el pueblo son los partidos políticos, los sindicatos, los sectores económicos organizados, los gremios profesionales y universitarios. Cuando cualquiera de esos organismos solicite permiso para una manifestación pacífica, en lugar cerradlo o en las calles no habrá inconveniente en conceder ese permiso. Pero cuantas veces grupos incontrolados se lancen a la calle, sea cualquiera el pretexto que esgriman, no se tendrá con ellos blanduras ni lenidad, porque un país no puede vivir y trabajar, y adquirir cultura y forjar riqueza, si está siempre amenazado por la explosión sorpresiva de brotes de violencia callejera, detrás de la cual maquinan el descrédito del régimen democrático sus enemigos históricos, los totalitarismos de todos lo nombres y colores” (Betancourt [1960] 2007: 172).

[8] Ortega y Gasset (1950: 572-573). seguido en lo esencial por nuestro maestro Manuel García-Pelayo en su Derecho Constitucional Comparado (1959: 198-204, especialmente pág. 198)

[9] Sobre tal concepto véase especialmente Rey (1976: 137-150; 1991: 542-544)

[10] Lo que sigue está extractado de Rey (2009a: 129-132)

[11] Se trataba de una decisión que adoptó AD en 1958, por solicitud del propio Rómulo Betancourt como candidato a la presidencia de ese partido, que consistía en liberarlo de la disciplina partidista, en caso de que resultara elegido. Tal decisión tenía por objeto, por una parte, que el Presidente estuviera libre de posibles interferencias de su propio partido en las negociaciones con otras fuerzas políticas, y facilitarle las decisiones, a veces duras e impopulares, que estimara que fueran necesarias para estabilizar la democracia venezolana. Por otra parte, con esta medida se quería evitar que se pudiera repetir el pretexto que sirvió para el derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948, que fue que sus decisiones no eran las propias de un Presidente de todos los venezolanos, pues obedecían a las órdenes sectarias que recibía de su partido. Aunque originalmente la liberación de la disciplina partidista se concebía como un recurso sólo temporal, que debía mantenerse mientras no desaparecieran los peligros que acechaban a la incipiente democrática, con todos los presidentes posteriores, tanto de AD como de COPEI, se repitió tal liberación, pese a que la democracia se consideraba ya estabilizada y sin peligros inmediatos de involución.

[12] Sobre esta importante cuestión, puede verse Rey (2003: 69-76; y 2009a: 60-90)

[13] Sobre en qué consistieron las graves fallas de los partidos venezolanos, debe consultarse mi libro, Rey (2009a: 260-284), donde he desarrollado esta cuestión.

[14] Véase mi ensayo, Rey (2009b)

[15] Lo que sigue está tomado de Rey (2009a: 258-260)

[16] Una muestra de ello: el 25 de enero de 2001, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir un proyecto de ley propuesto por la oposición con el que se pretendía limitar las cadenas de radio y televisión que realizaba el presidente, un grupo de sus partidarios se manifestó a la puerta del Congreso gritando: “La voz de Chávez es la voz del pueblo” (Diario El Nacional, del 26-1-2001, pág. D-7)

[17] Bajado de internet:
<http://www.unionradio.net/ActualidadUR/recursos/herramientas/PrintNota.aspx?id=38374&tpCont=1>.

Pero un año antes de morir, en plena enfermedad y consciente de su gravedad, en la mente de Chávez su identidad con el pueblo había alcanzado una dimensión metafísica, de modo que si bien antes la voz de pueblo se encarnaba en Chávez, ahora era el propio Chávez quien se había encargado en el pueblo, hasta producirse una especie de transubstanciación, como lo
expresaba en sus discursos electorales del año 2012:

“Soy como el eterno retorno de Nietzsche, porque en realidad yo vengo de varias muertes… Que nadie se haga ilusiones. Mientras Dios me de vida estaré luchando por la justicia de los pobres pero, cuando y me vaya físicamente, me quedaré con ustedes por estas calles y bajo este cielo. Porque yo ya no soy yo, me siento encarnado en el pueblo. Ya Chávez se hizo pueblo, y ahora somos millones. Chávez eres tú, mujer, Chávez eres tú, joven. Chávez eres tú, niño; eres tú, soldado; son ustedes, pescadores, agricultores, campesinos y comerciantes. Pase lo que me pase a mí, no podrán con Chávez, porque Chávez es ahora todo el pueblo invencible” (Ramonet 2013: 58).

