LEOPOLDO LÓPEZ @leopoldolopez | Can Venezuela Be Saved? Si me censuro, la dictadura me derrota

Después de la publicación de este artículo, una comisión armada del Servicio Bolivariano de Inteligencia ingresó a la residencia de Leopoldo López en Caracas a primeras horas de la mañana del 1 de marzo, según denunció Lilian Tintori, esposa del líder político. La incursión fue repudiada como “ilegal, violatoria de derechos e intimidatoria”, por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

A veces recuerdo una página de uno de los libros que están apilados en la casa de Leopoldo López. Es un texto que López relee a menudo; uno al que ha regresado muchas veces en los últimos años, garabateando nuevas ideas al margen, subrayando palabras y frases en tres colores de tinta y lápiz. Analizar ese fragmento es como contar los anillos del árbol de su vida política.

El libro no está ubicado para despertar este tipo de atención. De hecho, a casi nadie se le permite ingresar a la casa de López, quien siempre está vigilado por los servicios de seguridad venezolanos; pero también, a pesar de todas sus fallas y defectos, no es el tipo de persona que organiza su biblioteca para mostrarla. Prácticamente todos los libros de la casa están amontonados en el suelo de madera oscura: hilera tras hilera de tomos que se elevan en columnas y pueden sobrepasar los dos metros de altura, son torres irregulares que llegan a tambalearse precariamente. Cuando ves que los hijos de López pasan corriendo, sientes un estremecimiento.

El libro que recuerdo de manera particular es una colección de ensayos y discursos políticos. Fue compilado por el político mexicano Liébano Sáenz, con textos sobre el príncipe maya Nakuk Pech y la activista francesa Olympe de Gouges. El capítulo más significativo para López comienza en la página 211 con la “Carta a los clérigos de Alabama”. Es una versión mixta del texto que se conoce como la “Carta desde la cárcel de Birmingham” que fue escrita por Martin Luther King Jr. en 1963. King estaba en Birmingham para liderar las protestas no violentas que ahora son elogiadas por todo el mundo, pero es necesario recordar que en 1963 estaba atrapado en un infierno. No solo se trataba de los matones del FBI que pusieron micrófonos en su casa y su oficina o el ascenso del movimiento nacionalista negro que criticaba su piedad pacífica sino que, además, un grupo de sus propios aliados estaban dispuestos a hablar sobre los derechos civiles siempre y cuando eso no causara ningún escándalo. Un puñado de clérigos de Birmingham había emitido una declaración que desprestigiaba a King como un agitador externo cuyas marchas y desobediencia civil eran “técnicamente pacíficas”, pero aún así infringían la ley y era probable que “incitaran al odio y la violencia”.

En la página del libro que López atesora, King contrataca. Escribiendo desde una celda estrecha, sin colchón ni luz eléctrica, garabateó su respuesta en trozos de papel para que su compañero de celda pudiera sacarlos de forma clandestina. Cerca de la parte superior de la página, López ha subrayado un pasaje en el que King condena la complacencia de “los blancos moderados” y la sugerencia de que los manifestantes pacíficos son los responsables de la respuesta violenta de los demás. “Nosotros, que participamos en la acción directa no violenta, no somos los creadores de la tensión”, escribe en un pasaje que López marcó con verde: “Sino que nos limitamos a hacer aflorar una tensión oculta, que ya estaba ahí presente. La sacamos a la luz, donde se la puede ver y se puede lidiar con ella”. King compara a la desobediencia civil con un forúnculo que debe extirparse y luego escribe un pasaje que López ha marcado al menos media decena de veces con algunas palabras subrayadas en rojo, otras resaltadas en rosa, un puñado de frases enmarcadas en verde y tres flechas grandes dibujadas en el margen del fragmento: “La injusticia debe ser expuesta, con toda la tensión que su exposición provoca”.

De cierto modo, no tiene nada de especial que un político estudie a King y, entre las personas que López intenta emular, yo no pondría a King al inicio de la lista. Él está más directamente influenciado por el expresidente venezolano Rómulo Betancourt o por su propio abuelo, Eduardo Mendoza, quien fue consejero de Betancourt. Pero cuando consideras el camino que López ha seguido durante estos últimos años en prisión, las decisiones que ha tomado, sus compromisos y equivocaciones, el precio que ha pagado por decir lo que piensa y el precio actual de su silencio, si quieres entender el impacto de sus cuatro años en cautiverio y nueve meses en confinamiento solitario, el mensaje de King en Birmingham es un buen documento para comenzar.

López fue arrestado en febrero de 2014 después de liderar una protesta pública que se volvió violenta. Los fiscales reconocieron ante el tribunal que López era técnicamente pacífico, pero lo acusaron de incitar a otros al odio y a la violencia. Antes de su arresto, se encontraba entre los líderes de oposición más prominentes y populares en Venezuela. Las encuestas sugerían que podía derrotar al presidente Nicolás Maduro, el impopular sucesor de Hugo Chávez, en una elección libre. En el juicio, fue sentenciado a trece años y nueve meses de prisión.

Desde entonces, se ha convertido en el prisionero político más destacado de América Latina, sino del mundo. Su caso ha sido defendido por casi todas las organizaciones mundiales de derechos humanos y está representado por el abogado Jared Genser, conocido como el Extractor por su trabajo con presos políticos como Liu Xiaobo, Mohamed Nasheed y Aung San Suu Kyi. La lista de líderes mundiales que le han pedido al gobierno venezolano que libere a López incluye a Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Theresa May del Reino Unido y Justin Trudeau de Canadá; es una de las raras coincidencias políticas entre Barack Obama y Donald Trump.

En Venezuela, López se ha convertido en una especie de símbolo. Su nombre y su rostro están estampados en vallas publicitarias, camisetas y pancartas, pero existe un amplio desacuerdo sobre lo que él representa. El gobierno venezolano rutinariamente lo menosprecia como un reaccionario de derecha de la clase dominante que quiere revertir el progreso social del chavismo y restaurar la aristocracia terrateniente; la derecha venezolana, por su parte, considera a López como un neomarxista, cuya propuesta de distribuir la riqueza petrolera del país entre la gente solo profundizaría la agenda chavista.

Durante sus tres años y medio en prisión, López se negó a permitir que nadie hablara por él. Aunque se le prohibió conceder entrevistas o emitir declaraciones públicas, y con frecuencia se le negó el acceso a libros, papel, bolígrafos y lápices, logró escribir mensajes en trozos de papel para que su familia los sacara de manera clandestina, y grabó un puñado de audios y mensajes de video que denunciaban al gobierno de Maduro. De vez en cuando, incluso se le podía oír gritando consignas políticas a través de los barrotes de la prisión militar donde lo mantenían en aislamiento.

López fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en julio pasado con la condición de que guardara silencio. Rápidamente se subió a la valla de su casa para hablar con una multitud de personas y luego grabó un video pidiéndole a sus seguidores que siguieran en la resistencia contra el gobierno. Tres semanas después lo volvieron a encarcelar pero, después de cuatro días, fue devuelto a su casa donde permanece bajo arresto domiciliario. Desde entonces, para gran desconcierto de sus seguidores, ha desaparecido de la vista del público. Mientras el país desciende a una crisis sin precedentes, con la tasa de inflación más alta del mundo, escasez extrema de alimentos y medicinas, apagones eléctricos constantes, miles de niños muriendo de malnutrición, el auge desenfrenado de la criminalidad en todos los estados, mientras suceden saqueos y disturbios en las calles, López no dice nada.

Hoy sus críticos no solo incluyen a la izquierda y a la derecha, sino a gran parte de los venezolanos que alguna vez lo vieron como un futuro presidente. No entienden lo que López está haciendo dentro de esa casa, escondida en esa calle arbolada de los suburbios acomodados de Caracas, pero sospechan que se ha sentido cómodo allí, junto a su esposa y sus hijos; que la riqueza de su familia lo aísla de la crisis económica; que la policía secreta que rodea su hogar lo protege del crimen, y no pueden evitar preguntarse si Leopoldo López finalmente se dio por vencido. Ellos saben, como él, que si emite una declaración pública, divulga otro mensaje de video o si vuelve a trepar el muro de su casa para dirigirse a sus seguidores, la policía secreta se apresurará a encarcelarlo de nuevo. En el pasado, López nunca permitió que ese peligro lo detuviera. Al menos tendría una oportunidad de expresarse y muchos se preguntan por qué no lo ha hecho.

Cada vez que López se conecta hay un parpadeo en la pantalla, luego se ve un borrón de color pixelado cuando su cara aparece. En días diferentes, en momentos diferentes, puede verse muy distinto. Hay mañanas en las que aparece con un suéter viejo, el pelo revuelto y una sonrisa cansada; en otras ocasiones se presenta con una camisa oxford, el pelo bien peinado y gafas de montura negra que no ocultan los signos de una noche de insomnio.

Pienso en un sábado de octubre. Fue unos minutos después del mediodía. Salí a caminar con mis hijos cuando un mensaje de López me llegó al teléfono. “La situación es muy delicada”, escribió. “Es posible que esté a punto de volver a la cárcel”. Rápidamente regresé a casa, abrí mi computadora portátil y, luego de un minuto, apareció en la pantalla. López tiene 46 años, mide 1,78 metros y está en forma. Estaba sentado en el escritorio de su sala de estar con el cabello bien recortado y el tono de su expresión era una mezcla de miedo, fatiga y furia.

Cuando le pregunté qué estaba pasando, López respiró profundamente. Apoyó un codo sobre el escritorio y se tomó la cabeza con la mano. “Anoche alrededor de las 19:30, vinieron a mi casa más de treinta oficiales de la policía política”, dijo. “Tenían más de diez autos. Cerraron toda la calle. Y luego vinieron a mi casa”. Durante más de una década, este dirigente ha contratado los servicios de una empresa privada de seguridad puesto que sus oponentes políticos han atacado sus eventos usando máscaras y pistolas, le han disparado a su vehículo y asesinaron a uno de sus guardaespaldas. Al estar bajo arresto domiciliario, se le permite mantener un pequeño grupo de guardias afuera de su residencia.

López explicó que durante la operación detuvieron a su jefe de seguridad y, desde entonces, nadie ha tenido noticias de él. “No había absolutamente ninguna razón legal para que se lo llevaran y no han permitido que ningún abogado vaya a verlo”, dijo López, luego miró hacia su escritorio y negó con la cabeza. “Así que esa es la situación”, dijo en voz baja. “Y quería decirte que estoy dispuesto a seguir adelante con esto que estamos haciendo”.

En ese punto, teníamos una idea muy distinta de lo que podríamos estar haciendo. Teníamos pocas semanas de estar en contacto. Primero, contacté a López a través de un intermediario en agosto, no mucho después de su regreso al arresto domiciliario, y en septiembre ya hablábamos un par de veces a la semana, por lo general durante un par de horas en cada ocasión. Esto fue una clara violación de los términos de su liberación. Una orden del Tribunal Supremo de Justicia le prohíbe específicamente hablar con los medios y, como mínimo, lo más seguro era asumir que su casa tenía micrófonos, probablemente también había cámaras ocultas y su computadora seguramente fue hackeada para poder monitorear las actividades que realiza en internet.

El mundo está lleno de métodos bizantinos para poder comunicarse a través de canales encriptados, pero la mayoría de ellos no están disponibles para una persona que está encarcelada en su casa y vigilada por la seguridad estatal de un régimen autoritario. Hicimos lo poco que pudimos para ser discretos, sabiendo que no era suficiente. En vez de conectarnos por Skype o FaceTime, utilizamos un servicio de video en el que nos parecía menos probable que fuera una plataforma que ya estaba intervenida por la policía.

