Sonia Goldenberg @soniagoldenberg ‏| ¿Puede la democracia peruana sobrevivir a la corrupción?

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LIMA — Después de casi veinte años de tratar de reconstruir su democracia, Perú todavía sigue luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes peruanos están prófugos o en prisión. Y en la crisis política más reciente, Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir dos años en la presidencia, se vio obligado a renunciar el miércoles 21 de marzo. Es hasta ahora la víctima de más alto perfil en la interminable progresión de escándalos que se ha extendido por toda América Latina.

Kuczynski no tuvo más remedio que dar un paso al costado tras la revelación de unos videos en los que aparecen funcionarios del gobierno ofreciendo sobornos a legisladores de la oposición en el Congreso para intentar evitar su destitución.

En el año 2000, videos grabados clandestinamente también ocasionaron el final abrupto del régimen autoritario de Alberto Fujimori, uno de los predecesores de Kuczynski. Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel en 2009 por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue liberado por un indulto presidencial en diciembre del año pasado como parte de un acuerdo para salvar la presidencia de Kuczynski. Pero esta vez, como Fujimori, Kuczynski no sobrevivió a los videos.

Y, sin embargo, pese a que los videos han arrojado luz sobre las transacciones turbias en las más altas esferas del poder en el Perú en las últimas décadas, la corrupción persiste. Ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los presidentes que limpiar la política en el país.

En tres semanas, Perú será el anfitrión, ahora con Martín Vizcarra a la cabeza —el exvicepresidente de Kuczynski— de la Cumbre de las Américas, en la que participarán los jefes de Estado de los países de América, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No es una sorpresa que los grandes temas de la reunión sean mejorar la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción.

¿Puede una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción omnipresente? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar el problema? Y si no, uno podría preguntarse:fxhan pa ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que les dan a los políticos licencia para defraudar a los electores?

El modo en el que Perú resuelva esta crisis será crucial para América Latina, donde los sobornos a presidentes, ministros y candidatos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos han desatado un escándalo que recorre el continente. Este año, mientras que la desilusión a la democracia aumenta, se llevarán a cabo elecciones decisivas en la región.

El drama que atraviesa Perú es un buen ejemplo. La corrupción está profundamente arraigada en la historia del país. Durante casi tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en medio de una larga guerra que devastó el país y lo dejó en bancarrota, se declaró una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de los ferrocarriles y en la explotación de sus nuevas riquezas —como el guano de las islas y el caucho de la selva—, el país vio cómo su esplendor económico se desvanecía y dilapidaba rápidamente en un pantano de corrupción.

Más recientemente, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en Estados Unidos. Ollanta Humala, otro expresidente, está en la cárcel mientras se le investiga por cargos de corrupción. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko, cuyo partido político, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría en el Congreso peruano e instrumentó desde el principio la destitución de Kuczynski, está en investigación por corrupción y lavado de dinero. Ella también quiere ser presidenta y en la contienda electoral de 2016 fue derrotada por Kuczynski con una diferencia estrecha.

¿Deberíamos perder la esperanza? No lo creo, porque en los últimos veinticinco años el país ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza.

¿Por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil? Las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo, pero su aplicación ha fallado estruendosamente.

Un tema clave es que la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las elecciones presidenciales, combinado con las estructuras extremadamente endebles de los partidos políticos, ha convertido a las campañas electorales en una vía fácil para que algunos aventureros recién llegados a la política se hagan millonarios incluso antes de conquistar el poder. Los candidatos presidenciales en el Perú han sido financiados por Venezuela y Brasil, y el financiamiento de este último llegó a través de la asignación de contratos de infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas seleccionadas previamente. Con ese mecanismo puesto en marcha, no debe extrañarnos que los peruanos sigan eligiendo a mercenarios como presidentes.

