ReporteTC Fiscalía: entre lentitud y franca impunidad | Verdaderos homicidas del 12F todavía no han sido juzgados

Screen Shot 2015-09-21 at 9.01.04 PMViernes 18 de Septiembre de 2015

Hay imputados de homicidio que andan campantes disfrutando de libertad y otros acusados protegidos por la GNB

De los 43 asesinatos registrados durante las guarimbas de 2014 tan solo 3 casos han llegado a veredicto

Screen Shot 2015-09-21 at 8.49.43 PMViene la condena, viene la condena.

 

Ahora viene la decisión del Tribunal y debe quedar bien claro ante el país que ese señor llamó al asesinato de 43 personas.

Aquí tiene que haber justicia para que haya paz”.

Con estas palabras el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, anunció en su programa de televisión, con una semana de antelación, el veredicto de la jueza Susana Barreiros contra el dirigente opositor Leopoldo López por los sucesos ocurridos el 12 de febrero de 2014.

La declaración del diputado no debería sorprender, pues desde el primer momento las autoridades responsabilizaron al líder fundador de Voluntad Popular por lo ocurrido tras la marcha estudiantil que ese día recorrió Caracas y por la ola de protestas que luego sacudió al país hasta junio, como bien lo dejó sentado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 19 de febrero de ese año cuando en una entrevista en Venevisión afirmó: “En el Ministerio Público estamos trabajando no solamente para sancionar a los responsables materiales de los delitos, sino a la intectualidad, es decir quiénes son los que están haciendo llamados irresponsables, quiénes están incitando a la ciudadanía no solo con mensajes directos sino indirectos. Nosotros ya hemos librado unas órdenes de captura”.

Ahora la condena a López ha contribuido a la justicia. Pero a la luz de las cifras del Ministerio Público, no. ¿La razón? El exalcalde de Chacao no fue acusado por ninguna de las 43 muertes registradas en esos seis meses.

Pero, además, los diecinueve meses que han trascurrido desde que el opositor se entregó a las autoridades para encarar su proceso no le han bastado al despacho de Ortega Díaz para remitir a los tribunales todos los casos.

Por el contrario al día de hoy el 55% (24) de ellos continúan fase de investigación y de estos últimos 16 (37% del total) aún ni han logrado identificar a los presuntos responsables de los crímenes, según la información publicada por ese organismo.

Screen Shot 2015-09-21 at 8.51.28 PMEn este último grupo se ubica, por ejemplo, el caso de Elvis Rafael Durán, el motorizado que el 21 de febrero de 2014, según la versión oficial, murió tras impactar con una guaya instalada de un extremo a otro en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas. Según los registros del Ministerio Público, este caso sigue en averiguación y hasta los momentos nadie ha sido imputado; ni siquiera el general (r) Ángel Vivas, a quien las autoridades señalaron de idear la colocación de alambres para derribar a motorizados de los colectivos o de las fuerzas de seguridad enviados para repelar las protestas, ha sido detenido, pese a la operación lanzada por órdenes de Nicolás Maduro para aprehenderlo.

De poco ha valido que el padre del fallecido, Luis Durán, sea uno de los voceros del Comité contra la Guarimba, que agrupa a las víctimas de los hechos que simpatizan con el Gobierno.

En el mismo estado están también los casos del universitario tachirense Edicson Daniel Tinoco Carrillo, quien murió al recibir un balazo mientras se encontraba cerca de una manifestación que se desarrollaba en la avenida Carabobo de San Cristóbal; o de Robert Redman, el piloto que ayudó a auxiliar a Bassil Da Costa y que horas después fue asesinado también de un balazo, en Chacao, durante otra protesta.

De la lentitud del Ministerio Público no escapan ni siquiera sus integrantes, así por ejemplo el expediente relacionado con la muerte del fiscal Julio Eduardo González, quien el 18 de febrero del año pasado falleció cuando al tratar de esquivar una barricada en la avenida Cuatricentenaria de Valencia perdió el control de su vehículo y se estrelló, tampoco ha corrido mejor suerte. Sus colegas han sido incapaces de identificar y mucho menos sentar en el banquillo de los acusados a los presuntos responsables de su muerte.

Screen Shot 2015-09-21 at 8.56.46 PMCONGELADOS De los ocho casos en los que los fiscales han logrado identificar a los sospechosos (19%), seis están en la práctica congelados debido a que falta que se materialicen las órdenes de captura nacionales e internacionales contra los presuntos responsables. En esta situación se encuentra, por ejemplo, el caso del capitán de la Guardia Nacional José Isabelino Guillén, quien recibió un disparo en la cabeza el 16 de marzo de 2014 al bajarse de un vehículo para ayudar a un compañero que presuntamente estaba siendo atacado por manifestantes en Maracay. Este oficial era el esposo de la primer teniente de ese componente militar Nohely Donkes, otra de las voceras del Comité contra la Guarimba.