Cada vez que hablábamos, López usaba un par de audífonos por lo que cualquier interferencia convencional de audio solo tomaría su lado de la conversación y, en general, adoptamos el tono de viejos amigos que se ponen al día. Aunque esto no es tan exagerado como suena. López es tres años mayor que yo y se graduó en Kenyon College, donde ambos estudiamos pero nunca nos conocimos. De vez en cuando, alguno mencionaba la escuela o alguien que los dos conocíamos y nuestros hijos deambulaban por la pantalla para saludar. Todo esto luce irremediablemente primitivo frente a la vigilancia estatal, pero parece que funcionaba. De vez en cuando, una gran camioneta blanca aparecía frente a su casa y la conexión se apagaba pero, en una o dos horas, el vehículo se marchaba y volvíamos a estar en línea.

Ninguno de los dos podía explicar por qué, si los agentes del gobierno nos estaban escuchando, no habían interrumpido la conexión o simplemente entraban en la casa para arrestarlo. Había muchas razones para creer que lo harían. En nuestra conversación durante ese día de octubre, López mencionó que los agentes que allanaron su casa solo le dieron una razón: creían que estaba hablando con un periodista y grabando un mensaje de video. Esto produjo un momento curioso porque el sistema de grabación, hacia el final de mi entrevista, captó su negación. “No es verdad”, le dijo a cualquiera que estuviera escuchando. “¡No he tenido contacto con ningún periodista!”.

No pretendo aclarar la situación, pero la verdad es que logramos mantenernos en contacto. Venezuela había vivido varios meses que parecían augurar cambios. En julio, la oposición convocó un referendo no vinculante sobre el plan del gobierno para reescribir la Constitución. Con más de siete millones de votos emitidos, el 98 por ciento de los votantes se opuso al gobierno. Poco después, los emisarios del gobierno se acercaron a los líderes de la oposición para comenzar una negociación formal, enfocada principalmente en la liberación de los presos políticos. Incluso mientras hablábamos ese día de octubre, el país se estaba preparando para las elecciones regionales en las que se esperaba que los candidatos opositores ganaran por una avalancha.

Había señales contradictorias, por supuesto, pero la trayectoria parecía enfilarse hacia la transición. Fue un momento en el que los titulares de todas partes predijeron un “punto de inflexión” para Venezuela y creo que, hasta cierto punto, López contaba con eso. Era arriesgado hablar en público, pero no era descabellado imaginar que, para cuando apareciera este artículo, el panorama político podría transformarse: la oposición, que ya tenía una gran mayoría en el Congreso, podría ganar una proporción similar de gobernaciones; esa victoria regional impulsaría la campaña municipal en diciembre por lo que entrarían con ímpetu a la campaña presidencial de este año contra un presidente profundamente impopular, con una votación del 25 por ciento, y la negociación de la situación de los presos políticos incluso podría permitir que López desafiara a Maduro. Las encuestas llegaron a sugerir que podría ganar la presidencia por un margen del 30 por ciento.

Esta era la conversación que creo que esperábamos tener el verano pasado: un vistazo al próximo capítulo de Venezuela y el papel que este dirigente podría desempeñar. En cambio, con cada día que pasaba, las posibilidades se volvían más remotas. Cuando la votación comenzó en la mañana posterior a esa llamada de octubre, nada salió como se esperaba. Los centros de votación de más de 700.000 ciudadanos se habían movido misteriosamente, en algunos casos hasta el punto de que les tomaría horas de viaje en autobuses abarrotados para poder ejercer su derecho. Sin embargo, en la noche, los funcionarios electorales informaron que hubo una participación abrumadora y los candidatos del partido gobernante arrasaron con todas las gobernaciones, a excepción de cinco que quedaron en manos de la oposición.

En medio de las denuncias de fraude, varios partidos de la oposición se retiraron de las elecciones municipales y el gobierno respondió invalidando a esos partidos. La negociación programada con los líderes de la oposición comenzó en noviembre. En enero, las conversaciones colapsaron. En febrero, los funcionarios disolvieron toda la coalición de partidos de la oposición. Los líderes políticos empezaron a ser detenidos por la policía secreta. El vicepresidente del Congreso se ocultó en la Embajada de Chile y alrededor de una docena de alcaldes huyeron del país.

El Estado, la economía y el tejido social se estaban desintegrando a la vez. En todas partes, la gente huía de Venezuela como podía. Se subieron a barcos destartalados y murieron en el mar. Caminaron por la carretera hacia Brasil, colapsando por la humedad y el calor del sol. Llegaron a Colombia, decenas de miles cada día, generando una crisis de refugiados comparable en número al éxodo de los rohinyá a Bangladés. Parecía que cada vez que hablaba con López, algún amigo suyo se había refugiado en una embajada, lo habían encarcelado o simplemente había huido.

Recientemente le pregunté cómo estaba manejando la presión. La policía secreta acababa de volver a su casa con otra orden para arrestarlo, y él se estaba despidiendo de su esposa, Lilian, que estaba embarazada de ocho meses, cuando uno de los agentes recibió una llamada telefónica para suspender el arresto. No quedaba claro si iban a regresar para llevárselo.

“¿Cómo te sientes?”, le pregunté.

“Es difícil”, dijo. “Es difícil después de lo que pasó. Todos los días creo que es el último día que tengo para estar con mis hijos”.

Le pregunté si alguna vez pensó en escapar. “La mayoría de la gente me dice que debería”, dijo. “Pero creo que el compromiso con la causa significa que tengo que correr el riesgo”. Mientras hablaba me di cuenta de que lo que habíamos estado hablando durante todos esos meses, lo que había estado tratando de comunicar a través de este portal desde su silencio, nunca fue sobre el futuro de Venezuela o el papel que esperaba tener y no se trataba de su ambición política o el próximo capítulo de la historia del país. Fue algo fundamental que surgió en algunos comentarios improvisados. Fue algo que aprendió sobre la historia mientras estuvo en la cárcel.

La fila de personas que esperan salir de Venezuela comienza a formarse una hora antes del amanecer. Los migrantes recorren las calles sin luz de la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira para reunirse en el puente Simón Bolívar, donde esperan bajo una gran pancarta roja que dice: “No se habla mal de Chávez”. Cuando la aduana abre a las 6:00 empujan hacia adelante, moviéndose hombro con hombro por la carretera de dos carriles hacia Colombia. Durante el día no disminuye el flujo de gente que parece infinito. Algunos han viajado más de una semana para poder llegar aquí. Basta echar un vistazo para ver que son personas de todo tipo, de cualquier edad, profesión y estrato social: familias jóvenes, parejas mayores, grupos de niños itinerantes y jóvenes encinta solitarias. Si te paras por un momento en el camino a través del puente, casi puedes sentir el viento del éxodo venezolano a tu espalda.

Los historiadores han planteado todo tipo de argumentos sobre el arco de la historia venezolana y cómo las cosas terminaron tan mal. En cualquier caso, un par de puntos me parecen indispensables: Venezuela es el lugar de nacimiento de la independencia de América Latina y posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Cómo interpretas el papel de esos factores en cualquier evento histórico es una cuestión de política personal y un debate detallado, pero no puedes tener una discusión seria sobre Venezuela sin tomar en cuenta ambas cosas. Durante la mayor parte del siglo pasado, el país se ha movido entre movimientos políticos que cortejan, reflejan y, en ocasiones, renuncian al legado del antiimperialismo y el desbordante exceso de riquezas.

Al igual que la mayoría de sus vecinos, Venezuela sufrió una sucesión de caudillos a principios del siglo XX y respondió con un movimiento de izquierda radical en las décadas de los cincuenta y sesenta. A diferencia de sus contrapartes en los países vecinos, la izquierda venezolana no llegó muy lejos. Algunos de ellos tomaron las armas en las montañas y protagonizaron algunas escaramuzas, pero a finales de la década de los sesenta, la mayoría había vuelto a tener un lugar marginal en la política convencional. Uno de los pocos que se quedó en la lucha fue un guerrillero llamado Douglas Bravo, que calificó su ideología política nacionalista de “bolivarianismo”. Bravo finalmente se estableció en Caracas en la década de los ochenta, donde mantuvo contacto con ciudadanos y soldados descontentos del ejército venezolano. Dos de los acólitos que cortejó fueron los hermanos Adán y Hugo Chávez, quienes acogieron con agrado la idea de liderar un golpe bolivariano.

Tomó aproximadamente una década de reclutamiento y planificación, un tiempo durante el cual la élite política venezolana parecía estar haciendo todo lo posible para ayudarlos. Durante décadas, los dos principales partidos se turnaron la presidencia siguiendo un acuerdo de poder compartido que le prestaba poca atención a las clases populares del país. Los problemas económicos de Venezuela se habían vuelto tan graves que, en 1989, un aumento en las tarifas de los autobuses ayudó a desencadenar grandes disturbios que se conocieron como “El Caracazo”. Para cuando los hermanos Chávez estuvieron listos para intentar su golpe en 1992, a muchos venezolanos le gustaba la idea de que el poder establecido fuera derrocado. Aunque el golpe fracasó y Chávez pasó dos años en prisión, emergió como una celebridad menor y en 1998 se postuló para la presidencia.

Ahora resulta fácil —mientras el país sufre una de las peores crisis de su historia contemporánea— descartar todo el proyecto del chavismo. Pero la elección de 1998 coincidió con una oleada de movimientos sociales y políticos por los cuales Chávez, con su energía e indignación, prometió tomar medidas enérgicas contra la corrupción y aumentar el salario mínimo, por lo que se convirtió en un aliado natural de esas fuerzas ciudadanas. A pesar del camino que tomó en sus últimos mandatos, Chávez cumplió muchas de sus promesas. Durante su gestión, el desempleo se redujo a la mitad, el producto interno bruto creció más del doble, la mortalidad infantil se redujo en casi un tercio y la tasa de pobreza se redujo casi a la mitad. Esos logros se le pueden atribuir a otros factores como un aumento de diez veces en el precio del petróleo, lo que colmó de recursos a su administración, y también se puede argumentar que Chávez fracasó miserablemente al momento de anticipar la caída en los precios del crudo, pero no se le puede acusar de hacerle promesas a los pobres y luego gobernar para los ricos o quedarse con todo el dinero.

Durante su gobierno, la desigualdad de ingresos cayó a uno de los niveles más bajos en el hemisferio occidental. Chávez no tuvo que robar elecciones. Fue muy popular entre los pobres y presentó sus propuestas casi todos los años. Introdujo la votación por pantalla táctil, con reconocimiento de huella digital y un recibo impreso, un sistema electoral que Jimmy Carter describió como “el mejor del mundo” entre todos los países que había monitoreado.

Chávez también poseía un impulso autocrático que fue discordante desde el principio. En el transcurso de los catorce años que duró en el cargo, desmanteló las instituciones democráticas del país, una por una. Hay un debate interesante entre los teóricos políticos sobre cómo llamar a un líder que destruye una democracia con apoyo democrático. Es posible pensar en Chávez como un totalitario o un tirano por reprimir a sus oponentes, pero el término “dictador” no encaja para describir a un presidente que fue tan popular. Chávez no ocultó su desprecio por el sistema político existente en el país; ni siquiera pudo terminar su primera toma de posesión sin improvisar, en medio de la ceremonia de juramento, la promesa de reescribir la Constitución, lo que hizo rápidamente, consolidando su poder sobre el Congreso y los tribunales.

