TOMÁS PÁEZ @TomasPaez | La diáspora y la recuperación de la democracia

Reza el dicho que hechos son amores y no buenas razones. En cada acto de la dictadura socialista, aunque finge humanidad, expresa su desprecio por los venezolanos sin importar dónde se encuentren, dentro del país o como integrante de la diáspora que hoy excede los dos millones y medio de venezolanos, aproximadamente 10% de la población. Este dato se ha construido al margen del Instituto Nacional de Estadística, pues el Estado pretende encubrir esta realidad. Tal enmascaramiento es un atentado a la democracia, pues, como bien afirma Jean-Paul Fitousse, uno de los mayores bienes públicos de la democracia es poseer un buen sistema de estadísticas públicas, confiables y que además la gente crea en ellas.

El régimen ignora la diáspora y menosprecia a los venezolanos porque no admite lo obvio: la existencia de hambre y la escasez de todo. Es el sistema autoritario el verdadero responsable de la hambruna y de la escasez de medicinas que ha creado la crisis humanitaria que padece el país. Para los voceros del régimen los ciudadanos son los dame pan y dime tonto que corroboran cuando se jactan de que las escuálidas bolsas de comida (CLAP), que han vendido a los ciudadanos, les han salvado la partida.

El desconocimiento de la crisis humanitaria quizá obedezca al hecho de que están muy ocupados en sus negocios personales, que no son pocos y de montos nada despreciables, y posiblemente al escaso interés que sus actos muestran por los ciudadanos. No han tenido oportunidad ni tiempo para ojear los numerosos informes y datos que documentan la precariedad de la salud, la reaparición de enfermedades eliminadas, la escasez de las medicinas, reactivos, equipos médicos y alimentos. Tampoco pierden tiempo en solicitar información acerca del comportamiento de la inflación, hoy convertida en hiperinflación, el peor de los enemigos de los que menos tienen, que en la Venezuela del socialismo del siglo XXI superan 82% de la población.

Insatisfechos por haber sido designados como administradores de los recursos de los venezolanos, a quienes deberán rendir cuentas de lo hecho, decidieron apropiarse de lo que nos les pertenece. Ejemplos de ese arduo trabajo son los ministros, embajadores, viceministros, expresidentes de Pdvsa y una extensa red de cómplices que se añaden a las listas de imputados, solicitados o encarcelados. En lugar de mantener y mejorar los elevados estándares de calidad a los que nos había acostumbrado el equipo gerencial de aquella Pdvsa que reconocía el mérito de su más valioso activo, el capital humano, se han encargado de desvalijarla y destruirla hasta el punto de hacerla inviable. No podía ser de otra manera: el modelo castiga al talento, recompensa al delator, condecora a los seguidores fieles aunque carezcan de mérito alguno y termina premiando al delincuente.

Los reputados gerentes que encumbraron la empresa a nivel mundial han sido reemplazados por los PRANES del petróleo, como lo indican las siguientes notas de prensa: Agentes federales y fiscales investigan en Estados Unidos varias decenas de hechos de corrupción en Pdvsa; el empresario Roberto Rincón se ha declarado culpable y dispuesto a revelar el tramado del saqueo a la empresa petrolera…, a lo que se suman quienes poseen cifras milmillonarias en la banca de Andorra y las más recientes denuncias de quienes fueran ministros y presidentes de Pdvsa. Y esto es solo la punta del iceberg.

No admiten que han destruido Pdvsa, el país, y niegan con descaro que en Venezuela exista crisis humanitaria. Como en el caso del sector eléctrico, siempre habrá una iguana a la que culpar del desastre. Mientras los voceros del régimen no logran ver ni la crisis ni la diáspora, todo el mundo conviene en su existencia, busca y ofrece soluciones para superarla: el secretario general de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima –integrado por parte importante de los países latinoamericanos– y la Asamblea Nacional que representa a la gran mayoría del país.

La negación de la crisis les ha llevado a expresar su rechazo del siguiente modo: sobre el supuesto de una crisis humanitaria, se propone una ayuda humanitaria a la que califican de invasión desnuda, para diferenciarla de la cubana, de la que guardan un hermético silencio ya que esa sí va bien vestida con los recursos de los venezolanos. Lo de la “invasión desnuda” probablemente alude al riesgo de que el modelo MILITAR-cívico deje en evidencia su monumental fracaso.

