Naciones Unidas evaluará al país por lucha contra tortura
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL lunes 29 de septiembre de 2014

Screen Shot 2014-09-29 at 12.13.51 PMEstado asegura que avanzó en el combate a este crimen, pero ONGs difieren

¿Qué medidas han tomado para erradicar la tortura? ¿A cuántos funcionarios han sancionado por cometer este crimen? Estas y otras preguntas deberán responder las autoridades venezolanas los próximos 6 y 7 de noviembre ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), organismo que evaluará las acciones adoptadas para erradicar esta violación a los Derechos Humanos.

La información figura en la página web del organismo internacional, en la cual anuncia que durante su sesión número 53, a celebrarse del 3 al 28 de noviembre, también serán examinados Australia, Burundi, Croacia, Kazajistán, Suecia, Ucrania y Estados Unidos.

El proceso, según explicó la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, es parecido al Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, en el cual organizaciones de Derechos Humanos suministran información a los países miembros de la ONU y los representantes de dichos países formulan preguntas a los enviados por el Gobierno en unas audiencias públicas; y, por último, hacen sugerencias.

El Estado saca pecho  La aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumamos y Degradantes por parte de la Asamblea Nacional en julio de 2012, es el principal avance que exhibirán las autoridades. Al menos esto es lo que dejan en claro tanto los informes que envió el Estado en febrero de 2013 como el que este año mandó la Defensoría del Pueblo.

El instrumento castiga con hasta 25 años de prisión, e igual de inhabilitación, al funcionario público que inflija “dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión” o que pretenda “castigarla por un acto que haya cometido”.

Asimismo dicho texto crea la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, la cual depende de la Defensoría.

En su reporte al CAT el despacho dirigido por Gabriela Ramírez tachó de “especialmente relevante” esta instancia, por sus “amplias atribuciones para la prevención” de este crimen, en particular la posibilidad de inspeccionar sedes policiales y cárceles “sin previo aviso” para “garantizar el respeto a la integridad personal” de las personas que allí estén detenidas.

Por su parte, el Gobierno, en su informe, resaltó también la aprobación de las leyes para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos del período 1958-1998; como instrumento para “reinvidicar” a las víctimas del pasado; y la de la Policía Nacional, así como la capacitación y formación de los uniformados a través de una universidad especializada, para evitar que estas situaciones se repitan.

Igualmente las autoridades informaron al CAT sobre las medidas adoptadas contra funcionarios incursos en crímenes contra los Derechos Humanos, como las condenas a los 23 implicados en el caso de la masacre de Kennedy de 2005 o más recientemente contra los agentes de la División de Captura de la policía científica.

En el reporte del Estado figura además que entre 2000 y 2011 los tribunales han condenado a 636 personas por torturar, por participar en desapariciones forzadas y homicidio.

Sin motivos para celebrar  Por su parte, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ofreció al CAT un panorama menos alentador y denunció que, pese a las reformas legales y la millonaria inversión en formación, la tortura es un “patrón de acción recurrente” por parte de los cuerpos policiales.

La impunidad es para la organización la principal causa para que este flagelo persista; e informó que de los 251 casos que viene conociendo desde 2003 solamente en uno la Fiscalía concluyó la investigación y solicitó a los tribunales el procesamiento de los responsables.

En similares términos se pronunció Amnistía Internacional, la cual también achacó a la falta de castigo los abusos cometidos por los policías y militares durante las manifestaciones que sacudieron al país desde febrero, en las cuales recordó que buena parte de los 3 mil detenidos en estos sucesos fueron maltratados y estuvieron incomunicados durante horas.