Cualquier límite que Chávez hubiera estado dispuesto a aceptar desapareció en abril de 2002, cuando una junta de oficiales militares y líderes de derecha intentaron derrocarlo con un golpe. Durante aproximadamente 36 horas, instalaron como presidente a un hombre llamado Pedro Carmona, que era el director de la principal asociación de cámaras comerciales de Venezuela. El gobierno de Carmona procedió a socavar las instituciones a una velocidad que haría sonrojar a Chávez. En el único día de su presidencia, disolvió al Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución y comenzó a expulsar del ejército venezolano a cualquier oficial leal a Chávez. Esto fue demasiado incluso para los críticos del chavismo. Las calles de Caracas explotaron con protestas y la multitud se acercó al palacio presidencial. Pronto, Chávez volvió a la presidencia, consolidando su poder más rápido que nunca. Persiguió a sus rivales y llenó los tribunales con sus aliados e impuso tantas restricciones a la industria que el sector privado esencialmente desapareció.

Podría pensarse que la década entre el golpe y su muerte en 2013 fue un proceso gradual de desangramiento de recursos públicos para el consumo público. A un nivel básico, Chávez simplemente no era muy bueno en la gestión económica. Su presupuesto gastó los ingresos de los altos precios del petróleo y su control sobre la compañía petrolera estatal resultó desastroso. Chávez creía que debido a que las reservas de petróleo son un recurso limitado, tenía sentido limitar la producción y aumentar el precio de cada barril. Esta forma de pensar es ampliamente discutida y, en muchos casos, muy criticada. Los productores constantemente desarrollan nuevas formas de explorar y explotar el crudo; entre la revolución del petróleo de esquisto estadounidense y la creciente competencia de la energía alternativa, la mayoría de las petroleras actuales quieren bombear la mayor cantidad de crudo tan rápido como puedan.

Cuando Chávez tomó el poder en Venezuela, la petrolera estatal producía alrededor de 3,4 millones de barriles por día y durante su gestión planeó casi duplicar el volumen. En cambio, a través de una combinación de las teorías equivocadas de Chávez y una falla general al momento de invertir en la compañía e instalar a sus secuaces personales para manejarla, la producción de petróleo venezolano se ha reducido a casi la mitad. Los precios del petróleo también han disminuido considerablemente en los últimos años, pero el país tiene poco que vender. Según los datos más recientes, el petróleo representa alrededor del 95 por ciento de los ingresos de exportación venezolanos. Gran parte de ese crudo se está enviando a Rusia y China a cambio de ayuda con la deuda externa nacional, lo que le ha otorgado a ambos países reclamos expansivos sobre la producción venezolana. Cuanto más desesperado se vuelve el régimen de Maduro, más pueden ganar esos países.

Lo que sucede entonces es un efecto dominó: cada vez hay menos petróleo, a precios más y más bajos, sin nada más que vender y una dependencia del dinero extranjero a expensas de los ingresos futuros. El problema final ha sido la moneda de Venezuela. A medida que los ingresos nacionales se desplomaron, dejando un vacío en el presupuesto anual, Chávez y Maduro recurrieron al banco central para imprimir más dinero. El número de bolívares venezolanos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Cuando Maduro asumió el poder en 2013, la base monetaria del país era de aproximadamente 250 mil millones de bolívares. Hoy, es superior a los 60 billones. Para intentar dimensionarlo, imagina que ayer tenías 5000 dólares y hoy tienes 1,2 millones de dólares. No pretendo sugerir una comparación significativa entre su cuenta de ahorros y una economía nacional, pero no es difícil imaginar cómo un gran aumento en el dinero distorsiona la forma en que las personas lo gastan.

La mayoría de los países del mundo publican informes oficiales de inflación. El gobierno venezolano simplemente dejó de hacerlo. Uno de los expertos más importantes del mundo en hiperinflación es un profesor de la Universidad Johns Hopkins llamado Steve Hanke, que ha asesorado a gobiernos de todo el mundo sobre la inflación galopante, incluyendo a Venezuela en 1995 y 1996. Hanke ha estado monitoreando la economía venezolana durante los últimos cinco años, produciendo una estimación diaria de la inflación anual del país. Mientras escribo esto, su estimación más reciente fue de 5220 por ciento. El Fondo Monetario Internacional predijo que la inflación en Venezuela alcanzará el 13.000 por ciento este año.

Esto es lo que ves en las caras de las personas que salen de Venezuela atravesando el puente hacia Colombia. Ves personas que intentan escapar de un país donde los suministros básicos son casi imposibles de encontrar y prohibitivamente costosos, donde el precio que pagaste por un automóvil hace unos años hoy no comprará una barra de pan. Puedes ver familias enteras con equipaje y sin planes de regresar o niños que cruzan solo por el día con nada más que un montón de plátanos. Luego venden los plátanos por una miseria en pesos colombianos y regresan a sus casas para convertir el efectivo en una pequeña fortuna en moneda venezolana, al menos por unos días, hasta que su dinero vuelva a dejar de tener valor.

López nació en un rico y privilegiado vecindario del noreste de Caracas. Su padre, Leopoldo López Gil, era el jefe de un programa de becas internacionales que formaba parte del consejo editorial de un periódico de centroizquierda. Su madre, Antonieta Mendoza, es pariente lejana del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, y de Simón Bolívar. Cada lado de su familia tiene una larga tradición de activismo político y disidencia. López creció escuchando sobre los diecisiete años de prisión de su bisabuelo y el papel de su abuelo en la resistencia clandestina. “Siempre escuchamos esas historias”, me dijo su hermana, Diana. “Creo que eso siempre estuvo en la memoria de Leo”. López dijo que disfrutaba esas historias en parte porque las sentía extrañas, como instantáneas de un país que no podía imaginar. “Lo veía como un pasado lejano de imágenes en blanco y negro”, me dijo. “Nunca pensé que en el siglo XXI mi propia realidad podría ser parecida”.

La Venezuela en la que López creció era el país más rico de América Latina. Cada año acogía a decenas de miles de inmigrantes y había sido una democracia desde 1958. A los 13 años, López practicaba con la patineta, natación y estaba loco por las chicas por lo que, en gran medida, vivía sin tener contacto con las inequidades sistémicas del país. Pero hizo un viaje escolar a la zona rural del estado Zulia, pasando por los campos petroleros de la región, y la miseria que observó lo conmovió profundamente. “Me sorprendió el nivel de pobreza”, recuerda, “y el hecho de que en esos barrios humildes donde se vive el drama de la pobreza, teníamos un gran potencial”. Diana me dijo que su hermano comenzó a hacer viajes al oeste de Caracas “para tratar de entender la dinámica de la ciudad”. En la escuela, se entregó al liderazgo estudiantil, convirtiéndose en vicepresidente del consejo estudiantil y capitán del equipo de natación.

Después, López se inscribió brevemente en la Harvard Divinity School, pero se fue después de un semestre para inscribirse en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Completó una tesis de maestría sobre el marco legal y económico de la producción de petróleo en Venezuela y viajó por Nicaragua y Bolivia para estudiar el impacto de los microcréditos. En 1996, regresó a su hogar para un trabajo como asesor en la oficina de planificación estratégica de la compañía petrolera estatal.

López no se impresionó por el ascenso al poder de Chávez en 1998. “Desde el establecimiento de la república venezolana en 1830, en su mayor parte hemos tenido militares en el gobierno”, me dijo. “Y eso ha creado una forma militarista de gobernar”. Le pregunté si alguna vez reconsideró su opinión sobre Chávez. “Solo un día”, dijo con una sonrisa. “Cuando habló de microcréditos para los pobres”.

Cuando Chávez asumió el poder y comenzó a hacer planes para convocar una Asamblea Constituyente que creó una nueva Constitución, López hizo campaña para participar como diputado. Pero perdió esas elecciones y se unió con otros dos candidatos fallidos para crear un nuevo partido político, luego ingresó en la campaña de 2000 para ser el alcalde de Chacao, el municipio más próspero de Caracas. En esa votación ganó el cargo con el 51 por ciento de los votos.

Durante sus ocho años como alcalde de Chacao, López llamó la atención internacional. Comenzó elevando los impuestos a los negocios a la vez que ofrecía incentivos para que las empresas se mudaran a su municipio. Con esos ingresos comenzó una serie de obras públicas, la construcción de clínicas de salud, escuelas, un teatro, un mercado público y un centro de recreación. Cuando tenía poco más de 30 años todavía seguía soltero, siempre se arremangaba las mangas de sus camisas para asistir a los actos y, antes del amanecer, aparecía en las escenas de los crímenes para monitorear la labor de los detectives.

En Caracas, una ciudad famosa por sus índices delictivos, implementó medidas policiales que fueron populares en Estados Unidos como la política de “tolerancia cero” y los análisis multivariables de seguridad. Su plataforma de gobierno fue una combinación heterodoxa de iniciativas que abarcan todo el espectro político, desde medidas inspiradas en la izquierda como elevar los impuestos corporativos hasta métodos conservadores como implementar eficientes modelos de vigilancia. A los vecinos les encantó. En 2004 fue reelegido con el 81 por ciento de los votos y durante su segundo mandato conoció a Lilian Tintori, una conocida presentadora de radio y televisión quien es su actual esposa. En 2008, López dejó su cargo con el 92 por ciento de aprobación y una clasificación de la City Mayors Foundation que lo ubicaba como el tercer mejor alcalde del mundo.

Al hojear su currículo es evidente por qué la gente suele admirar a López, pero incluso mientras crecía su prestigio como alcalde de Chacao, se estaba convirtiendo en una figura polarizadora. Al final de su segundo mandato, era uno de los políticos jóvenes más prometedores de Venezuela y también uno de los dirigentes que tenía más conflictos con los demás.

Dentro del movimiento opositor, López representaba un ala radical. Sin embargo, el término “radical” suele usarse de manera engañosa para referirse a este dirigente. Él está a favor de un modelo económico mixto de servicios sociales expansivos en atención médica, educación y vivienda, compensado por un gran sector privado de manufactura e industria. En el espectro de la política estadounidense, por ejemplo, probablemente pertenecería al ala progresista del Partido Demócrata. Donde se puede describir a López como un radical es en la forma en que asume su actividad política. Él cree que una campaña incesante de manifestaciones callejeras y desobediencia civil es esencial para desafiar al gobierno autoritario. En 2002, cualquier persona que caminara por Caracas tenía buenas posibilidades de ver al alcalde de Chacao parado en la banca de un parque público, gritándole a una multitud con un megáfono.

Cuán útil fue esto para su proyecto de construir un partido político con potencial de gobierno es una cuestión de opinión, pero López creía que su movimiento no llegaría a ninguna parte confiando en la mecánica de los partidos tradicionales. Una forma de medir el éxito de su estrategia es estudiar las reacciones que provocó. López se convirtió en un blanco frecuente de ataques físicos y administrativos. De 2002 a 2006, hubo tres intentos importantes para acabar con su vida, uno de los cuales lo dejó acunando a uno de sus guardaespaldas que murió por un disparo que estaba destinado contra él.

Durante su mandato como alcalde, la contraloría lo acusó de pagar los gastos municipales con una partida incorrecta de su presupuesto y le prohibió postularse a cargos públicos hasta 2014. López apeló la decisión y se preparó para aspirar a la alcaldía de Caracas. Lideraba las encuestas con el 65 por ciento de los votos cuando el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión del contralor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la prohibición era ilegal y ordenó al gobierno de Venezuela que dejara competir a López, pero el gobierno ignoró la orden y desde entonces se le ha prohibido ocupar un cargo público.