El caso de la intérprete de señas de Venevisión Adriana Urquiola también permaneció durante más de un año paralizado, hasta que Colombia extraditó el pasado 18 de junio a Yonny Bolívar, el presunto asesino confeso y quien fue capturado en la ciudad de Cartagena de Indias por Interpol. La devolución se realizó en medio de un gran despliegue por parte de las autoridades, la cual contó con gran cobertura por parte de los medios públicos. El pasado 2 de septiembre el Tribunal 28 de Control de Caracas ya dio luz verde para el enjuiciamiento del sospechoso de disparar contra la joven que estaba embarazada.

Otro caso que salió del congelador en las últimas semanas fue el del capitán de la Guardia Nacional Ramzor Bracho, luego de que a finales de junio fueran detenidos en el país Antonio Garbi y Juan David Polleti, los presuntos responsables de acabar con la vida del oficial, con un disparo, en Naguanagua el 12 de marzo de 2014. Los jóvenes, de 24 y 27 años, respectivamente, fueron acusados en julio y el pasado 25 de agosto un tribunal de Carabobo acordó sentarlos en el banquillo de los acusados.

Hasta ahora solo ocho causas (18%) están en etapa de juicio y entre ellas están también las de Bassil Da Costa, Juan Montoya, Geraldine Moreno y Génesis Carmona. En estas dos últimas hay implicados militares y simpatizantes del oficialismo. Un detalle que debe resaltarse es que mientras López aguardó su juicio tras las rejas, siete de los ocho policías acusados en el caso de Da Costa están en libertad, al igual que los dos militares implicados en el caso de la joven Moreno (Albin Rojas y Francisco Caridad).

POCO QUE MOSTRAR Antes de que Leopoldo López fuera declarado culpable, solamente tres de los expedientes (7%) habían logrado un veredicto de los jueces. Entre ellos resalta el caso de la agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Glidis Karelis Chacón, quien fue abatida el 7 de marzo por policías de Chacao. Uno de los agentes fue condenado a 10 años de cárcel, fallo que no agradó al Ministerio Público, el cual anunció que lo recurrirá.

Este caso quedó registrado en video, el cual ha circulado por las redes sociales, y en él se ve a unas personas deteniendo a una persona que caminaba por Los Palos Grandes y metiéndolo en un vehículo, sin mostrarle en ningún momento una orden judicial. Esto hizo sospechar que se trataba de un secuestro y originó la respuesta de los agentes procesados, quienes se enfrentaron con los presuntos captores.

El proceso contra el supuesto homicida de Arturo Martínez, hermano del diputado a la Asamblea Nacional, el chavista Francisco Martínez, también terminó una condena a 27 años de prisión el pasado 23 de julio, según informó el Ministerio Público.

No obstante, el número de juicios que han terminado con un fallo judicial palidece con el de casos cerrados por los fiscales por considerar que no hubo delito, el cual asciende a seis (14%). Entre estos está el de Jimmy Vargas, quien el 20 de febrero de 2014 se cayó de una azotea en San Cristóbal (Táchira). Aunque los videos muestran en las inmediaciones a efectivos militares, los fiscales no vieron ningún motivo para procesarlos. La misma suerte corrió el caso del zuliano Jonathan Martínez, quien según la versión oficial murió tratando de derribar una valla publicitaria para supuestamente levantar una barricada en Maracaibo.

Por último, dos casos (Jesús Labrador en Mérida y de Argenis Hernández en Carabobo) permanecen engavetados a la espera de pruebas para hallar con los presuntos autores de sus muertes.

Screen Shot 2015-09-21 at 8.53.59 PMVerdaderos homicidas del 12F todavía no han sido juzgados

Las tres víctimas del 12 de febrero no tienen justicia.

Los presuntos autores materiales e -incluso- intelectuales de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Crisóstomo “Juancho” Montoya y Robert Redman no solo no han sido sentenciados, sino que en el caso de éste último ni siquiera han sido identificados.

El juicio por el asesinato de Bassil Da Costa comenzó el 15 de junio de 2015, un año y cuatro meses después del homicidio.

El proceso por el asesinato de Montoya no ha comenzado, aunque hay un detenido. Sin embargo, el líder opositor Leopoldo López ya fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión en un juicio que comenzó cinco meses después de los hechos del 12F, y se realizó en un año y un mes, sin que existan víctimas de los delitos por los que fue acusado (instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir).

BASSIL DA COSTA: EL JUICIO INICIÓ HACE TRES MESES Bassil Alejandro Dacosta Frías, tenía 24 años de edad, recibió un tiro en la cabeza cuando se encontraba en la esquina de Tracabordo, Candelaria, luego de la marcha del 12F. A las 3:25 pm ingresó muerto al Hospital Vargas. Por este homicidio hay ocho funcionarios policiales imputados, pero solo José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, está enfrentando el juicio en prisión. Los siete acusados restantes son juzgados en libertad y tienen régimen de presentación semanal en los tribunales.