Ya hemos estado antes en esta situación. La corrupción se generalizó en la década de los noventa bajo el mandato de Alberto Fujimori. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, el infame jefe de los servicios secretos, corrompió a todo el espectro de la sociedad peruana sobornando a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas a los que grababa en el acto, mientras hacía pirámides grotescas de dinero en efectivo y los extorsionaba. Cuando las cintas se exhibieron por la televisión en horario estelar se creó una comisión gubernamental formada por figuras respetadas para diseñar una estrategia exhaustiva y vigorosa contra la corrupción.

Irónicamente, el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, cuya candidatura se centró en acabar con la corrupción, antes de llegar a la presidencia robó dinero de campaña donado por George Soros. Más adelante le pidió al representante de Odebrecht en el Perú un soborno de 35 millones dólares, de los que obtuvo tan solo 20 millones, y creó una nueva maquinaria de corrupción.

Hace una década, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro durante el gobierno de Toledo, Kuczynski supervisó un sistema que produjo el sobreprecio de las obras públicas. La compañía de Kuczynski tuvo contratos con Odebrecht mientras era servidor público.

¿Qué sigue ahora? Todavía no está claro si Kuczynski enfrentará cargos, pero está bajo investigación y el poder judicial ha allanado sus viviendas y le ha impedido salir del país. Su sucesor, Martín Vizcarra, quien tiene un récord público limpio, tendrá mucha presión para poner en práctica una estrategia efectiva que combata la corrupción.

Pero su posición es débil: Vizcarra será el nuevo mandatario hasta 2021, pero tendrá que ejercer su cargo con un congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori.

El combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, y ninguno de los dos existen hoy en Perú. Muchos de los políticos con el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos manejos en el pasado. Figuras clave en los sectores público y privado también se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. Ellos son los más interesados en mantener el statu quo. ¿Ellos van a impulsar la necesaria reforma política que podría llevarlos a la cárcel?

Quizás la única ventaja que tiene Vizcarra es que, según las últimas encuestas, el Congreso de Perú es la institución más desacreditada y corrupta. Si logra movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción, podría obligar a los legisladores a apoyar algunos cambios por temor a ser expuestos. Vizcarra es un presidente accidental. El hecho de que nunca aspiró a ese cargo podría ser su arma política más poderosa.

 

LIMA, Peru — After almost 20 years of trying to rebuild its democracy, Peru is still struggling to find a formula that allows an elected government to operate without corruption. A succession of presidents are fugitives or in prison. And in the latest crisis, Pedro Pablo Kuczynski, after less than two years as president, was forced to resign last Wednesday, the biggest casualty to date in a seemingly endless graft scandal that has spread across Latin America.

Mr. Kuczynski had little choice but to step down after surreptitiously filmed videos showed government officials offering opposition lawmakers enticements and bribes in an attempt to avert his impeachment by Congress.

Secretly filmed videos also brought an abrupt end, in 2000, to the authoritarian rule of Mr. Kuczynski’s predecessor Alberto Fujimori. Mr. Fujimori, sentenced to 25 years in prison for human rights violations and corruption in 2009, was freed under a presidential pardon in December as part of deal to save Mr. Kuczynski’s presidency. But this time, like Mr. Fujimori, Mr. Kuczynski could not survive the curse of videos.

And yet, while videos and other exposés have thrown light on the shady transactions taking place among and around Peru’s recent presidents, corruption has continued. It has become easier to oust or even jail a president than it is to clean up the country’s politics.

In just three weeks, Peru will host, under the new presidency of Martín Vizcarra, the former vice president, the Summit of the Americas, which will be attended by heads of states, including President Trump. Not surprisingly, its main themes are improving democratic governance and the fight against corruption.

But can democracy survive and succeed in defeating all-pervading political corruption? Can Peru’s democracy develop a judiciary that is strong and independent enough to tackle the problem? And if not, one might ask, why bother to hold elections that give politicians license to defraud the electorate?

The way in which Peru addresses this crisis is crucial for Latin America, where the Brazilian conglomerate Odebrecht’s bribing of presidents, ministers and candidates to win public contracts unleashed the graft scandal. Amid a growing disillusionment with democracy, crucial elections will take place this year across the region.