Para 2008 comenzó a tener enfrentamientos con otros líderes de la oposición. Se fue del partido que ayudó a fundar, se unió a otro movimiento y pronto también tuvo problemas con su liderazgo. En agosto, ese partido lo expulsó, y López comenzó a hacer planes para crear otro más. Los diplomáticos estadounidenses en Caracas no estaban seguros de qué hacer con él. Un cable clasificado enviado a Washington describió su rebelión como “muy publicitada” y señalaba que López no dudaría “en romper con sus colegas de la oposición para salirse con la suya”. Otro se refirió a él como “una figura divisiva” que “a menudo era descrito como arrogante, vengativo y hambriento de poder”.

En 2012, debido a la sentencia que le impedía postularse para ejercer cargos públicos, López apoyó a Henrique Capriles, el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales. Chávez lo venció por un margen de 10 puntos pero murió poco después, por lo que el país volvió a celebrar elecciones. Cuando las autoridades electorales anunciaron que Maduro había ganado por un punto porcentual, López denunció que hubo fraude y convocó al movimiento opositor a organizar una manifestación pública. La mayoría de los líderes opositores descartaron la idea pero, en enero de 2014, López llamó a sus seguidores a tomar las calles. En febrero, las protestas estaban surgiendo en todos los estados. El 12 de febrero, López reunió a miles de estudiantes en un parque de Caracas. Después de su discurso marcharon hasta la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada a poco más de un kilómetro.

Algunos manifestantes comenzaron a lanzarle piedras al edificio. Aparecieron oficiales de seguridad y dos manifestantes fueron heridos por disparos. Aunque López se había ido antes de que comenzara la violencia, los funcionarios lo acusaron de ser el “autor intelectual” de la escaramuza, y la fiscala general emitió una orden de arresto. Esa noche, López y Tintori se refugiaron en el departamento de un amigo y grabaron un mensaje de video. “Le quiero decir a todos los venezolanos que no me arrepiento de lo que hemos hecho hasta ahora”, dijo López. Pasó unos días escondido y luego grabó otro mensaje en el que le pedía a sus partidarios que el 18 de febrero se reunieran en la plaza José Martí, vestidos de blanco como señal de paz para dar testimonio de su entrega a las autoridades.

Esa mañana se subió a una motocicleta y entró en la ciudad. Una gran multitud se estaba reuniendo y la policía había establecido puntos de control para interceptarlo. López intentó evitarlos, pero no pudo. Finalmente, se acercó a un grupo de policías del municipio Chacao y se quitó el casco. Los oficiales lo reconocieron, lo saludaron y lo dejaron pasar. López vio que la multitud se extendía en todas direcciones. Miles y miles de personas acudieron vestidas de blanco. Los dirigió hasta la estatua de José Martí, el héroe de la independencia cubana, y trepó al pedestal para mirar el mar de rostros. Alguien le entregó un megáfono y se dirigió a la multitud. “Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo”, gritó frente a sus simpatizantes, “bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plantea, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro”.

Después de pronunciar un breve discurso bajó del pedestal, donde los soldados lo esperaban para arrestarlo. Lo llevaron a un vehículo blindado, pero la multitud lo rodeó. Pasaron algunos minutos, luego media hora y el camión quedó atrapado por la multitud. Alguien le dio a López un auricular conectado a los parlantes externos del vehículo. Le dijo a la multitud que estaba a salvo y que deberían despejar el camino para que pasara el camión. Lentamente, casi a regañadientes, despejaron el camino de López a la prisión.

Las autoridades lo confinaron a una torre de concreto en una base militar ubicada en las afueras de la ciudad, acusándolo de terrorismo, incendio y homicidio. Amnistía Internacional condenó su enjuiciamiento como “una afrenta a la justicia y a la libertad de reunión” y “un intento de motivación política de silenciar la disidencia en el país”. Para su comparecencia inicial lo sacaron de su celda en medio de la noche y lo llevaron a presentarse ante la jueza adentro de un autobús, lo que se conoce como tribunal móvil.

El resto de los procedimientos legales se efectuaron en el Palacio de Justicia de Caracas, un edificio de cinco pisos que se extiende a lo largo de 140.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Durante los siguientes diecinueve meses fue trasladado casi cien veces hasta esas instalaciones, en una caravana de vehículos blindados con oficiales que portaban chalecos antibalas. Siempre iba esposado, custodiado por dos guardias armados con ametralladoras mientras dos más lo escoltaban. Cada vez que López aparecía en los tribunales, el Palacio de Justicia se cerraba.

En el juicio nadie acusó a López de ser violento. Los fiscales redujeron los cargos, argumentando que inspiró violencia en otros. Trajeron a un experto lingüista para examinar las transcripciones de sus discursos y afirmaron que su mensaje de protesta pacífica disfrazaba un llamado “subliminal” a la violencia. Presentaron a más de cien testigos, algunos de los cuales aseguraron que habían sido afectados por los mensajes subliminales. López intentó presentar a sus propios testigos, pero el juez no lo permitió.

Tanto la jueza que firmó su orden de arresto como el fiscal principal y la fiscala general se arrepienten de sus actuaciones en el caso. La jueza que firmó la orden luego admitió que había sido forzada a hacerlo. El fiscal principal, después de huir del país, denunció el caso contra López como “una farsa” y dijo que “el cien por ciento de la investigación fue inventada”. La fiscala general, Luisa Ortega, escapó a Colombia el verano pasado y denunció que Diosdado Cabello, el vicepresidente del partido de Maduro, le ordenó perseguir a López. Contacté a Ortega hace algunas semanas y nos encontramos para tomar un café en Bogotá. Cuando le pregunté sobre los cargos criminales contra López, ella movió la cabeza con consternación. “Sin lugar a dudas”, dijo, “Leopoldo López es un preso político”.

Ortega me dijo que fue ilegal encarcelar a un civil como López en una prisión militar. En el transcurso de tres años, sus condiciones empeoraron progresivamente. En la etapa inicial se le permitía leer y escribir, y una universidad local le ideó un programa de estudios. Leyó a poetas venezolanos, a Ralph Waldo Emerson, el diario de Ho Chi Minh y una biografía de Nguyen Van Thuan. Estaba devorando varios volúmenes a la semana, hasta que los funcionarios comenzaron a restringir lo que podía leer. Finalmente, le prohibieron todo excepto la Biblia. La leyó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego también se la quitaron.

Lo trasladaron a una nueva celda y luego a otra. Pasó meses en confinamiento solitario en una habitación de 3 metros por 1,80. Se sentaba en silencio tratando de rezar, meditar y evocar cualquier posible motivo de gratitud: intentaba sentir su respiración y recordaba que su esposa e hijos estaban a salvo. También se acercaba a la ventana para escuchar la conmoción del mundo exterior: un camión que pasaba, el sonido del viento, los trinos de un pájaro.

Como no tenía acceso a libros, reflexionó sobre los que ya había leído. Recordó las biografías de los líderes no violentos y la “Carta desde la cárcel de Birmingham” de King, y comenzó a preguntarse si lo que tenían en común no solo era su compromiso con la resistencia, sino una observación más profunda sobre el carácter de la historia. Esto se refleja con claridad en la obra de King. Su objetivo nunca fue solo provocar o confrontar, sino que intentó localizar el punto de apoyo entre el conflicto y la mediación, para producir una avalancha de presión que obligara a los funcionarios a reaccionar mientras conservaba una fe casi irracional en la buena voluntad que tenían.

“Tuve un momento de iluminación”, recordó López. “Fue durante una noche en la que no podía dormir y me movía de un lado a otro de la cama, pensando en el hijo de puta que era el director de la prisión. Estaba muy molesto y, al día siguiente, me desperté y dije: ‘¿Qué estoy haciendo? Este tipo me está quitando mi tranquilidad, mi sueño’”. Se dio cuenta de que la acumulación de su ira amenazaba con distorsionar toda su forma de pensar. Entonces comenzó a separar la indignación de su furia. Continuó desafiando las reglas arbitrarias de la prisión, escribiendo y mandando al exterior una serie de mensajes subversivos, pero cuando los guardias entraban en su celda para buscar los mensajes, gritando y destrozando sus cosas, intentaba mantener la calma.

Se apartaba, levantaba las manos en una postura de autodefensa y decía en un tono moderado que se protegería si era necesario. El resto del día, en las interminables franjas de soledad, trató de sincerarse sobre lo que le había costado la ira. No solo era una amenaza para su estado mental, sino también para su política, su movimiento y la forma en que concebía el futuro.

“En el pasado, me confrontaba con las visiones diferentes”, me dijo. “Ahora entiendo que todas son necesarias para salir de este desastre”. Pensó en los libros que había leído sobre la Europa de la posguerra y en el surgimiento de Sudáfrica después del apartheid, y se dio cuenta de que Venezuela nunca será estable mientras se mantengan las divisiones. Es necesario forjar, como Mandela con F. W. de Klerk o King con Lyndon Johnson, cierta confianza entre la oposición y los partidarios del chavismo. “Mucha gente de la oposición tiene resentimientos, y lo entiendo”, me dijo. “Pero creo que nuestra responsabilidad es ir más allá del resentimiento personal. Cuatro años de prisión me han dado la posibilidad de ver las cosas de otra manera, de poner la rabia en perspectiva”.

Hace algunos días estaba hablando con López un poco antes de la medianoche. Su familia dormía y él aprovechaba esas horas de tranquilidad para prepararse ante la posibilidad de que la publicación de este trabajo pudiera causar su regreso a prisión. Esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Su hija mayor tenía solo 6 años cuando él fue a prisión por primera vez y 10 cuando regresó a su casa. Su hijo tenía menos de un año y ahora estaba empezando a conocer a su padre. A fines de enero, López y Tintori tuvieron una segunda hija, y le preocupa pensar que pasarán años antes de volver a ver a sus hijos.

“No es fácil”, dijo en voz baja. “No es fácil, pero tengo la responsabilidad de decir lo que pienso. Llevo cuatro años en prisión por decir lo que pienso y, si me censuro, la dictadura me derrota”. López piensa que, con el liderazgo correcto, Venezuela podría recuperarse. Piensa en los tiempos de posguerra en Japón, Corea del Sur y Europa. Sabe que la estabilización del bolívar puede lograrse asociando su valor al de una moneda extranjera y que, con un nuevo gobierno, el sector privado regresará. Cree que la producción petrolera del país se recuperará con una buena administración y ha estado trabajando durante casi una década en un plan para convertir a la compañía petrolera nacional en una especie de fideicomiso de Seguridad Social, con acciones de inversión asignadas al público para las jubilaciones, el sector educativo y las emergencias.

El desafío es llegar a un punto en el que pueda iniciarse cualquier parte de ese proyecto. A medida que se profundiza la crisis en Venezuela, el camino hacia una transición parece más oscuro que nunca. Políticos, historiadores y asesores: todos tienen algún tipo de propuesta, pero el problema es que, si se estudia cada uno de los planes, ninguno tiene muchas posibilidades de ponerse en práctica. O de funcionar. Comenzando por el gobierno de Donald Trump, que últimamente ha sugerido la posibilidad de un golpe militar. En febrero, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, reflexionó sobre la situación del país y dijo que en el contexto de la historia de América Latina “los militares son los que se encargan de eso”, a lo que el senador Marco Rubio agregó en su cuenta de Twitter que el ejército venezolano debería “restaurar la democracia mediante la remoción del dictador”.

