RAMÓN ESCOVAR LEÓN @rescovar | El matrimonio entre personas del mismo sexo

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La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo significa una evolución dentro la sociedad norteamericana. El tema del matrimonio entre homosexuales cae dentro de lo que el filósofo del derecho norteamericano Ronald Dworkin denomina “casos difíciles”. Esto sucede igualmente con los derechos de las minorías raciales y el aborto.

Esta decisión, bajo la ponencia del Justice Anthony Kennedy, fue aprobada por cinco votos contra cuatro, que es la relación que tuvo el caso previo a esta decisión que ahora reconoce los derechos de los homosexuales en cuanto al matrimonio. El antecedente de esta sentencia se encuentra en el caso Lawrence vs Texas del año 2003, bajo la ponencia del mismo juez Kennedy. Dicho caso lo comenté ampliamente en mi libro El precedente y la interpretación constitucional, publicado en el año 2005. Esta decisión fue dictada el 26 de junio de 2003, es decir, hace doce años, y también con cinco votos a favor y cuatro en contra. En aquella oportunidad la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley del estado de Texas que criminalizaba las conductas homosexuales. Esta criminalización fue ampliamente criticada por los académicos norteamericanos, quienes señalaron, entre otras cosas, que se basaba en el código moral de legisladores y jueces. Por su parte, en esa decisión (Lawrence vs Texas) el juez Kennedy declaró que “nuestra obligación es definir la libertad de todos, no el mandato de nuestro propio código moral”. La sentencia estimó que la ley de Texas violaba el derecho a la privacidad, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, y postuló, además, que la penalización de las conductas homosexuales implicaba un acto de discriminación.

Bajo ese manto conceptual se decide el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, se ratifica que la interpretación constitucional no se puede hacer sobre la base de los valores morales de cada cual. Este es un aspecto nuclear del asunto. Cuando se interpretan principios constitucionales referentes a derechos humanos, como lo es el derecho de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT), no se puede hacer sobre la base de las creencias religiosas y los prejuicios del juez. Una sentencia no está dirigida a quien piensa o sigue la línea política de los jueces sino a toda una sociedad en la cual conviven personas de distintas creencias religiosas y distintos modos de vida. Para sustentar esto, la ponencia del juez Kennedy se refiere al carácter dinámico de la Constitución y expresa que los derechos fundamentales se expanden con el paso del tiempo, lo cual excluye interpretaciones que sigan tradiciones religiosas y culturales. Según la interpretación de la sentencia, el derecho a la igualdad incluye el derecho a no ser juzgado por los parámetros religiosos de la mayoría. Se hace énfasis en el concepto del amor como base del matrimonio desde el punto de vista de la libertad y la esencia humana. En este sentido, la sentencia hace un análisis histórico de la noción de matrimonio (a partir de los matrimonios arreglados). Por otra parte, las ideas centrales de los disidentes se basan en que la Constitución debe ser interpretada como lo hicieron sus redactores.

Es oportuno destacar que el matrimonio igualitario fue admitido también por la Corte mexicana el 12 de junio de 2015, y ahora son varios los países que lo admiten: Holanda, Bélgica, España, Canadá, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Islandia, Argentina, Dinamarca, Reino Unido, Uruguay, Nueva Zelanda, entre otros. Se observa que estos países viven en democracia, por cuanto no es posible que se dicte una sentencia en este tipo de temas complejos sino en un sistema de libertades.

En Venezuela tenemos dos razones que autorizan a sostener que la actual Sala Constitucional no dictará una sentencia de este tipo. En primer lugar, tenemos el caso de Tamara Adrián que reposa en el archivo de la Sala Constitucional, esperando un pronunciamiento sobre su admisión desde hace más de once años. En segundo lugar, tenemos la sentencia N° 190 del 28 de febrero de 2008 (con un voto salvado) que declaró que la Constitución solo protege el matrimonio de las parejas heterosexuales. Esta sentencia hace una interpretación literal del artículo 77 de la Constitución, que postula proteger el matrimonio “entre un hombre y una mujer” y así descarta los complejos problemas que los tribunales constitucionales de los países democráticos han resuelto. Esta decisión recoge más bien una suerte de Apartheid en esta materia. Ahora bien, el presidente la Asamblea Nacional declaró el pasado lunes 29 de junio (http://www.el-nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-apoyaria-matrimonio-homosexual_0_655734596.html) que “apoyaría ley para matrimonio homosexual”, lo cual anuncia lo que vendrá, pero la Sala Constitucional puede derogar su sentencia N° 190 y dictaminar nuevamente sobre este tema.

El matrimonio igualitario es hoy reconocido como un derecho humano fundamental y, por tanto, su rango es superior a la Constitución. Argumentar que la Constitución venezolana solo reconoce el matrimonio heterosexual, como lo hace la Sala Constitucional de Venezuela en su sentencia N° 190 del 28/02/2008, es tomar posición con la extrema derecha judicial americana y separarse de los sectores jurídicos más avanzados en materia de interpretación de los derechos humanos.