The Peruvian drama is a case in point. Corruption is deeply rooted in Peruvian history. For almost three centuries of colonial rule, gold and silver from the Andes highlands were shipped to Spain. In 1821, amid a long war that ravaged the country and left it bankrupt, an independent republic was declared with big dreams and aspirations. But from the start, in the building of its railroads and in exploiting new riches like guano from its islands and rubber from its jungle, Peru saw its economic splendor quickly vanish, squandered in a swamp of corruption.

More recently, former President Alejandro Toledo has been a fugitive from justice fighting extradition from the United States. Another former president, Ollanta Humala, is behind bars pending charges of corruption. And Mr. Fujimori’s daughter, Keiko, whose party, Popular Force, holds the majority in Congress and has been instrumental in driving Mr. Kuczynski from office, is under investigation for corruption and money laundering. She also wants to be president and was only narrowly defeated by Mr. Kuczynski in 2016.

Should we despair? I don’t think so, because in the past 25 years the country has actually made great progress. It ended an internal war against the terrorist group Shining Path, settled conflicts with its neighbors, overcame hyperinflation, became a relatively stable democracy and, despite its current predicament, achieved economic growth and reduced poverty.

So why has eradicating corruption proved so difficult? The recipes for good governance and anticorruption strategies have long been known, but enforcement has dismally failed.

A crucial issue is that the lack of control of illegal and foreign financing of presidential elections combined with extremely weak party structures have turned campaigns into an easy way for adventurous newcomers to become millionaires even before reaching power. Presidential candidates in Peru have been financed by Venezuela and Brazil, and the funding from the latter came linked to allocating huge public infrastructure contracts to previously handpicked Brazilian construction firms. With such a system in place, little wonder Peruvians continue to elect thieves as presidents.

And we’ve been here before. Venality was widespread in the 1990s under Mr. Fujimori, when his top adviser, the infamous head of the secret services Vladimiro Montesinos, corrupted the whole spectrum of Peruvian society, bribing politicians, bankers, entrepreneurs, judges, military officers and journalists, videotaping them in the act, building grotesque pyramids of cash as he carried out extortions. When the tapes were shown on prime-time TV, a governmental commission with respected figures was created to design a thorough and vigorous strategy to fight corruption.

Ironically, it was Mr. Toledo, a candidate running on a banner of eradicating corruption, who even before becoming president stole campaign money given to him by George Soros. He then asked Odebrecht’s chief executive in Peru for a $35 million bribe — he got only $20 million — and set up fresh machinery for graft.

As finance minister and prime minister a decade ago in Mr. Toledo’s government, Mr. Kuczynski was in charge of overseeing a system that resulted in overpriced public projects. Mr. Kuczynski’s firm had contracts with Odebrecht while he was a public servant.

What next? It is not clear whether Mr. Kuczynski will face charges. But he is under investigation and a judge has ordered that he not be allowed to leave Peru and granted a search warrant for his three houses in Lima. His successor, Mr. Vizcarra, who has an untarnished public record, will face public pressure to put an effective anticorruption strategy into effect.

But his hand is weak. He will serve out Mr. Kuczynski’s term through 2021, but he will have to live with a Congress dominated by Keiko Fujimori’s party.

The struggle against corruption requires strong institutions and leadership — both lacking in Peru. Many of the decision makers with the power to reform the system have been accused of wrongdoing. Key players in the public and private sector also benefit from a corrupt system. They are the most interested in maintaining the status quo. Are they going to carry out the much-needed electoral and political reform that can end up putting them at risk of going to jail?

The one card the Mr. Vizcarra still holds is the widespread disillusionment with Peru’s Congress. If he can mobilize public opinion to support a new anticorruption campaign, he may force lawmakers to go along with it for fear of being exposed. Mr. Vizcarra is the accidental president, but the fact that he never aspired to this job may prove to be his strongest political weapon.

Sonia Goldenberg, a former executive director of the Committee to Protect Journalists, is a journalist who directed the documentary “Eye Spy,” an exposé on Peruvian corruption videotapes.