Además del hecho de que derrocar a un dictador no es una garantía de democracia, no hay muchas personas en Venezuela que consideren probable que se efectúe un golpe. Hace algunas semanas me encontré con el líder que se instaló brevemente en el poder gracias al último golpe militar, Pedro Carmona, quien me dijo que el ejército había sido purgado de disidentes, con altos oficiales cuya pureza ideológica es monitoreada por el servicio de inteligencia cubano. “El G2 tiene una instalación en Caracas espiando al ejército venezolano”, dijo. “Entonces, en el aspecto militar, lo mejor que podría esperar es que no repriman a la gente”.

La presión desde el exterior también ha tardado en consolidarse. Los críticos acusan a los miembros de la Organización de Estados Americanos de no haber logrado restringir al gobierno de Maduro, que mantiene convenios petroleros con varias naciones miembro. Una coalición más pequeña de países latinoamericanos se ha unido a Canadá para crear el Grupo de Lima, cuya vociferante condena a la represión política no se ha traducido en acciones concretas.

En los últimos años, las sanciones estadounidenses se han endurecido de manera constante. Luego de un prolongado debate entre el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) y el Departamento de Estado, el gobierno de Obama impuso sanciones limitadas en 2015, principalmente dirigidas a los activos financieros de algunos líderes venezolanos. Mark Feierstein, quien ese año asumió la responsabilidad de implementar en el hemisferio occidental las políticas del Consejo de Seguridad Nacional, me dijo que el gobierno estadounidense perdió una oportunidad crítica de influir en la negociación de 2016 entre el gobierno de Maduro y la oposición.

“El NSC, o al menos yo, estaba inclinado a actuar más rápido”, dijo, “y creo que las negociaciones fracasaron en gran medida porque se eliminó la presión”. El gobierno de Trump ha ampliado el programa de sanciones, pero saber hasta qué punto profundizar esas medidas, ampliarlas o llegar a restringir la importación del crudo venezolano, nos remite al cálculo brutal de cuánto resentirían esas decisiones al pueblo venezolano, y si aumentar su miseria provocaría un levantamiento o simplemente empeoraría la crisis humanitaria.

En los últimos meses también se han desatado los rumores sobre una guerra. Trump hizo sugerencias de una “opción militar” en Caracas, e incluso voces relativamente moderadas han comenzado a fantasear sobre el enfrentamiento. En enero, el académico de Harvard Ricardo Hausmann, quien fue ministro de Planificación de Venezuela de 1992 a 1993, publicó una propuesta que sugería que el congreso invitara a una fuerza de invasión multilateral que ayudara a la instauración de un nuevo gobierno, haciendo una comparación con la liberación de Europa.

Hablé con varios líderes opositores que celebran esa idea, pero puede que eso sea más un reflejo de la desesperación del país que una propuesta inteligente. Es difícil imaginar a Rusia y China, después de años de apuntalar la economía venezolana a cambio de petróleo, permitiendo que una invasión extranjera amenace sus inversiones. Una preocupación mayor radica en el ámbito interno: Maduro tiene casi un 30 por ciento de aprobación en medio de una economía devastada, pero nada le generaría tanto apoyo como un ejército de ocupación. Venezuela es una sociedad fuertemente armada y cada vez más violenta. Invitar a una intervención militar es crear una guerra civil.

Hace algunos meses era posible imaginar un camino electoral para el cambio, pero en la actualidad casi todos los partidos de la oposición han sido inhabilitados para postularse. La noche del 15 de febrero Maduro dio un paso más, interrumpiendo las transmisiones de televisión y radio para anunciar que el partido que López fundó en 2009 no es una organización política, sino un “grupo fascista violento” que opera “fuera de la ley”. Cuando hablé con López la mañana siguiente dijo que 87 líderes del movimiento ya estaban en prisión. Los que se quedaron se preparaban para convertir al partido en una “organización clandestina”. Pronto, dijo, podrían reducirse a reuniones secretas y arrojar panfletos en las esquinas con camionetas sin placas.

Pero incluso cuando las condiciones empeoraron de forma vertiginosa, observé cómo López trataba de incorporar lo que aprendió en la prisión a su vida diaria. Incapaz de hablar públicamente, desarrolló una red de canales privados, reconectando con los líderes de los partidos políticos en los que antes militó, haciendo contactos con los funcionarios del gobierno de Maduro, los ministros de relaciones exteriores y los jefes de Estado. Durante la reciente negociación entre los líderes de la oposición y el gobierno, López estuvo en contacto con todas las partes; incluso después de que su partido se retirara del diálogo, continuó consultando con los líderes que permanecieron en la mesa. Cuando las disputas se extendieron, proporcionó un canal de comunicación, un centro invisible en el que parecía que todas las vertientes se conectaban.

López también se mostraba flexible en sus ideas sobre la transición. En la mayoría de nuestras conversaciones se opuso firmemente a la idea de una acción militar pero, una noche que hablamos, dijo que estaba empezando a pensar de manera diferente. Un mecanismo no deseado podría generar un cambio que sería bienvenido.

“En 1958, hubo un golpe militar que comenzó la transición a la democracia”, dijo. “Y en otros países de América Latina hubo golpes de Estado que convocaron elecciones. Entonces no quiero descartar nada, porque la ventana electoral se ha cerrado. Necesitamos avanzar en muchos niveles distintos. Uno son las protestas callejeras; otro es la coordinación con la comunidad internacional. Así es como estoy pensando ahora: necesitamos aumentar todas las formas de presión. Cualquier cosa, cualquier cosa que deba suceder para convocar una elección libre y justa”.

Si bien fue contradictorio escuchar esa declaración de López, vino acompañada por otro cambio. Durante varios meses, la policía secreta lo había visitado cuatro veces al día para fotografiarlo con una copia del periódico del día. Últimamente, López comenzó a invitar a pasar a los agentes. Hace poco habló con uno durante más de dos horas, le ofreció un trozo del pastel del cumpleaños de su hija y conversaron sobre la crisis inflacionaria y la reciente masacre de un pequeño grupo rebelde. “Hemos desarrollado, no diría una buena relación, sino una relación”, dijo.

Pensando en todos estos cambios, me pareció que López trataba de lograr un equilibrio cada vez más difícil. Estaba dispuesto a aceptar propuestas que hace seis meses le parecían aborrecibles, pero también estaba haciendo un esfuerzo mayor para abrirle la puerta al diálogo. La lucha que enfrenta es una versión intensificada de la tensión presente en toda la historia. Y lo hizo para determinar el esquivo punto de apoyo entre su ira y su fe.

Since the publication of this article, armed guards from the Venezuelan intelligence service have raided and occupied the residence of Leopoldo López. Members of the Venezuelan National Assembly gathered in front of the house, along with local media and citizens, to protest the invasion and threats by the Venezuelan government that López will be returned to military prison.

There’s a page in a book in a stack on the floor at the house of Leopoldo López that I think about sometimes. It’s a page that López revisits often; one to which he has returned so many times these past few years, scribbling new ideas in the margin and underlining words and phrases in three different colors of ink and pencil, that studying it today can give you the impression of counting the tree rings in his political life.

The book is not set out in a way to invite this kind of attention. Almost nobody is allowed to enter the López house, for one thing, being surrounded all day and night by the Venezuelan secret police; but also, for all his flaws and shortcomings, López just isn’t the sort to dress up his library for show. Pretty much every book in the house is piled up in a stack like this one — row upon row of stacked-up books rising six to eight feet from the dark wood floors, these gangly towers of dog-eared tomes, some of them teetering so precariously that when you see one of the López children run past, you might involuntarily flinch.

The particular book I have in mind is a collection of political essays and speeches. It was compiled by the Mexican politician Liébano Sáenz, with entries on the Mayan prince Nakuk Pech and the French activist Olympe de Gouges. The chapter that means the most to López begins on Page 211, under the header “Carta a los Clérigos de Alabama.” This is a mixed-up version of the title you know as “Letter From Birmingham Jail,” which was written by the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. in 1963. King was in Birmingham to lead nonviolent protests of the sort that everybody praises now, but it’s helpful to remember that in 1963, he was catching hell from every quarter. It wasn’t just the slithering goons of the F.B.I. wiretapping his home and office or the ascendant black-nationalist movement rolling its eyes at his peaceful piety, but a caucus of his own would-be allies who were happy to talk about civil rights just as long as it didn’t cause any ruckus. A handful of clergymen in Birmingham had recently issued a statement disparaging King as an outside agitator whose marches and civil disobedience were “technically peaceful” but still broke the law and were likely “to incite to hatred and violence.”

Leopoldo López last July. He had been released to house arrest on the condition that he keep silent. CreditCarlos Becerra

 

On the page in the book at the López house, King fires back. Writing from a cramped cell without a mattress or electric light, he scrawled a response on scraps of paper for his cellmate to smuggle out. Near the top of the page, López has underlined a passage in pencil where King condemns the complacency of “the white moderate” and the suggestion that peaceful protesters are responsible for the violent response of others. “We who engage in nonviolent direct action are not the creators of tension,” he writes in a passage López marked with green: “We merely bring to the surface the hidden tension that is already alive.” King then compares civil disobedience to the lancing of a boil, before culminating in a passage that López has flagged at least half a dozen times — with some words underlined in red, others highlighted pink, a handful of phrases boxed in green and three large arrows drawn into the margin beside the words: “Injustice must be exposed, with all the tension its exposure creates.”

López was arrested in February 2014 after leading a public protest that turned violent. Prosecutors acknowledged in court that López was technically peaceful, but they accused him of inciting others to hatred and violence. Before his arrest, he was among the most prominent and popular opposition leaders in Venezuela. Polling suggested that he could defeat President Nicolás Maduro, the unpopular successor to Hugo Chávez, in a free election. At trial, he was sentenced to 13 years and nine months in prison. Since then, he has become the most prominent political prisoner in Latin America, if not the world. His case has been championed by just about every human rights organization on earth, and he is represented by the attorney Jared Genser, who is known as “the extractor” for his work with political prisoners like Liu Xiaobo, Mohamed Nasheed and Aung San Suu Kyi. The list of world leaders who have called on the Venezuelan government to release López includes Angela Merkel of Germany, Emmanuel Macron of France, Theresa May of Britain and Justin Trudeau of Canada; it is that rarest of political causes on which Barack Obama and Donald Trump are in agreement. In Venezuela, López has become a kind of symbol. His name and face are emblazoned on billboards, T-shirts and banners — but there’s widespread disagreement on precisely what he represents. The Venezuelan government routinely disparages him as a right-wing reactionary from the ruling class who wants to reverse the social progress of chavismo and restore the landed aristocracy; the Venezuelan right, meanwhile, considers López a neo-Marxist, whose proposal to distribute the country’s oil wealth among the people would only deepen the chavista agenda.

For three and a half years in prison, López refused to let anyone speak for him. Though he was prohibited from granting interviews or issuing public statements and was often denied access to books, paper, pens and pencils, he managed to scribble messages on scraps of paper for his family to smuggle out, and he recorded a handful of covert audio and video messages denouncing the Maduro government. From time to time, he could even be heard screaming political slogans through the bars of the concrete tower in the military prison where he was kept in isolation.

López was released to house arrest last July on the condition that he fall silent. He promptly climbed the fence behind his house to rally a gathering crowd, then issued a video message asking his followers to resist the government. Three weeks later, he was back in prison; after four days, he was released again. Ever since, to the great bewilderment of his supporters, he has vanished from public view. While the country descends into an unprecedented crisis — with the world’s highest rate of inflation, extreme shortages of food and medicine, constant electrical blackouts, thousands of children dying of malnutrition, rampant crime in every province, looting and rioting in the streets — López has said nothing.

