Un fragmento del libro ‘Sólo el poder detiene al poder’, de Gustavo Tarre Briceño

26 de septiembre, 2014 Prodavinci

Screen Shot 2014-09-27 at 9.36.44 PMEl presente régimen venezolano se define y proclama “revolucionario”.  La revolución es su valor fundamental, es “el” valor fundamental.  Nada que se oponga a la “revolución” puede ser tolerado. Todo lo que favorece a la “revolución” es legítimo.  La revolución supone una dirección única y es reacia a controles, trabas o disidencias.  El régimen, sin embargo, proclama que su “revolución” es democrática y se ha dotado de una Constitución que, con muchos defectos, consagra un Estado de Derecho y contempla los mecanismos institucionales necesarios para preservar la libertad.

Screen Shot 2014-09-27 at 9.37.10 PMEstamos en presencia de una contradicción que podría resolverse a favor de la Constitución o a favor de la “revolución”.  Todo  indica que se trata de la segunda hipótesis.  Pero al margen del contenido ideológico revolucionario de inspiración socialista, tenemos el resurgimiento de las viejas tendencias autocráticas que han estado presentes desde el nacimiento de la República.

Venezuela no cuenta hoy con instituciones estables, permanentes y respetadas: todo está sometido a la voluntad omnímoda y caprichosa de una persona.  Lo que está planteado es construir un régimen democrático,  basado en la limitación del poder, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el respeto a la ley y en el cual el pueblo participe, de verdad y en todos los niveles, en la formación de la voluntad colectiva.

¿A qué democracia podemos aspirar?

La historia de Venezuela ha sido un largo caminar en busca del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.  Durante la segunda mitad del siglo xx nos acercamos bastante a esa aspiración, pero faltó mucho por hacer y se presentaron vicios que no pueden repetirse.  No se trata entonces de volver al pasado sino de aprovechar las circunstancias que vivimos para construir un modelo político-institucional distinto, adecuado a nuestro tiempo y a nuestras realidades y que pueda servir  de marco duradero para un desarrollo económico y social sustentable.

La tarea consiste en determinar qué le toca hacer al Estado y qué a los ciudadanos.  Cómo hacer al Estado más eficiente en la consecución  de las metas,  con una autoridad gubernamental fuerte pero sometida al escrutinio y supervisión de poderosos órganos de control y que abra las puertas a mecanismos participativos basados en las nuevas tecnologías de telecomunicaciones.

1. Un estado fuerte, democrático y participativo. Requerimos un Estado fuerte que busque alcanzar la igualdad entre los venezolanos sin sacrificar la libertad. La democracia representativa es esencial pero no suficiente. Los ciudadanos tienden a no verse representados por sus diputados nacionales y estadales ni por sus concejales. Con frecuencia los partidos cierran los canales para la expresión de la voluntad del soberano.  Deben diseñarse mecanismos reales de participación popular y de reconocimiento a una sociedad civil plural. El rescate del concepto de participación es esencial.  Los sistemas electorales deben preservar la representación proporcional, vincular al representante con el representado y asegurar la gobernabilidad. Los derechos de las minorías y de la oposición serán expresamente reconocidos. Deben desarrollarse unos consejos comunales realmente autónomos y expresión genuina de los ciudadanos. Una de las pocas herencias positivas que dejarán los años del chavismo es un interés creciente de los ciudadanos por la cosa pública.

2. Respeto a los derechos de los ciudadanos. Hay unos derechos individuales inalienables, que no pueden sacrificarse en aras de una sociedad que impone su sacrificio a cambio de otros bienes. Se sabe que esos “otros bienes” no se alcanzan nunca y, si acaso se vislumbran, es a costa de la pérdida de libertad y violando los derechos individuales. Los derechos de los venezolanos no pueden ser una mera enunciación programática. El reconocimiento de los mismos debe ir acompañado de mecanismos institucionales para su protección y efectiva realización. Debe garantizarse el derecho a disentir; nadie podrá verse perjudicado por sus opiniones políticas.  La existencia de un derecho internacional humanitario y la aceptación de autoridades supranacionales en esta materia tienen que quedar claramente aceptadas.

3. División de poderes. Los Poderes Públicos tienen que estar efectivamente separados y su independencia verdaderamente garantizada. El país requiere conducción fuerte y estable, pero esta no puede centrarse de manera exclusiva y obsesiva en torno al jefe del Estado. Cualquiera que sea el número de los poderes, cada uno de ellos debe ser el contrapeso del otro y todos propenderán a evitar el abuso y la concentración. Debe revisarse la forma presidencial del gobierno y estudiarse mecanismos semipresidenciales y parlamentarios. El soberano tiene que recibir cuentas claras de quienes ejercen el poder en su nombre. Deben establecerse mecanismos claros de establecimiento de responsabilidades (políticas, penales, administrativas y disciplinarias).

4. Descentralización. Venezuela tiene que ser verdaderamente un Estado federal en el cual los miembros de la federación gozarán de autonomía en el manejo un número creciente de competencias y participarán en la concepción y diseño de la voluntad federal. Deben garantizarse a los estados, municipios y sociedades intermedias transferencias masivas de recursos y funciones. La legislación nacional debe limitarse, en las materias que así lo requieran, a asegurar la coordinación y ordenará un manejo transparente de los recursos y la rendición de cuentas a los ciudadanos.