De manera presuntuosa desconocen su responsabilidad en los resultados y culpan a terceros (iguanas, ratas, guerra económica, etc.). En lugar de enmendar insisten en la aplicación de las mismas políticas que han llevado a Venezuela al despeñadero, es decir, pretenden apagar el incendio echándole más gasolina al fuego: persisten en aplicar las políticas propias de la insania mental, como lo apuntó en algún momento nuestro prestigioso y querido economista Héctor Silva Michelena.

Un vicepresidente afirmó en la cumbre presidencial en México que había robo de cerebros, otro vocero denigra de los venezolanos cuando afirma que se han formado en el exterior con recursos públicos (¿y los de las familias dónde quedan?) y luego se quedan a vivir en el lugar en el que estudian, razón por la que hay que evitar que salgan. Un poco de historia les vendría bien. La democracia venezolana diseñó programas espectaculares, como el Mariscal de Ayacucho, que son un mentís a esa afirmación bárbara.

Como la diáspora no es real, carece de sentido pensar en políticas públicas para algo que no existe. No contentos con ignorar su existencia, se encargan de convertirlos en apátridas, ya que no pueden acceder a los documentos de identidad, cédula y pasaporte. Además, desconocen los derechos de los jubilados y pensionados que integran la diáspora, violando en ese olvido consciente acuerdos particulares con países de la Unión Europea en los que están obligados a pagar. El régimen conculca los derechos políticos de los venezolanos al obstaculizar su inscripción en el registro electoral e impidiendo el ejercicio del voto.

La diáspora que el socialismo ha estimulado ha crecido más de 40% en los dos últimos años. Esta tendencia se mantendrá en la medida en que persista y crezca la trágica crisis humanitaria y la inseguridad siga cobrando una vida cada 16 minutos. Si no hay cambio de modelo esta tendencia resultará indetenible.

La próxima elección presidencial abre una oportunidad para que la diáspora participe más activamente en la recuperación de la democracia y en la reconstrucción del país. El régimen se sabe perdedor y sabe que es una pequeña minoría aislada nacional e internacionalmente. Intentará agudizar sus acciones endemoniadas. Para la alternativa democrática es un evento crucial en el que se reafirmará la mayoría del país que desea poner coto a su destrucción y poder atender las necesidades de todos.

Una de las piezas con las que cuenta la dictadura es el Consejo Nacional de la Exclusión Electoral. Las famosas listas del odio se elaboraron con la información que poseía la institución y se puso nombre, apellido y número de identidad a quienes deberían ser perseguidos y excluidos. La mayoría de la directiva de este organismo es una extensión del régimen, obedecen órdenes y carecen de la autonomía indispensable para poder ejercer las funciones para las que fue creado. En lugar de facilitar la transparencia del proceso electoral, se ha convertido en su principal traba.

Pocos dudan de su capacidad para la trampa y la triquiñuela. La más reciente y notoria fue el número de votos que asignó a la (in)constituyente, razón por la cual la empresa Smartmatic denunció el engaño con el que pretendía completar la violación d la Constitución con ese adefesio que no acepta la mayoría del país y que nadie en el mundo reconoce. La otra farsa es su desconocimiento de la diáspora.

¿Cuáles son las acciones con las que el organismo de la exclusión electoral logra eliminar a la diáspora del proceso electoral? La primera consiste en confirmar su inexistencia impidiéndoles inscribirse en el registro electoral permanente y evitando el cambio de domicilio. Expresión de ello es que solo hay inscritos un poco más de 100.000 venezolanos en el exterior. La última consulta promovida por la Asamblea Nacional y coordinada por la sociedad civil y los partidos políticos arrojó que participaron más de 700.000 venezolanos.

El segundo mecanismo es ponerle trabas al proceso de votación. Un ejemplo emblemático es lo que han hecho con los ciudadanos que viven en el estado de Florida. El organismo de la exclusión creó un centro de votación en Nueva Olrleans, a más de 1.300 kilómetros de distancia, un verdadero estímulo a la abstención. Por si fuera poco han inventado exigir certificados de residencia para que la diáspora ejerza el voto. Esta situación hay que denunciarla ante todos los organismos electorales en el mundo y exigir que se acerque el centro de votación a los ciudadanos.

El tema electoral es un asunto que une a la alternativa democrática y en torno a él se puede ensamblar una estrategia unitaria, impermeable a la fisura. La primera fase de la estrategia consiste en exigir la apertura del registro electoral permanente. Esta iniciativa, de carácter global y simultánea en decenas de países y centenares de ciudades, debe tener como invitados y testigos a los demócratas del mundo, a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Las concentraciones deben ser un espacio de encuentro que sirva para denunciar la crisis humanitaria que vive el país.