 Venezuelan families forced to leave their homes because of economic conditions now live in Colombia under a bridge that connects to Venezuela.CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

 

Today his critics include not just the hard-line left and right but much of the Venezuelan majority that once saw him as a future president. They don’t understand what López is doing inside that house, tucked away on that leafy street in the wealthy suburbs of Caracas, but they suspect that he has grown comfortable there, reunited with his wife and children; that his family’s wealth insulates him from the economic crisis; that the secret police who surround his home protect him from rising crime; and they can’t help wondering if Leopoldo López has finally given up. They know, as he knows, that if he issued a public statement or released another video message, if he climbed the fence behind his house to address his followers again, the secret police would swoop in to haul him back to prison. But López never let the risk of prison stop him before. He would have at least one chance to speak, and they wonder why he hasn’t.

There’s a flicker onscreen whenever López connects, then a blur of pixelated color as his face comes into view. On different days, at different times, he can look very different. There are mornings when he turns up in an old sweatshirt with unkempt hair and a weary smile, and others when he appears in a pressed oxford shirt with parted hair and black-rimmed glasses that do nothing whatsoever to obscure the haunted air of a sleepless night.

I think of a Saturday in October. It was a few minutes after noon. I was out for a walk with my kids when a message from López popped on my phone. “The situation is very delicate,” he wrote. “I may be on the borderline of going back to prison.” Scrambling home, I opened my laptop and after a minute, he appeared onscreen. López is 46, 5-foot-10 and fit. He was sitting at the desk in his living room with his hair poking off at angles, and the cast of his expression was an admixture of fear, fatigue and fury.

When the audio clicked on, I asked what was happening. López took a deep breath. He propped an elbow on the desk and rested his head in his hand. “Last night around 7:30, they came to my house — more than 30 officers of the political police,” he said. “They had more than 10 cars. They closed the entire street. And then they came into my house.” For more than a decade, López has employed a private security detail, as political opponents stormed his events with masks and guns, sprayed his car with bullets and murdered one of his bodyguards. Under house arrest, he is allowed to maintain a small guard outside. During the raid, López said, the police took his chief of security into custody, and no one had heard from him since. “There was absolutely no reason, legally, they could take him, and they have not allowed any lawyers to go in to see him,” López said. He looked down at his desk and shook his head. “So that’s the situation,” he said quietly. “And I wanted to tell you that I’m willing to go forward with this, what we’re doing.”

At that point, we had a very different sense of what we might be doing. We had been in contact for only a few weeks. I first reached out to López through an intermediary in August, not long after his return to house arrest, and by September we were talking a couple of times a week, usually for a couple of hours at a time. This was a clear violation of his release. An order from the Venezuelan Supreme Court specifically forbid him to speak with the news media, and we didn’t expect to get away with it. At a minimum, it was safe to assume that his house was bugged for sound, but there were probably hidden cameras as well, and his computer was surely hacked and his internet activity monitored.

The world is full of byzantine methods to communicate through encrypted channels, but most of them are obviated for a person who is trapped in a digital glass house and surrounded by the state security of an authoritarian regime. We did what little we could to be discreet, knowing it wasn’t much. Rather than connect on Skype or FaceTime, we used an obscure video service, which seemed at least marginally less likely to be a platform the police had practice hacking. Whenever we spoke, López wore a pair of headphones, so a conventional audio bug would only pick up his side of the conversation, and we adopted the general posture of old friends catching up. This was not as much of a stretch as it may seem. López is three years older than I am and a graduate of Kenyon College, where we briefly overlapped but never met. From time to time, one of us would mention the school or someone we both knew there, and our kids would periodically wander onscreen to wave hello.

All of this seemed hopelessly primitive in the face of state surveillance, but then again, it seemed as if it might be working. Once in a while a big white van would appear in front of his house and the connection would go dark, but within an hour or two, the van would leave and we’d get back online. Neither of us could explain why, if government agents were listening, they hadn’t shut us down or come inside to arrest him. There was every reason to believe that they would. In our conversation that day in October, López mentioned that the agents raiding his home had given just one reason: They believed he was talking to a reporter and recording a video message. This led to a curious moment in our conversation, as the recording system on my end of the interview captured his denial. “It’s not true,” he said to anyone listening. “I’ve had no contact with any journalist!”

I don’t mean to make light of the situation, but the truth is, we often did. Venezuela was coming off a summer that promised change. In July, the opposition movement sponsored a nonbinding referendum on the government’s plan to rewrite the Constitution. With more than seven million ballots cast, 98 percent of voters opposed the government. Soon after that, emissaries from the government approached opposition leaders to begin a formal negotiation, with a primary focus on the release of political prisoners. Even as we spoke that day in October, the country was preparing for regional elections in which opposition candidates were expected to win by a landslide.

There were contradictory signals, of course, but the trajectory was toward transition. This was a time when headlines everywhere predicted a “turning point” for Venezuela, and I think on some unspoken level, López was counting on it. It was a gamble to speak publicly, but it wasn’t crazy to imagine that by the time this article appeared, the political landscape could be transformed — that the opposition, which already held a supermajority in Congress, could win a similar proportion of governorships; that a regional victory would carry into the municipal campaign in December; that they would enter this year’s presidential race with momentum against a deeply unpopular president, polling at 25 percent; that the negotiation for political prisoners might even allow López to challenge Maduro himself. Polls at one point suggested he could win the presidency by a margin of 30 percent.

This was the conversation that I think we expected to have last summer: a look at the next chapter for Venezuela and the role he might play. Instead, with each passing day, the possibilities grew more slender. When voting began on the morning after that October call, nothing went as expected. The polling places for more than 700,000 citizens had mysteriously moved, in some cases so far that it would take hours for them to travel on crowded buses. Even so, by evening, officials were reporting overwhelming turnout and a breathtaking upset: Candidates from the ruling party had swept all but five of the governor’s races. Amid a global outcry of fraud, several opposition parties withdrew from the municipal elections — and the government responded by invalidating those parties. The scheduled negotiation with opposition leaders began in November. In January, the talks collapsed. In February, officials dissolved the whole coalition of opposition parties.

Political leaders of every stripe were being detained by the secret police. The second-ranking member of Congress went into hiding at the Chilean Embassy, and about a dozen mayors fled the country. The state, the economy and the social fabric were unraveling all at once. Everywhere, people were leaving Venezuela any way they could. They piled into ramshackle boats and died at sea. They walked the highway toward Brazil, collapsing in heat and sun. They poured into Colombia, tens of thousands each day, a refugee crisis comparable in number to the flight of the Rohingya to Bangladesh. It seemed that every time I spoke with López, another friend had taken sanctuary in an embassy, gone to prison or fled.

Venezuelans crossing into Colombia in February. CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

I asked him one day recently how he was managing the pressure. The secret police had just returned to his house with another order to arrest him, and he was saying goodbye to his wife, Lilian, who was eight months pregnant, when one of the agents received a phone call to suspend the arrest. It wasn’t clear when they might return.

“How are you feeling?” I asked.

“It’s tough,” he said. “It’s tough after what happened. Every day I think is the last day I have to be with my kids.”

I asked if he ever thought about trying to escape. “Most people tell me that I should,” he said. “But I believe a commitment to the cause means that I need to take the risk.” As he spoke, I realized that what we had actually been talking about all these months, what he had been trying to communicate through this portal from his silence, was never really about the future of Venezuela or the role he hoped to play, and it wasn’t about political ambition or the next chapter in history. It was something fundamental that kept coming up in offhand remarks. It was something that he learned in prison about the history we’re always in.

The line of people waiting to leave Venezuela begins to form an hour before dawn. Migrants drift through unlit streets in the border town of San Antonio to gather at the foot of the Simon Bolívar Bridge, where they wait beneath a huge red banner that reads, “Don’t speak ill of Chávez.” When the checkpoint opens at 6 a.m., they push forward, moving shoulder to shoulder down the two-lane highway into Colombia. There will be no tapering off through the day; there is no end to the people coming. Some have traveled more than a week to get here. It only takes a glance to see what sort of people they are: every sort, of every age, from every profession and social stratum — young families and older couples and clusters of itinerant boys and solitary young women looking several weeks overdue. If you stop for a moment on your way across the bridge, you can almost feel the deflating wind of the Venezuelan exodus at your back.

Historians have come up with all sorts of arguments about the arc of Venezuelan history and how things went so wrong. A couple of points strike me as indispensable to any case: Venezuela is the birthplace of Latin American independence and sits on the largest proven reserves of oil in the world. How you interpret the role of these factors in any given historic event is a matter of personal politics and granular debate, but you can’t have a serious discussion about Venezuela without taking both into account. For most of the past century, the country has whipsawed between political movements that court and reflect and sometimes renounce the legacy of anti-imperialism and the towering glut of riches.

Like most of its neighbors, Venezuela endured a succession of caudillostrongmen in the early 20th century and responded with a radical leftist movement in the 1950s and ’60s. Unlike its counterparts in neighboring countries, the Venezuelan left didn’t get very far. Some of them took up arms in the mountains and limped through a series of gunfights, but by the end of the ’60s, most had returned to a marginal place in conventional politics. One of the few who stayed in the fight was a guerrilla named Douglas Bravo, who called his nationalist political ideology “Bolívarianism.” Bravo finally settled in Caracas in the 1980s, where he developed inroads with disaffected citizens and soldiers in the Venezuelan Army. Two of the acolytes he courted were the brothers Adán and Hugo Chávez, who welcomed the idea of leading a Bolívarian coup.

It took about a decade of recruitment and planning, during which time the Venezuelan establishment seemed to be doing everything possible to help them. For decades, the two major parties essentially passed the presidency back and forth in a power-sharing agreement that gave little heed to the country’s swollen underclass. Venezuela’s economic fault lines had become so fraught that in 1989 a rise in bus fares helped trigger deadly riots. By the time the Chávez brothers were ready to attempt their coup in 1992, a lot of Venezuelans were just happy to see the establishment take a hit. Although the coup failed and Chávez spent two years in prison, he emerged as a minor celebrity. By 1998, he was running for president.

 Gas smugglers from Venezuela on one of the dozens of rural routes that connect Venezuela and Colombia by crossing the Táchira River.CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

It’s easy now, with the country in turmoil, to dismiss the whole project of chavismo. But the election of Chávez in 1998 coincided with a groundswell of social and political movements for whom Chávez, with his energy and outrage, pledging to crack down on corruption and raise the minimum wage, seemed a natural ally. Whatever else Chávez became, he delivered on many of his promises. During his tenure, unemployment fell by half, the gross domestic product more than doubled, infant mortality dropped by almost a third and the poverty rate was nearly halved. You can chalk this up to other factors, like a tenfold increase in the price of oil that showered his administration with revenue, and you can argue that Chávez failed miserably to anticipate the next downturn in oil prices, but you can’t really accuse him of making promises to the poor and then delivering to the rich, or keeping all the money for himself. Under his watch, income inequality dropped to one of the lowest levels in the Western Hemisphere. Chávez didn’t have to steal elections. He was wildly popular among the poor and put his proposals up for election almost every year. He introduced touch-screen voting, with thumbprint recognition and a printed receipt, an electoral system that Jimmy Carter described as being, among all the countries he had monitored, “the best in the world.”