5. Una sociedad abierta. Una sociedad abierta y pluralista, así como respetuosa de las minorías. A nadie podrá perseguírsele por sus posiciones políticas o religiosas, ni se tolerará la conformación de listas estigmatizantes, ni divisiones en la sociedad por razones ideológicas de ningún tipo. La existencia de una República se fundamenta en el reconocimiento permanente de la diferencia, el respeto entre unos y otros, para alcanzar un estatuto de convivencia pacífica entre nacionales que piensan distinto y adoran a dioses diversos.

6. Servidores públicos. La corrupción, el sectarismo, el caudillismo son taras recurrentes en nuestra historia y deben diseñarse mecanismos institucionales para combatirlas y cambios culturales para desaparecerlas. La discrecionalidad del funcionario público debe regularse y reducirse para eliminar las posibilidades de corrupción.  La apertura del Estado hacia la sociedad civil debe enfocarse como un mecanismo para evitar el sectarismo.  Un claro control sobre la publicidad oficial y la obligatoriedad de una política informativa de Estado propenderán a la eliminación del culto a la personalidad.

7. Una sociedad de paz. Queremos vivir en una sociedad de paz, donde el insulto, la descalificación y la humillación sean inaceptables; una sociedad donde la violencia verbal sea tan repudiable como la física, y donde el desenvolvimiento de la vida democrática vaya acendrando la costumbre de escuchar y respetar, de escuchar y debatir, sin que los puntos de vista de alguien puedan imponerse por vía distinta a la argumentación, la persuasión y el consentimiento de la comunidad.

8. Estado y Gobierno. El Estado y el gobierno serán, entonces, instancias perfectamente diferenciadas, de manera tal que el gobierno no incurra en usurpaciones de las funciones del Estado, dejando al margen de la acción estatal a todo aquel que no comulgue con la política gubernamental. Esta aberración autocrática debe ser desterrada de la Venezuela del futuro, así como toda confusión entre los proyectos personales y los colectivos.

9. El dinero de los venezolanos. El impuesto que todos pagamos y la renta petrolera nos pertenecen a todos.  Nadie puede andar regalando nuestros reales ni decidiendo de manera caprichosa en qué se van a gastar o quiénes se los van a robar.  Todo gasto tiene que ser autorizado por la representación popular, previa consulta a todos y ni un céntimo puede ser escatimado a los estados y municipios.

10. Austeridad y eficiencia. El Estado tiene que ser austero y eficiente. Debe tener como prioridad el garantizar la vida de sus habitantes en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad de oportunidades. El régimen de la función pública debe asegurar su profesionalismo y eficiencia. Los méritos serán los únicos requisitos de ingreso y ascenso. El sector público de la economía debe manejarse con arreglo a nuevas instituciones de gerencia y de control y en el cual el poder local debe tener máxima participación.

11. Fuerza Armada. La Fuerza Armada volverá a ser apolítica y no deliberante. Deberá adaptarse en su tamaño y organicidad a las misiones que se le definen como propias. La incorporación de los civiles a la defensa debe concebirse en el sentido más amplio e irrestrictamente vinculada a la defensa del territorio, de la democracia y al desarrollo. La reserva estará exclusivamente constituida por los ciudadanos que, habiendo prestado servicio militar y dentro de los correspondientes límites de edad, puedan ser llamados a las filas en caso de comprobada emergencia.  No tiene sentido una “reserva” activa y su manejo solo corresponderá a los mandos de cada fuerza.  La utilización de la Fuerza Armada con fines políticos o partidistas será severamente castigada.

En el logro de varias de estas aspiraciones, el pensamiento de Simón Bolívar  será de extraordinaria utilidad.  No hay ningún inconveniente en mantener una república bolivariana si ella se inspira de verdad en los planteamientos del Libertador, especialmente en lo referente a las limitaciones al uso del poder, la alternabilidad republicana, el respeto a la ley, una administración de justicia independiente, la necesidad de innovar, la integración latinoamericana y el sometimiento del estamento militar al gobierno civil.

Como bien lo señala don Manuel García-Pelayo:

Sólo el régimen democrático —a pesar de todas sus desviaciones y limitaciones— está en condiciones de servir a la vez a los valores políticos, económicos y funcionales de una sociedad desarrollada y solo sobre el régimen democrático puede construirse un verdadero y eficaz Estado social.  Lo demás no pasa de ser un Polizeistaat, un regreso al despotismo más o menos ilustrado acomodado a las exigencias del tiempo presente.[1]

La figura y el pensamiento de Charles de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu,  sigue y seguirá acompañando a todos aquellos que quieren detener el poder para preservar la libertad. Montesquieu murió en París, el 10 de febrero de 1775.  En las exequias, oficiadas en la iglesia de Saint Sulpice, estaba Denis Diderot, quien escribió:

Asistí a las exequias del presidente  Montesquieu… abandoné la compañía de mis amigos para rendir ese último deber al preceptor de reyes y al enemigo declarado de los tiranos.[2]


[1] El Estado social y sus implicaciones, p. 32.

[2] Citado por Jean Lacouture, Montesquieu, les vendanges de la liberté, p. 364.