[18] Se trata de una expresión típica del milenarismo, siempre presente en el proyecto político de Chávez, pues para él la Revolución (la suya) significaba el advenimiento del “Reino de Dios en la Tierra”, que dejaba de localizarse en un mundo exclusivamente espiritual, como lo era para la ortodoxia católica, para convertirse en una reaIización terrestre. Y así, por ejemplo, hablando a una multitud de sus partidarios el 13 de Octubre de 2003, terminó diciendo que el camino de los revolucionarios bolivarianos “es el camino que señalo Jesús de Nazaret. El camino, el Reino de los cielos pero en la tierra, el camino de la vida”. No se trataba de una de esas frases poco pensadas que se escapan en la euforia de uen﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽la onden e la exaltackñon de uj mvamente espiritual como lo es as i dcaciones de ñeste. parte, ñia de lamayor mñas le n mitin político. En un documento bien meditado, obra de Ch.del Reino de Dios en la Tierra o humanoj mvamente espiritual como lo es as i dcaciones de ñeste. parte, ñia de lamayor mñas le ávez, como fue la ”Exposición de motivos del proyecto presidencial de Reforma de la Constitución, sometido a referéndum el 2 de diciembre de 2007” —y que fue rechazado por el pueblo— decía textualmente: “la revolución bolivariana asume la consigna de reafirmar la existencia, la extensión y la esperanza de la solidaridad, como estrategia política para contribuir a la construcción del Reino de Dios en la Tierra”.

Desde una perspectiva atea, como se supone que es la marxista, la idea de “Reino de Dios” se convierte una pura metáfora que usa para referirse a una realidad únicamente natural. Se rechaza el Reino de Dios al que los creyentes piensan que van las almas cuando mueren, pues el único reino que existe para los marxistas es el que nosotros podemos construir en la tierra. Sin embargo, en su Mensaje anual a la Asamblea Nacional, el 15 de enero de 2010, transmitido en cadena nacional a todo el país, el presidente Chávez dijo:

“[Y]o no soy sólo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. […] Pero el marxismo sin duda que es la teoría más avanzada en la interpretación en primer lugar científica de la historia de la realidad concreta de los pueblos y luego el marxismo es, sin duda, la más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo vino anunciar hace más de dos mil años, el Reino de Dios aquí en la Tierra, el reino de la igualdad, el reino de la paz, del amor, el reino humano, el reino humano”

Con ello Chávez quería no sólo hacer compatibles sus pretensiones religiosas con el ateísmo marxista, sino que pretendía hacer de Cristo si no un marxista pleno, al menos un revolucionario cuyo Reino de Dios en la Tierra, anunciaba el futuro reino comunista, al que Marx iba a proporcionar una base supuestamente científica.

[19] Para ampliar lo que sigue puede consultarse mi ensayo “Militarismo y Caudillismo: Pilares del Régimen y de la República Bolivariana”, págs. 4-13, en mi blog en Internet: <ucv.academia.edu/JuanCarlosRey>.

[20] Las ideas esbozadas en el Programa de Gobierno, fueron desarrolladas por medio del primer proyecto propuesto en 2001 por el Ministerio de Educación y conocido como Proyecto Educativo Nacional (PEN). La red educativa seria su primer ensayo y serviría de proyecto piloto. Sobre este importante primer ensayo, y las ideas totalitarias en las que se inspira, véase Rey (2001).

[21] Bajado de Internet:

<http://alopresidente.gob.ve/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_view/gid,239/>

[22] Hugo Chávez en su intervención en el “Primer Foro sobre la Guerra de 4ª Generación y Guerra Asimétrica (de todo el pueblo)”. Auditorio de la Academia Militar, 8 de abril 2005.

[23] Se trataba del Decreto Nº 6.239 con rango valor y fuerza de Ley Orgánica de la de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del 31/07/2008

[24] Para una contundente crítica a los distintos aspectos del contenido de tal reforma legal, véase Usón (2009).

[25] Véase Rey (2009c, especialmente págs. 17-31).

[26] Al presentar la primera edición de la obra, Nicolás Maduro lo calificó como “un libro de mandatos y profecías, la raíz primigenia del proyecto Bolivariano que está en desarrollo en Venezuela […] Aquí está proyectado el futuro del siglo XXI”. Y en el prólogo a la segunda edición afirmó que en este libro “Chávez rescató nuestras fuentes originarias: Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, las tres raíces y las tres estrategias para la refundación de la República” (pág. 22). Y añadió: “Quiero atreverme a formular libremente una intuición: en muchos y diversos sentidos, Robinson [es decir, Simón Rodríguez] es para nosotros mucho más importante que Carlos Marx” (pág.24). En todo caso, el libro no se reedita como una conmemoración histórica, sino porque, según Maduro: “Aquí brilla, con luz propia, el proyecto originario del Comandante, el proyecto que nos constituye y al que siempre debemos volver, del que siempre debemos nutrirnos” (pág. 29) ( Maduro [2013) , en el “Prólogo” a Hugo Chávez, El Libro Azul. Caracas: Ediciones Correo del Orinoco, 2013).