Chávez also possessed an autocratic impulse that was jarring from the start. Over the course of 14 years in office, he dismantled the country’s democratic institutions one by one. There’s an interesting debate among political theorists about what to call a leader who destroys a democracy with democratic support. It’s possible to think of Chávez as a totalitarian or a tyrant for suppressing his opponents while rejecting the term “dictator” to describe a popular president. Chávez made no secret of his contempt for the country’s extant political system; he couldn’t even get through his first inauguration without ad-libbing, in the middle of the swearing-in ceremony, a promise to rewrite the Constitution — which he promptly did, consolidating power over the Legislature and the courts.

Any limit that Chávez might have been willing to accept on his power vanished in April 2002, when a junta of military officers and right-wing leaders tried to oust him in a coup. For about 36 hours, they installed as president a man named Pedro Carmona, who was the director of Venezuela’s primary business consortium. Carmona’s government proceeded to undermine institutions at a clip that would make even Chávez blush. In the single day of his presidency, he dissolved the Legislature, the Supreme Court and the Constitution and began to cleanse the Venezuelan military of anyone loyal to Chávez. This was too much even for critics of chavismo. The streets of Caracas exploded in protest, and crowds descended on the presidential palace. Soon Chávez was back in office, consolidating power more quickly than ever. He persecuted rivals and stacked the courts and levied so many restrictions on industry that the private sector essentially disappeared.

You can think of the decade between the coup and his death in 2013 as a gradual process of bleeding out public resources for public consumption. At a basic level, Chávez just wasn’t very good at managing an economy. His budget spent the revenue from skyrocketing oil prices, and his control of the state oil company proved disastrous. Chávez believed that because oil reserves are a finite resource, it made sense to limit production and drive up the price of every barrel. This way of thinking is widely disputed, if not debunked. Producers are constantly developing new ways to find and access oil; between the American shale revolution and rising competition from alternative energy, most oil companies today want to pump as much oil as quickly as they can.

When Chávez took power in Venezuela, the state oil company was producing about 3.4 million barrels per day. Its leadership planned to almost double the volume. Instead, through a combination of Chávez’s misguided theories and a general failure to invest in the company and installing his personal henchmen to run it, production of Venezuelan oil has fallen by nearly half. Oil prices have also dropped considerably over the past few years, but the country has little else to sell. According to the most recent data, oil accounts for about 95 percent of Venezuelan export earnings. Much of that oil is being shipped to Russia and China in exchange for help with the national debt, giving both countries expansive claims on Venezuelan production. The more desperate the Maduro regime becomes, the more these countries stand to gain.

What you’ve got then is a domino cascade: less and less oil, at lower and lower prices, with nothing else to sell, and a dependence on foreign money at the expense of future income. The final chip in the cascade has been Venezuela’s currency. As national revenue plunged, leaving a gap in the annual budget, Chávez and Maduro turned to the central bank to print more money. The number of Venezuelan bolívars has grown exponentially in recent years. When Maduro took power in 2013, the country’s monetary base was about 250 billion bolívars. Today, it’s more than 60 trillion. For a sense of scale, imagine if you had $5,000 yesterday, and today it was $1.2 million. I don’t mean to suggest any meaningful comparison between your savings account and a national economy, but it’s not difficult to imagine how a huge increase in money distorts the way people spend it.

Most countries around the world produce official inflation reports. The Venezuelan government has essentially stopped. One of the world’s leading experts on hyperinflation is a professor at Johns Hopkins University named Steve Hanke, who has advised governments around the world on runaway inflation, including Venezuela in 1995 and ’96. Hanke has been tracking the Venezuelan economy closely for the past five years, producing a daily estimate of the country’s annual inflation. As I write this, his most recent estimate was 5,220 percent. The International Monetary Fund has predicted that inflation in Venezuela will reach 13,000 percent this year.

A Venezuelan gas smuggler. CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

 

 

 

Joint operations between the police and the Colombian military try to stop smuggling.CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

 

 

This is what you see in the faces of the people on the bridge leaving Venezuela. You see people trying to escape a country where basic supplies are nearly impossible to find and prohibitively expensive, where the price you paid for a car a few years ago won’t buy a loaf of bread today. You see families with roll-aboard luggage and no plans to go back, and children who are crossing just for the day with nothing but a bunch of bananas. They will sell the bananas for a pittance in Colombian pesos, then return home to convert the cash into a small fortune of Venezuelan currency — at least for a few days, when their money will be worthless again.

López was born to privilege in the wealthy enclaves of northeastern Caracas. His father, Leopoldo López Gil, was the head of an international scholarship program who sat on the editorial board of a center-left newspaper. His mother, Antonieta Mendoza, was a distant relative of the first president of Venezuela, Cristóbal Mendoza, and of Simon Bolívar. Each side of the family had long traditions of political activism and dissent. López grew up hearing about his great-grandfather’s 17 years in prison and his grandfather’s role in the underground resistance. “We always heard those stories,” his sister Diana told me. “I think it was always in Leo’s memory.” López said he relished the history in part because it felt so alien, snapshots of a country that he couldn’t quite imagine. “I saw it as a faraway past of black-and-white pictures,” he told me. “I never thought that in the 21st century, my own reality could be similar.”

The Venezuela that López inhabited was the wealthiest country in Latin America. It welcomed tens of thousands of immigrants every year and had been a democracy since 1958. Skateboarding, swimming, crazy for girls, López at 13 was largely removed from the country’s systemic inequities. He was on a school trip to the rural state of Zulia, passing through the region’s oil fields, when he found himself unexpectedly moved by the destitution around him. “I was shocked by the poverty level,” he recalled, “and the fact that below these very humble barrios and dramatic poverty, we had huge potential.” Diana told me that López began making trips into western Caracas “to try to understand the dynamics of the city.” At school, he immersed himself in student leadership, becoming vice president of the student government and captain of the swimming team.

After college, López briefly enrolled at Harvard Divinity School but left after one semester to enroll in the Kennedy School of Government at Harvard. He completed a master’s thesis on the legal and economic framework of oil production in Venezuela and traveled through Nicaragua and Bolivia to study the impact of microloans. In 1996, he returned home for a job in the strategic planning office of the state oil company.

Watching the ascent of Chávez in 1998, López was unimpressed. “Ever since the establishment of the Venezuelan republic in 1830, for the most part we’ve had military in the government,” he told me. “And that has created a militaristic way of governing.” I asked López if there was ever a point when he reconsidered his opinion of Chávez. “For one day,” he said with a laugh. “When he spoke about microcredits to the poor.”

As Chávez took office and began making plans to rewrite the Constitution, López campaigned for a seat in the constitutional convention. He lost that election but rallied with two other failed candidates to create a new political party, then he entered the 2000 campaign for mayor of the city’s most affluent borough. He won with 51 percent of the vote.

Over the next eight years, López gained international attention as mayor of Chacao. He began by raising business taxes while offering incentives for companies to move into the district. With revenue up, he commenced a series of public works, building health clinics and schools, a theater, a public market and a recreation center. Still unmarried and in his early 30s, he was comically hands on, forever rolling up his sleeves at groundbreaking ceremonies and appearing, in Cory Booker fashion, at predawn crime scenes to consult with detectives in the blinking red light. In a city notorious for crime, he implemented policing measures that were popular in the United States — think “zero tolerance” and “broken windows” and “compstat” multivariate analysis. His platform, then, was a heterodox mash-up of initiatives that span the political spectrum, from lefty measures like raising corporate taxes to conservative models of policing. Residents loved it. In 2004, he was re-elected with 81 percent of the vote, and during his second term he met and married a prominent television personality named Lilian Tintori. In 2008, López left office with 92 percent approval and a ranking from the City Mayors Foundation as the third-best mayor in the world.

Skimming this résumé, you can see why people often regard López in a gauzy half-light, but even as he thrived as mayor of Chacao, he was becoming a polarizing figure. By the end of his second term, he was one of the most promising young politicians in Venezuela and one of the least capable of getting along with others. Within the opposition movement, López represented a radical wing. The word “radical” is often used about López in a misleading way. He favors a mixed economic model of expansive social services in health care, education and housing, offset by a large private sector of manufacturing and industry. On the spectrum of American politics, he would probably land in the progressive wing of the Democratic Party.

Where you can describe López as a radical is the way he approaches political activity. He believes that a relentless campaign of street demonstrations and civil disobedience is essential to challenge an authoritarian government. On any given day in 2002, a person walking through Caracas had a good chance of spotting the mayor of Chacao standing on a bench in some public park, bellowing at a crowd through a megaphone. How useful this was to the project of building a mature political party with governing potential was a matter of opinion, but López believed that the movement would get nowhere by relying on decorous party mechanics.

One way to measure the success of a strategy is to study its response. López became a frequent target of physical and administrative attacks. From 2002 to 2006, there were three major attempts on his life, one of which left him cradling a bodyguard dying of a gunshot meant for López. During his tenure as mayor, he was accused by the comptroller’s office of paying municipal expenses from the wrong part of his budget and barred from seeking public office until 2014. López appealed the decision and prepared to run for mayor of Caracas. He was leading with 65 percent of the vote when the Supreme Court upheld the comptroller’s decision. The Inter-American Court of Human Rights ruled the ban illegal and ordered Venezuela to let López run, but the government ignored the order and López has been forbidden to hold public office ever since.

By 2008, he was also clashing with other opposition leaders. He left the party he helped found, joined another and soon had issues with its leadership as well. In August, that party expelled him, and he began making plans to create yet another. American diplomats in Caracas weren’t sure what to make of López. A classified cable to Washington described his “much-publicized rebelliousness,” noting that López “will not hesitate to break with his opposition colleagues to get his way.” Another referred to him as “a divisive figure” who was “often described as arrogant, vindictive and power-hungry.”

Venezuelan migrants in Cúcuta. CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

In 2012, still barred from running for office, López threw his support behind an opposition candidate in the presidential election. Chávez beat that candidate by a 10-point margin but died soon after, opening the door for a repeat campaign against Maduro. When the electoral board announced that Maduro had won by a single percentage point, López suspected fraud. He pushed for the opposition movement to stage a public demonstration. Most of the other opposition leaders dismissed the idea, but in January 2014, López called for his supporters to take the streets.

By February, protests were springing up in every province. On Feb. 12, López rallied thousands of students at the edge of a park in Caracas. After his speech, they marched to the office of the attorney general a mile away. Some of the protesters began throwing rocks at the building. Security officers emerged, and two protesters were shot. Though López was gone before the violence began, officials accused him of being the “intellectual author” of the skirmish, and the attorney general issued a warrant for his arrest.

López and Tintori took refuge that night in a friend’s apartment. They recorded a video message for the public. “I want to say to all Venezuelans that I do not repent,” López said. He spent a few days in hiding, then recorded another video asking his supporters to gather at a downtown plaza on Feb. 18, dressed in white as a sign of peace, to bear witness as he turned himself in.

That morning, he climbed on a motorcycle and rode into the city. A large crowd was gathering, and the police had set up checkpoints to intercept him. López tried to find a way around the checkpoints but couldn’t. He finally rode up to a cluster of police officers from the Chacao district and removed his helmet. The officers recognized him, saluted and waved him through. López saw the crowd extending in every direction. Thousands upon thousands of people had come dressed in white. He waded through them to a statue of the Cuban independence hero José Martí and climbed the pedestal to look over the sea of faces. Someone handed him a megaphone, and he raised it. “If my imprisonment helps to awaken a people,” he called out, “then it will be worth the infamous imprisonment imposed on me.”