El juicio ya lleva seis audiencias, pero su inicio fue postergado en diversas oportunidades hasta el 15 de junio de este año. “Se está avanzando. Entramos en la fase de la promoción de pruebas por parte de varios órganos que está presentando el Ministerio Público”, explicó Elenis Rodríguez, quien es la abogada que representa a la madre de la víctima.

José Ramón Perdomo Camacho, comisario del Sebin, es el presunto autor material del crimen, y el único de los ocho funcionarios acusados por este caso que está preso en los calabozos del Sebin (cuerpo al que estaba adscrito el 12F).

El Ministerio Público lo acusa por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. En su declaración aseguró que nunca recibió una orden de acuartelamiento. Extraoficialmente habría negado ser el hombre que disparó contra Da Costa, y también habría asegurado que lo están incriminando.

Entre los otros siete funcionarios presuntamente implicados en el homicidio de Da Costa está Jonnathan Rodríguez Duarte, de 40 años.

Sargento de tercera del Ejército y escolta del entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. En los videos difundidos por los medios de comunicación y en las redes sociales se ve cuando acciona una pistola 9mm (Glock 19), llevando un casco, lentes oscuros, bolso verde y pantalón verde militar.

En 2007 estuvo adscrito a la Academia Militar, luego pasó al Sebin.

En octubre de 2014, ocho meses después del homicidio de Da Costa, Rodríguez Duarte recibió la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial por disposición del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cumplir “una excelente labor, extraordinario desempeño, dedicación y abnegación en la misión encomendada, demostrando apego a las normas institucionales durante su trayectoria en el respaldo de la seguridad, paz y el orden interno del pueblo venezolano” (Gaceta Oficial 416.177 del 29-10-14).

Aunque enfrenta el juicio en libertad, Rodríguez Duarte fue acusado por el Tribunal 48 de control del Ministerio Público por uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

En una condición similar se encuentran los funcionarios del Sebin, comisario jefe Manuel Benigno Pérez, subcomisario Edgard Lara Gómez, inspector Héctor Rodríguez Pérez, detective Jimmy Sáez Osorio y detective Jonfer Márquez Hernández, así como Andry Jaspe López (Policía Nacional Bolivariana). Todos son enjuiciados en libertad.

Melvin Collazos Rangel, comisario del Sebin, que aparece en los videos y fotografías disparando contra manifestantes entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, donde fueron asesinados Bassil Dacosta y Juan Montoya, no fue imputado.

JUANCHO MONTOYA: UN DETENIDO SIN JUICIO Juan “Juancho” Crisóstomo Montoya, de 51 años de edad, fue el primero en caer el 12F.

Era el Coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas). Dirigía 92 movimientos.

También, era miembro del grupo Carapaica y perteneció a la Policía del municipio Libertador, adscrito al Departamento de Inteligencia del Instituto. Recibió un tiro en la cabeza aproximadamente a las 2:40 pm entre esquina de Monroy a Trocadero, frente al edificio Doralay, que estaba tomada por la Policía Nacional Bolivariana. Ingresó a la clínica La Arboleda de San Bernardino a las 3:10 pm, donde falleció. Llegó al lugar de la manifestación después de un llamado que le hicieron por radio, según su hermano Jonny, y se encontraba con algunos compañeros de los colectivos.

Por esta muerte, el Ministerio Público acusó a Hermenegildo “Hermes” Barrera Niño, de 49 años de edad, quien se encuentra detenido.

Se le imputan los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de armas.

Este hombre pertenecía a las organizaciones políticas vinculadas al oficialismo que dirigía Montoya. Antes de ser capturado por las autoridades sustituyó a Juancho Montoya, como líder de los colectivos. El 12F aseguró que a su compañero lo mataron funcionarios policiales de otros municipios. Luego dijo que le dispararon desde una camioneta blanca.

Cuando fue capturado en agosto de 2014, negó su responsabilidad en el crimen. “No soy el autor material ni intelectual”.

Sobre la responsabilidad de Barrera en el crimen hay dudas, pues en principio el propio presidente Nicolás Maduro dijo que ambos asesinatos habían sido cometidos con la misma arma.

ROBERT REDMAN: SIN CULPABLES Robert Redman Orozco, de 31 años de edad, era piloto privado. Fue la tercera persona asesinada el 12F. Cayó al recibir un disparo en la cabeza la noche del 12F cuando protestaba en la esquina Juan Grill de la avenida San Ignacio de Loyola, Chacao, donde había enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana.

Según testigos del hecho, le dispararon motorizados que pasaron por el lugar vestidos con pasamontañas y cascos integrales. Un año después, no hay culpables.

Formó parte del grupo de jóvenes que en la tarde ayudó a trasladar a Bassil Dacosta después de ser asesinado en la Candelaria. Screen Shot 2015-09-21 at 8.59.15 PM