After a short speech, he climbed down from the pedestal, where soldiers were waiting to arrest him. They pulled him inside an armored vehicle, but the crowd pressed in, rocking it. Minutes passed, then half an hour. The truck was trapped by the crowd. Someone gave López a handset connected to the vehicle’s outside speakers. He called to the crowd that he was safe and that they should clear a way for the truck to get through. Slowly, almost grudgingly, they parted the path for López to prison.

 An opposition demonstration in Caracas in February.CreditCarlos Becerra for The New York Times

Officials placed López in a concrete tower on a military base outside the city, charging him with terrorism, arson and homicide. Amnesty International condemned his prosecution as “an affront to justice” and “a politically motivated attempt to silence dissent.” For his initial arraignment, he was taken from his cell in the middle of the night and marched outside to face a judge on a bus. The rest of the proceedings took place at the Palace of Justice in Caracas, a five-story edifice that sprawls across 1.5 million square feet downtown. Over the next 19 months, he traveled there nearly 100 times, in a motorcade of armored S.U.V.s, wearing a bulletproof vest, with his hands shackled together, wedged between two guards armed with machine guns and two more behind him. Each time López appeared in court, the Palace of Justice shut down.

The trial hinged on speech. No one accused López of being violent himself. Prosecutors scaled back the charges, arguing that he inspired violence in others. They brought in a linguistic expert to examine transcripts of his speeches and claimed that his message of peaceful protest disguised a “subliminal” call to violence. They introduced more than 100 witnesses, some of whom testified that they had received the subliminal messages. López tried to introduce his own witnesses, but the judge wouldn’t allow it.

A few words about the judge who signed his arrest warrant and a lead prosecutor and attorney general: They all repent. The judge who signed the warrant later admitted that she had been forced to do so. The lead prosecutor, after fleeing the country, denounced the case against López as “a farce,” saying “100 percent of the investigation was invented.” The attorney general, Luisa Ortega, escaped to Colombia last summer and says that the vice president of Maduro’s party instructed her to pursue López. I tracked Ortega down a few weeks ago, and we met for coffee in Bogotá. When I asked her about the criminal charges against López, she shook her head in dismay. “Without a doubt,” she said, “Leopoldo López is a political prisoner.”

Ortega told me it had been illegal to hold a civilian like López in a military prison. Over the course of three years, his conditions grew progressively worse. In the early stage, he was allowed to read and write, and a local university devised a program of study. He read Venezuelan poets, Ralph Waldo Emerson, the diary of Ho Chi Minh and a biography of Nguyen Van Thuan. He was consuming several volumes a week, until officials began to restrict what he could read. Eventually, they prohibited everything except the Bible. He read it from Genesis to Revelation. Then they took the Bible, too.

 A migration center run by the Catholic Church in Cúcuta.CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

 

 

 

Outside the refuge in Cúcuta, Colombia. CreditSebastián Liste/NOOR, for The New York Times

He was moved to a new cell, then another. He spent months in solitary confinement in a room that was six feet by 10 feet. He would sit in silence trying to pray or meditate and summon any possible reason for gratitude: that he could feel himself breathing; that his wife and children were safe; that through the window he could hear the commotion of the outside world — a passing truck, a twisting wind, some emphatic bird.

Without his books, he reflected on those he had read. He remembered biographies of nonviolent leaders and the Birmingham letter from King, and he began to wonder if what they had in common wasn’t just a commitment to resistance but some deeper observation about the character of history. This came through most clearly in King. His goal was never just to provoke or confront. It was to locate the elusive fulcrum between conflict and mediation — to produce an onslaught of pressure that forced officials to react while preserving an almost irrational faith in their capacity for good will.

“I had an illumination moment,” López recalled. “One night, I couldn’t sleep, and I was tossing from one side of the bed to the other, thinking about the son-of-a-bitch director of the prison. I was very, very angry, and I woke up the next morning, and I said: ‘What am I doing? This guy is taking away my tranquillity, my sleep.’ ” He realized that the buildup of anger threatened to distort his thinking. He began trying to separate his outrage from his fury. He continued to defy the arbitrary rules of prison — composing and smuggling a stream of subversive messages to the outside — but when the guards would charge into his cell to look for contraband, shouting and tearing through his things, he searched for calm. He would stand back, lifting his hands in a posture of self-defense and say in the most measured tone he could muster that he would protect himself if necessary. In the hours between, the interminable stretches of solitude, he tried to be honest with himself about what anger had cost him. It wasn’t just a threat to his state of mind but to his politics, his movement and the way he conceived the future.

“In the past, I was in confrontation with different views,” he told me. “Now I understand that everybody is needed in order to reach a way out of this disaster.” He thought of books he had read on postwar Europe and the South African emergence from apartheid, and he realized that Venezuela would never find stability if it were cleaved into disparate sectors. It would be necessary to forge, like Mandela with F.W. de Klerk or King with Lyndon Johnson, some tentative confianza between the opposition and supporters of chavismo. “A lot of people in the opposition have resentment, and I understand that,” he told me. “But I think our responsibility is to move beyond the personal resentment. Four years in prison have given me the possibility of seeing things a different way, of putting rage in its perspective.”

A few nights ago, I was speaking with López a little before midnight. His family was asleep, and in the quiet hours he was bracing for the possibility that appearing in these pages could trigger his return to prison. This was something we had talked about many times. His eldest daughter was a toddler when he first went to prison and is now a little girl. His son had been less than a year old and was just now getting to know his father. At the end of January, López and Tintori had a second daughter, and it troubled him to think that years could pass before he saw any of his children again.

“It’s not easy,” he said quietly. “It’s not easy, but I have the responsibility to speak my mind. I’ve been in prison four years now because of speaking my mind, and if I self-censor, I’m beaten by the dictatorship.” López said he still believed that with the right leadership, Venezuela could rebound. He thought of postwar Japan and South Korea and Europe. He knew that stabilizing the bolívar could be accomplished by attaching its value to a foreign currency, and that under a new government, the private sector would return. He believed the country’s oil production would recover under good management, and he had been working for nearly a decade on a plan to convert the national oil company into a kind of Social Security trust, with investment shares assigned to the public for retirement, education and emergencies.

López with his children, Manuela (left) and Leopoldo, at home in January.CreditDiana López for The New York Times

The challenge was to reach a point where any of that work could begin. As the crisis in Venezuela deepened, the path to a transition seemed more obscure than ever. Politicians, historians, think-tank pontificators — everyone had some sort of proposal, but the problem, if you studied each of them, was that none had very much chance of happening, or of working.

Start with the Trump administration, which has lately suggested a military coup. Speaking in February, Secretary of State Rex Tillerson mused that in a situation like Venezuela’s, “it’s the military that handles that,” to which Senator Marco Rubio later added on Twitter that the Venezuelan military should “restore democracy by removing a dictator.” Apart from the obvious fact that removing a dictator is no guarantee of democracy, there aren’t many people in Venezuela who consider a coup likely. A few weeks ago, I met up with the leader installed by the last military coup, Pedro Carmona, who told me the military has been purged of dissent, with senior officers monitored for ideological purity by the Cuban intelligence service. “The G2 has a facility in Caracas, spying on the Venezuelan military,” he said. “So on the military side, the best I could hope would be for them not to repress the people.”

Pressure from outside Venezuela has also been slow to coalesce. Critics accuse the members of the Organization of American States of failing to constrain the Maduro government, which showers oil bounty on several member nations. A smaller coalition of Latin American countries has joined with Canada to create the Lima Group, whose vociferous condemnation of the political repression has not converted to much concrete action. American sanctions have been steadily tightening in recent years. After a protracted debate between the National Security Council and the State Department, the Obama administration imposed limited sanctions in 2015, primarily targeting the financial assets of individual Venezuelan leaders. Mark Feierstein, who assumed responsibility for N.S.C. policy in the Western Hemisphere later that year, told me the administration had missed a critical opportunity to influence a 2016 negotiation between the Maduro government and the opposition. “The N.S.C., or at least I, was inclined to move more quickly,” he said, “and I think the negotiations largely failed because pressure was taken off.” The Trump administration has expanded the sanctions program, but how far to deepen sanctions, or expand them, or restrict the import of Venezuelan oil, is a brutal calculation about how much of the burden would be carried by the Venezuelan people, and whether adding to their misery is more likely to inspire an uprising or simply worsen the humanitarian disaster.

In recent months, there has also been rumbling about war. Trump has made oblique suggestions of a “military option” in Caracas, and even relatively moderate voices have begun to fantasize about cavalry. In January, the Harvard scholar Ricardo Hausmann, who served as Venezuela’s minister of planning from 1992 to 1993, published a proposal suggesting that the Legislature invite a multilateral invasion force to help support a new government, making a comparison to the liberation of Europe. I spoke with several opposition leaders who welcome this idea, but this might say more about the country’s desperation than the wisdom of the proposal. It’s difficult to imagine Russia and China, after years of propping up the Venezuelan economy in exchange for oil, allowing a foreign invasion to threaten their investment. An even greater concern is internal: Maduro is polling at about 30 percent approval in a devastated economy, but nothing would rally former chavistas to his side like an occupying army. Venezuela is a heavily armed society and increasingly violent. To invite a military intervention is to welcome civil war.

A few months ago, it was possible to imagine an electoral path to change, but today nearly all the opposition parties have been disqualified from running. On the evening of Feb. 15, Maduro took this a step further, interrupting television and radio broadcasts to announce that the party López founded in 2009 is not a political organization but a “violent fascist group” operating “outside the law.” When I spoke with López the next morning, he said that 87 party leaders were already in prison. Those who remained were preparing to convert the party into a “clandestine organization.” Soon, he said, they could be reduced to secret meetings and tossing pamphlets on street corners from unmarked vans.

But even as conditions spiraled down, I watched López try to incorporate what he learned in prison to daily life. Unable to speak publicly, he developed a network of private channels — reconnecting with leaders of the political parties from which he’d split, making inroads with members of the Maduro government and with foreign ministers and heads of state. During the recent negotiation between opposition leaders and the government, López was in contact with all sides; even after his party withdrew from the dialogue, he continued to consult with leaders who remained at the table. When disputes spilled over among them, he provided a back channel, an invisible hub to which it seemed as if all spokes connected.

López was also flexible in his thinking about transition. Through most of our conversations, he strongly opposed the idea of military action, but when we spoke late the other night, he said he was beginning to think differently. An unwelcome mechanism can bring welcome change.

“In 1958, there was a military coup that began the transition to democracy,” he said. “And in other Latin American countries, there have been coups that called elections. So I don’t want to rule anything out, because the electoral window has been closed. We need to go forward on many different levels. One is street demonstrations; a second is coordination with the international community. But this is how I’m thinking now: We need to increase all forms of pressure. Anything, anything that needs to happen to produce a free and fair election.”

If it was jarring to hear this from López, it was matched by another development. For several months, the secret police had been coming to his front door about four times a day to photograph him with a copy of the day’s newspaper. Lately, López had begun to invite the agents in. He had recently spoken with one for more than two hours, offering him a slice of cake from his daughter’s birthday and talking about the inflation crisis and the recent massacre of a small rebel group. “We’ve developed — I wouldn’t say a good relationship, but a relationship,” he said.

Thinking about these developments together, it seemed to me that López was trying to strike an increasingly difficult balance. He was willing to entertain proposals that he found abhorrent six months ago, but he was also making a greater effort to open the door for dialogue. The struggle he faced was a heightened version of the tension in all history. It was to locate the elusive fulcrum between his rage and faith.